Unidad de Investigación, Nación Media
Un informe de Contraloría reveló que la empresa del rubro de insumos médicos Dysa Healthcare SA, firma a la que se sumó precisamente el hoy senador Luis Pettengill Vacca, en tiempos de pandemia proveyó en los meses más duros de la crisis sanitaria ventiladores pulmonares a precios que “sobrepasan ampliamente las cotizaciones normales de adquisición”, con una diferencia por encima equivalente al 30 %. Los valores de importación también evidenciaron un insensible negocio con ofertas superiores del 243 % con relación a los precios de los equipos ingresados al país.
Dysa Healthcare SA, empresa a la que se sumó en tiempos de pandemia el considerado “pulpo” de las licitaciones, hoy senador Luis Pettengill Vacca, dejó un oscuro precedente en un importante contrato de compra covid de 31 ventiladores pulmonares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) por G. 8.116 millones. La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades con una facturación desmedida, ya que “la empresa adjudicada ofertó los equipos a un precio superior del 243 % con relación a los valores con los que ingresaron al país (esto incluye costo del bien, impuestos y honorarios del despachante”).
Del análisis se desprende que el costo de importación fue de G. 2.369 millones, lo que significa una diferencia de G. 5.747 millones con relación al contrato firmado con el Estado. Una arremetida ganancial similar al caso que involucra al clan Ferreira que en compras covid de Salud lucraron hasta 5 veces, mientras la población se desesperaba por la ola de contagios y decesos.
Según la Contraloría, el contrato de la adquisición de “ventilador pulmonar para contingencia covid-19″, adjudicada a Dysa Healthcare en abril de 2020 por el entonces ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, cotizó 31 respiradores a G. 262 millones cada uno, cuando 3 meses antes la firma proveyó el mismo tipo de equipamiento por G. 169 millones cada uno, es decir, vendió 30 % más caro en pandemia, esto sin presentar documento que explique el incremento, que según la auditoría, debió incluirse.
La Contraloría cuestionó que la oferta presentada por la empresa a la que en esos tiempos figuraba vinculado el actual senador Pettengill no era la más competitiva porque superaba los precios estándares de licitaciones, irregularidades como la mala elaboración del pliego de bases y condiciones, falta de documentaciones que acrediten especificaciones técnicas, etc. Sin embargo, en estas condiciones cocinaron el contrato en menos de 24 horas.
Pettengill figuraba con su nombre en documentos de la empresa y era parte del cuadro directivo en tiempos que se ejecutaba el mencionado convenio. Hoy día su identidad desaparece de los papeles; sin embargo, aparece la otra megacontratista del Estado, Ocho A SA con el 50 % de las acciones de Dysa, según documentos del Ministerio de Economía. Y aquí es importante señalar que el senador declara acciones en Constructora Paraná, que es a la vez accionista de Ocho A, según acta de asamblea del año pasado.
VÍNCULOS
Detrás de la cuestionada contratación, existen vínculos de parentesco y amistades. Gustavo Insfrán Florentín, hermano del entonces jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Walter Insfrán Florentín, es esposo de Antonella Cantero Hellmers, sobrina del accionista de Dysa Healthcare Ricardo Hellmers Fonseca. El caso había motivado una denuncia ante el Ministerio Público por parte de la diputada Rocío Vallejo y un grupo de colegas de la misma, pero el caso no avanzó.
Dysa Healthcare SA es un peso pesado de las licitaciones. Desde la incorporación de Pettengill (2020) la firma registra G. 318.471 millones en adjudicaciones. Esta es una porción de los G. 6.3 billones que amasó el “pulpo” y su clan familiar en contratos con el Estado en la última década.