La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por el exsuperministro abdista Arnaldo Giuzzio, nunca informó sobre las irregularidades cometidas por la estatal Copaco en la subcontratación de una empresa ligada al concuñado del expresidente de la República Mario Abdo. La telefónica decidió puentear la Ley de Contrataciones y entregar millones en plena pandemia.

• Por Juan Carlos Lezcano F

La Comisión Espe­cial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), creada supuestamente para el seguimiento cercano de todas las adquisiciones rea­lizadas por el Estado en res­puesta a la crisis sanitaria generada por el coronavi­rus, nunca vio irregulari­dad alguna en el contrato entregado directamente y por fuera de la Ley de Con­trataciones Públicas a la empresa del concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez.

La CESC fue creada en mayo de 2020, con la pro­mesa de supervisar de cerca todas las compras públicas realizadas en respuesta a la pandemia. Al frente de la comisión fue puesto el entonces ministro de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad), el acusado Arnaldo Giuzzio. Entre otros, también formaban parte de la CESC los hoy imputados Renée Fernán­dez, entonces titular de la Secretaría Nacional Anti­corrupción (Senac), y Car­los Arregui, extitular de la Seprelad.

Para julio de 2020, la CESC afirmó haber controlado un total de 44 procesos de compras públicas, por un total de USD 500 millones. Curiosamente, entre sus primeras determi­naciones afirmaron que no existió daño patrimo­nial en la compra de los “insumos chinos” del clan Ferreira, proceso que dejó a Paraguay sin insumos básicos para atender la crisis sani­taria.

Y otro proceso en el que la comisión encabezada por Giuzzio no detectó irregu­laridades fue en la entrega de un millonario contrato por parte de la telefónica estatal Copaco a Bizcom SA, firma ligada al músico Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez, jefe del titular de la CESC.

Durante la pandemia de covid-19, Copaco, a tra­vés de su filial Vox, imple­mentó un esquema irre­gular para subcontratar servicios de call center destinados al Ministe­rio de Salud Pública. La empresa beneficiada, Biz­com SA, era representada por Flavio “Kike” Santan­der, concuñado del enton­ces presidente Mario Abdo Benítez. Este con­trato, que eludió la Ley de Contrataciones Públicas, incluyó cláusulas de confi­dencialidad que generaron fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

El 5 de febrero de 2020, Copaco firmó un convenio con Salud Pública, repre­sentado por Sante Vallese, presidente de Copaco, y Julio Mazzoleni, ministro de Salud. El acuerdo, des­tinado al rastreo de con­tactos relacionados con el covid-19, alcanzó un costo de G. 5.852.001.600, de los cuales G. 3.239.376.300 fueron adelantados por Salud Pública. El contrato contemplaba 100 posicio­nes de call center con un costo mensual por posi­ción de G. 7.315.200, dis­tribuidos en un plazo de ocho meses.

Sin embargo, Copaco sub­contrató estos servicios mediante Vox, firmando un contrato directo en marzo de 2020 con Bizcom SA, representada por San­tander. La adjudicación, sin proceso de licitación, contemplaba la provisión de servicios tecnológicos bajo la marca Simplifi. El contrato incluía una dura­ción inicial de cinco años renovables y cláusulas de confidencialidad que impedían la divulgación de los términos, alimen­tando sospechas de favo­ritismo debido al vínculo familiar de Santander con la primera dama, Silvana López Moreira.

A pesar de su experiencia en la provisión de servicios de call center para instituciones como Hacienda, IPS y la Ande, Copaco optó por subcontratar a Bizcom SA. Esta decisión plantea dudas sobre la necesidad real de involucrar a una ter­cera empresa, sugiriendo que pudo estar motivada por intereses personales o políticos.

Copaco, regulada por la Ley n.° 2051, no puede rea­lizar contratos directos sin licitación. Para evadir este control, utilizó a Vox como intermediaria, pero esta maniobra también violó las normativas vigen­tes. La Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) había estipu­lado que cualquier contrato entre Copaco y Vox debía regirse por los lineamien­tos de la Ley de Contrata­ciones Públicas.

El uso de contratos direc­tos, sin procesos licitato­rios y con precios sujetos a variación, se justificó mediante cláusulas de con­fidencialidad, lo que obs­taculizó la transparencia en el manejo del acuerdo. Esto dejó a la ciudadanía sin acceso a información cru­cial sobre la utilización de recursos públicos durante una crisis sanitaria sin pre­cedentes.

Flavio Santander, ade­más de este polémico contrato, tiene antece­dentes de negociaciones con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una dele­gación de empresarios interesados en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, par­ticipó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco durante la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos antecedentes refuer­zan los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en sus vínculos con instituciones públicas.