Dentro de las acciones encaradas por el gobierno del presidente Santiago Peña para reivindicar la labor de los efectivos policiales se encuentra la intención de facilitarles el acceso a una vivienda digna mediante el programa Che Róga Porã 2.0. La iniciativa fue lanzada en el 2024 y está dirigida a los ciudadanos con ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos con plazos de hasta 30 años y una tasa de interés anual del 6,5 %.

“La policía también tiene derecho a su vivienda propia. Queremos que este sector pueda acceder a una solución habitacional real, sostenible y digna”, dijo el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tras mantener un encuentro con el ministro del Interior, Enrique Riera, comandantes, subcomandantes y encargados del área administrativa de la Policía Nacional.

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Durante el encuentro se solicitó al Ministerio del Interior realizar un relevamiento de todos los funcionarios policiales interesados en participar del programa, para analizar cada caso y acompañarlos con soluciones personalizadas, ya sea para construcción, compra, ampliación o cancelación de deuda, informaron desde el MUVH.

El programa Che Róga Porã 2.0 contempla la construcción de una vivienda en terreno propio, la cancelación de deuda por lote más construcción, la compra de una vivienda o departamento ya terminado y la ampliación o refacción de una vivienda existente.

El crédito puede alcanzar hasta G. 500 millones por beneficiario, quienes ganan hasta cinco salarios mínimos o tener en cuenta la suma de ingresos familiares. Uno de los grandes diferenciales es la tasa fija del 6,5 % en guaraníes a 30 años.

“El beneficiario elige su arquitecto, presenta el presupuesto y recién paga cuando la casa esté lista. Este es un plan real, pensado para la gente que trabaja todos los días por el país”, remarcó Baruja tras el encuentro con los uniformados.

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Un documento filtrado, enviado por el exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado, revela la férrea alianza del diplomático con Mario Abdo Benítez, con el fin de perseguir al expresidente.

Una filtración de un documento enviado por el exembaja­dor de Estados Unidos en Paraguay Marc Ostfield al Departamento de Estado da cuenta de que el diplo­mático tenía una férrea alianza con el presidente Mario Abdo Benítez (2018- 2023). Esta sociedad con­firma la estrecha cerca­nía y colaboración con el gobierno anterior para des­atar una perversa persecu­ción al expresidente Hora­cio Cartes.

A través de los programas “Así son las cosas” y “Arriba hoy”, emitidos por el canal GEN y Universo 970 AM/ Nación Media, se descri­bió el documento que fue filtrado por la organiza­ción Distributed Denial of Secrets, que es una espe­cie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de dis­tintos medios de prensa como Diario de las Améri­cas o el periódico Clarín de la Argentina.

En el citado documento, Ostfield hacía una encen­dida defensa de la cabeza del gobierno anterior, a quien consideraba un “aliado” de la Embajada y del gobierno de Estados Unidos de enton­ces. Tal fue la defensa que el diplomático obvió referirse a las exponenciales ganan­cias de las empresas de Abdo Benítez y las trató como una persecución de parte de los medios vinculados al car­tismo.

En el relatorio filtrado, Ost­field hace referencia al des­prendimiento de las accio­nes de Cartes en Tabacalera del Este (Tabesa) así como la solicitud de esta empresa para operar en el sistema financiero estadounidense.

Ostfield, que abandonó el país luego de ser echado por la administración de Donald Trump, que asumió el 20 de enero, hace alusión a los medios que responden al expresidente Cartes. “Es dueño de canales de televi­sión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al Gobierno de USA y a este embajador. En estos medios hace unas semanas empe­zaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al Gobierno”, señala el informe.

Ostfield elude referirse a que esta información fue divulgada por la Contra­loría General de la Repú­blica, que detalla cómo las empresas del expresidente experimentaron su mayor prosperidad en plena cri­sis sanitaria. Datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) revelan que Aldia SA, una de las empresas de Abdo, pasó de decla­rar utilidades por G. 1.492 millones en 2014 a regis­trar ingresos brutos de G. 408.082 millones y utilida­des de G. 92.647 millones en 2021. De esta denuncia se hicieron eco medios no afines al cartismo.

El parlamentario resaltó que estas filtraciones de documentos enviados por Ostfield solamente reafirman la posición que siempre mantuvo el comando de Honor Colorado y, a la vez, van saltando pruebas de que todo fue una politización y manipulación del exembajador nor­teamericano.

“Repudiamos su accionar y valoramos el cambio de rumbo con su salida. Con esperanza, aguardamos que se haga justicia. Para­guay es libre y se respeta”, remarcó.

Asimismo, Maidana remarcó que esta filtración de documentos del exembajador debería propiciar una investigación a fondo y acelerar todos los procesos investigativos que se están dando al respecto.

“La soberanía no se negocia y la traición tiene consecuencias”. El diputado Gama­rra sostuvo que esto confirma la perse­cución política que por años viene reali­zando al movimiento Honor Colorado.

“Existió una alianza perversa entre el embajador y el expresidente Mario Abdo Benítez para ope­rar políticamente en nuestro país, desatando una persecución abierta contra el expresidente Horacio Cartes. Este informe, publicado por organizaciones como Distributed Denial of Secrets y replicado por medios internacionales, deja al descubierto una injerencia diplomática sin precedentes”, afirmó el legislador. “Esto no es diplomacia, es intervención, es conspiración y es delito. El artículo 143 de nuestra Constitución Nacional prohíbe todo acto o tratado que viole nuestra soberanía”, precisó.

“Este era un embajador que estaba haciendo las cosas por fuera de un marco de restricciones por parte de su propio gobierno”, señaló el periodista Daniel Castropé.

