El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

El senador Derlis Maidana resaltó que si bien las islas Seychelles eran consideradas un paraíso fiscal, desde el 2013, este país es miembro del Grupo contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), similar al Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tanto, existen mecanismos de cooperación a los que podría acceder la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad) para buscar esclarecer la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez publicada por la prensa argentina.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que existen los mecanismos de cooperación internacional, así como Interpol coopera entre los países para ayudar a establecer un crimen o a localizar a un detenido. Así también Gafilat o la Gafi, del cual Seprelad es parte, es un grupo de países asociados que promueven un comercio internacional más justo y que lucha contra el lavado de dinero, lavado de activos.

El legislador explicó que la Cámara Alta aprobó la declaración en apoyo a la eventual investigación atendiendo que los hechos denunciados afectan a la investidura de un expresidente de la República, por lo que corresponde que las instituciones del Estado, afectadas abran una investigación para deslindar todas las responsabilidades.

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La investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto señaló supuestos fondos ocultos que rondarían los 21 millones de dólares, que estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, que se sospecha serían empresas de maletín.

El legislador señaló que las islas de Seychelles trabajan por dejar atrás la imagen de paraíso fiscal desde el año 2013. Por lo que la Seprelad Paraguay puede solicitar cooperación de informes a su par de esa isla, que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF Seychelles), a fin de saber a nombre de quién o quiénes figuran las empresas que han realizado los depósitos bancarios, así como sus presuntos beneficiarios.

“Con los informes en mano; en el caso de que sea afirmativa la existencia de dichos fondos en las islas de Seychelles, exparaíso fiscal, naturalmente tienen que entrar a tallar todas las otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y, por supuesto, la Contraloría General de la República para hacer un examen de correspondencia”, precisó.

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El senador Maidana insistió en que es una denuncia muy grave que no se debe dejar pasar, por más de que el expresidente Abdo Benítez haya salido a decir que no tiene esas cuentas en ese lugar. Señaló que la información se dio a través de medios de comunicación en la Argentina, que en el pasado también habían investigado a la familia Kirchner y que luego se confirmaron que fueron veraces.

“Entonces, nada cuesta que las instituciones del Estado, puedan recabar los informes pertinentes y actuar en consecuencia”, acotó, destacando que la Seprelad cuenta con técnicos muy capacitados, y protocolos para actuar en la materia, para realizar la correspondencias entre las cuentas millonarias que figuran en el sistema financiero de las islas Seychelles a nombre de un total de seis empresas o firmas, y la declaración de bienes entre sus ingresos y egresos, que presentó el jefe de Estado al término de su mandato.

“Lo importante es poder determinar el rumbo a seguir. Nosotros no decimos todavía con certeza, sino que hay una denuncia de dos portales argentinos con cierta credibilidad y que lo que corresponde es que actúe las instituciones. Acá no hay subjetividad, queremos saber si hay, o no esos 21 millones de dólares a nombre del presidente; o a nombre de algunas empresas de maletín vinculado al exmandatario”, explicó.

La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

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“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

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El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la apertura de una investigación sobre el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras los informes periodísticos que lo vinculan con una presunta fortuna no declarada en paraísos fiscales. Sin embargo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo no se impulsará ningún tipo de persecución política, como ocurrió durante el gobierno de Abdo.

“Lo que puedo decir y ratificar es que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a utilizar el Estado como una herramienta de persecución política”, sostuvo Peña. Afirmó que si bien tiene “enormes diferencias” con su antecesor, no replicará prácticas que, según él, fueron cuestionables y que incluso derivaron en sanciones de otros países hacia los adversarios políticos de Abdo.

El mandatario recordó que el Ministerio Público ya tomó la decisión de abrir una investigación, la cual fue respaldada por un pronunciamiento del Congreso Nacional. También dijo que si la Contraloría General de la República confirma los datos publicados por la prensa, esa institución deberá actuar con independencia. “Me parece que es el camino correcto”, expresó.

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Peña subrayó que no le corresponde al Ejecutivo investigar este tipo de denuncias, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Contraloría. “Mal podría estar haciendo en tratar de utilizar el Estado con un fin político. No es nuestra intención”, insistió.

En sus declaraciones, también lanzó una crítica directa a la administración anterior: “Lo que más cuestioné de la anterior administración es haber utilizado las instituciones del Estado, llámese Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras, como herramientas de persecución”, señaló.

La investigación surge tras la publicación de un informe que vincula a Abdo Benítez con movimientos financieros realizados durante su mandato, presuntamente vinculados a cuentas y activos en el extranjero. El exjefe de Estado y su esposa, Silvana López Moreira, tendrían depositados en Seychelles la suma de USD 21 millones.

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