El diario Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, se dedica a cuestionar la falta de avances en casos claves de supuesto lavado de dinero. Sin embargo, el multimedio no tiene la misma postura cuando se trata de las causas que giran en torno a empresas ligadas a sus propietarios. Hace más de tres años que la Fiscalía tiene en su poder una denuncia por la presunta participación del banco Atlas en el blanqueamiento de fondos realizado por el exdirigente Nicolás Leoz.

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A lo largo de la jornada del lunes, por ejem­plo, el grupo Zucco­lillo utilizó su diario digital, su radio AM y su canal de televisión para dar destaque a la supuesta necesidad de un juicio político al actual titu­lar del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández. Esta actitud ya se había dado con la predecesora de Rolón, Sandra Quiñónez.Como dejó en evidencia LN en su edi­ción de ayer, este pedido se da casualmente unos días después de que el titular del Ministerio Público recibiera a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, quien urgió actuaciones en el caso de supuesto lavado dinero realizado por el fallecido expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nico­lás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

Abc ha dedicado páginas y páginas en su diario y sitio web, además de extensos espacios de radio y televi­sión para criticar la para­lización de causas que el grupo Zuccolillo considera “emblemáticas”.

El multimedio de la calle Yegros ha criticado lo que considera la falta de eficiencia del Ministerio Público en los casos de los senadores Her­nán Rivas y Erico Galeano. También ha realizado nume­rosas notas cuestionando la falta de “avances” en cau­sas abiertas contra el expre­sidente Horacio Cartes (ver facsímiles en esta página).

Sin embargo, cuando se trata de sus propietarios, la pos­tura de Abc es totalmente diferente y hasta hablan de persecución selectiva”.

El 4 de febrero de 2021, la Con­federación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal con­tra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusa­ción se sustenta en una audi­toría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emi­tida por la justicia estadou­nidense.

A pesar de que la investiga­ción contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado, los avan­ces en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encarga­dos del caso, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, se enfren­taron a numerosas dificulta­des, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.

La Fiscalía ha intentado tra­zar la ruta del dinero de Leoz, solicitando al banco Atlas información detallada sobre sus operaciones comerciales, movimientos de fondos, reci­bos y pagos realizados por Leoz desde 2001. El objetivo es determinar si el banco imple­mentó o no los mecanismos antilavado correspondien­tes. Sin embargo, los directi­vos del banco se han negado a proporcionar esta informa­ción al Ministerio Público.

Asimismo, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) no han colaborado suficiente­mente en la investigación. Aunque los directivos del banco Atlas fueron some­tidos a una verificación in situ por la Superintenden­cia de Bancos (BCP), hasta el momento, el Banco Central no ha entregado los resulta­dos de estas supervisiones iniciadas el 30 de mayo de 2022 al Ministerio Público.

En respuesta a las acusa­ciones, el banco Atlas admi­tió en un comunicado que operó con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares desde 2002. Confirmaron haber recibido requerimientos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el caso “FIFAGate” y menciona­ron una solicitud de infor­mación enviada por el estu­dio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, con­tratado por la Conmebol, el 12 de agosto de 2016.

Sin embargo, el banco Atlas, representado por su direc­tor Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proporcionar infor­mación sobre las operaciones de sus clientes, amparándose en el secreto bancario.