El periodista del Diario Las Américas (Miami), Daniel Castropé, opinó sobre las acciones del exembajador de los Estados Unidos en Para­guay Marc Ostfield, afir­mando que incurrió en una clara injerencia en cuestiones internas, saliendo del marco diplomático al que se debe limitar cumplir.

“Lo que observamos es la clá­sica injerencia de un embaja­dor en los asuntos internos de un país, hablar de corrupción, hablar de falta de transparen­cia, mencionar a una famosa tabacalera, en toda la ges­tión que estaba realizando ese embajador es una acción que se sale de su marco de tra­bajo, de su marco diplomá­tico”, sostuvo en entrevista a la 650 AM.

Las acciones del exembaja­dor de Estados Unidos Marc Ostfield podrían generar la apertura de una investigación por parte de la Oficina Fede­ral de Investigación (FBI) y otras agencias, debido a que es necesario aclarar cuáles fueron las motivaciones del diplomático para realizar una injerencia interna en los asuntos de Paraguay.

“Las autoridades de Esta­dos Unidos, las del FBI, hay otras también que investi­gan este tipo de comporta­mientos, deben intervenir en este caso”, aseveró el perio­dista de “Diario Las Améri­cas” de Miami, quien añadió lo siguiente: “Se debe llegar hasta las últimas para acla­rar qué es lo que ha sucedido, por qué actuó de esa manera buscando ese rol protagónico, a quién quería impresionar, a quién quería ayudar”.

El titular del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), Walter Gutiérrez, manifestó que el gobierno de Santiago Peña cuenta con un posicionamiento claro de fortalecimiento de la familia paraguaya mediante programas y políticas públicas. Aseguró que el trabajo es encarado de forma integral con otras instituciones estatales, al referir que ahora “no es el momento” para abordar la creación de un Ministerio de la Familia con la fusión de dos ministerios y de una secretaría.

“Corresponde dejar sentado de una manera muy clara. El fortalecimiento de la familia es una prioridad del Gobierno, así como se está demostrando a través de las diferentes políticas públicas que hemos iniciado o fortalecido”, indicó Gutiérrez, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El funcionario de Estado colocó como ejemplo los programas Hambre Cero en las Escuelas, Che Róga Porã, Tekoporã Mbarete y Semillas del Futuro. “Estamos apostando en multiplicar todos los esfuerzos en estos programas ambiciosos. La intención del Ejecutivo es fortalecer estos programas que llevamos adelante, el presidente pide fuerte articulación entre todas las instituciones”, dijo a Nación Media.

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Las afirmaciones de Gutiérrez surgieron tras afirmar que actualmente el gobierno de Peña no considera como prioridad la creación de un Ministerio de la Familia, que plantea proyecto legislativo presentado recientemente, mediante la fusión de Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) y la Secretaría Nacional de la Juventud.

“Una fusión de estos tres entes no es una cuestión prioritaria para el Ejecutivo en este momento, mutilar a varias instituciones no sé si sea lo correcto. No se puede decir que al no considerarse en este momento como un proyecto de ley que se tenga que aprobar, que el gobierno este en contra de la familia, sería un gran error posicionar esa situación”, sentenció el ministro.

La iniciativa legislativa fue presentada el pasado 2 de abril con la finalidad de centrar las políticas y acciones en materia de la niñez, la adolescencia, juventud y mujer, según refiere la exposición de motivos, así como la supresión de gastos innecesarios y superfluos (cargos de alta dirección, gerenciales, viáticos, entre otros) siendo el achicamiento del Estado una imperiosa necesidad.

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De acuerdo con la información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el Gobierno paraguayo ha sufrido miles de intervenciones cibernéticas en seis años. En total, se contabilizaron 2.857 ataques a los sistemas informáticos del Gobierno.

En la última semana, los medios brasileños publicaron sobre un esquema de espionaje a autoridades del Gobierno de Paraguay por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El Gobierno de la República Federativa de Brasil confirmó la información, detallando que el hackeo ocurrió entre marzo de 2022 y junio de 2023, durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Esto causó un gran revuelo en el escenario político y diplomático paraguayo.

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Sin embargo, a lo largo de seis años se dieron miles de intervenciones, según informaciones oficiales estatales. Estos ataques no solo ocurren en el ámbito del Gobierno, sino también en otros escenarios, como el sector privado, entre personas extranjeras, ciudadanos paraguayos y el sector educativo.

El desglose de estos datos de “intervenciones” señala que, en 2019, 236 fueron al Gobierno; 90 al sector privado; 104 al extranjero; 32 a la ciudadanía; y 26 al sector educativo; un total de 488 ataques ese año. En 2020, se registraron 123 en el Gobierno; 753 en el sector privado; 469 en el extranjero; 20 en la ciudadanía; y 2 en el sector educativo; un total de 1367.

En el año 2021, se contabilizaron 1.128 intervenciones en el Gobierno; 17 en el sector privado; 34 en el extranjero; 3 de ciudadanos; y 844 en el sector educativo, un total de 2026. En 2022, se registraron 105 intervenciones en el Gobierno; 702 en el sector privado; 1.266 en el extranjero; 22 de ciudadanos; y 2 en el sector educativo, un total de 2.099.

En 2023, el Gobierno sufrió 925 intervenciones; el sector privado, 143; el extranjero, 102; ciudadanos, 4; el sector educativo, 1.488; en total, 2.662. En 2024, en el Gobierno se registraron 340; sector privado, 639; extranjero, 173; ciudadanos, 34; sector educativo, 5; total, 1.191. En total, fueron 3.853 intervenciones en estos sectores, incluyendo los 2.857 ataques al Gobierno.

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