La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por el exsuperministro abdista Arnaldo Giuzzio, nunca informó sobre las irregularidades cometidas por la estatal Copaco en la subcontratación de una empresa ligada al concuñado del expresidente de la República Mario Abdo. La telefónica decidió puentear la Ley de Contrataciones y entregar millones en plena pandemia.
- Por Juan Carlos Lezcano F
La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), creada supuestamente para el seguimiento cercano de todas las adquisiciones realizadas por el Estado en respuesta a la crisis sanitaria generada por el coronavirus, nunca vio irregularidad alguna en el contrato entregado directamente y por fuera de la Ley de Contrataciones Públicas a la empresa del concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez.
La CESC fue creada en mayo de 2020, con la promesa de supervisar de cerca todas las compras públicas realizadas en respuesta a la pandemia. Al frente de la comisión fue puesto el entonces ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el acusado Arnaldo Giuzzio. Entre otros, también formaban parte de la CESC los hoy imputados Renée Fernández, entonces titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), y Carlos Arregui, extitular de la Seprelad.
AUDITORES QUE NO VIERON, ESCUCHARON NI OYERON
Para julio de 2020, la CESC afirmó haber controlado un total de 44 procesos de compras públicas, por un total de USD 500 millones. Curiosamente, entre sus primeras determinaciones afirmaron que no existió daño patrimonial en la compra de los “insumos chinos” del clan Ferreira, proceso que dejó a Paraguay sin insumos básicos para atender la crisis sanitaria.
Y otro proceso en el que la comisión encabezada por Giuzzio no detectó irregularidades fue en la entrega de un millonario contrato por parte de la telefónica estatal Copaco a Bizcom SA, firma ligada al músico Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez, jefe del titular de la CESC.
Durante la pandemia de covid-19, Copaco, a través de su filial Vox, implementó un esquema irregular para subcontratar servicios de call center destinados al Ministerio de Salud Pública. La empresa beneficiada, Bizcom SA, era representada por Flavio “Kike” Santander, concuñado del entonces presidente Mario Abdo Benítez. Este contrato, que eludió la Ley de Contrataciones Públicas, incluyó cláusulas de confidencialidad que generaron fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
El 5 de febrero de 2020, Copaco firmó un convenio con Salud Pública, representado por Sante Vallese, presidente de Copaco, y Julio Mazzoleni, ministro de Salud. El acuerdo, destinado al rastreo de contactos relacionados con el covid-19, alcanzó un costo de G. 5.852.001.600, de los cuales G. 3.239.376.300 fueron adelantados por Salud Pública. El contrato contemplaba 100 posiciones de call center con un costo mensual por posición de G. 7.315.200, distribuidos en un plazo de ocho meses.
Sin embargo, Copaco subcontrató estos servicios mediante Vox, firmando un contrato directo en marzo de 2020 con Bizcom SA, representada por Santander. La adjudicación, sin proceso de licitación, contemplaba la provisión de servicios tecnológicos bajo la marca Simplifi. El contrato incluía una duración inicial de cinco años renovables y cláusulas de confidencialidad que impedían la divulgación de los términos, alimentando sospechas de favoritismo debido al vínculo familiar de Santander con la primera dama, Silvana López Moreira.
A pesar de su experiencia en la provisión de servicios de call center para instituciones como Hacienda, IPS y la Ande, Copaco optó por subcontratar a Bizcom SA. Esta decisión plantea dudas sobre la necesidad real de involucrar a una tercera empresa, sugiriendo que pudo estar motivada por intereses personales o políticos.
Copaco, regulada por la Ley n.° 2051, no puede realizar contratos directos sin licitación. Para evadir este control, utilizó a Vox como intermediaria, pero esta maniobra también violó las normativas vigentes. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había estipulado que cualquier contrato entre Copaco y Vox debía regirse por los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.
El uso de contratos directos, sin procesos licitatorios y con precios sujetos a variación, se justificó mediante cláusulas de confidencialidad, lo que obstaculizó la transparencia en el manejo del acuerdo. Esto dejó a la ciudadanía sin acceso a información crucial sobre la utilización de recursos públicos durante una crisis sanitaria sin precedentes.
Flavio Santander, además de este polémico contrato, tiene antecedentes de negociaciones con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una delegación de empresarios interesados en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, participó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco durante la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos antecedentes refuerzan los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en sus vínculos con instituciones públicas.