Miles de millones de guaraníes adjudicados al margen de la Ley de Contrataciones y sin documentos que respalden cumplimiento cabal de contraprestaciones.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El sonado caso de Tía Chela, el pequeño autoservice al que Miguel Prieto adjudicó G. 2.949 millones con un proceso de compra fraguado y que terminó generando un daño patrimonial de unos G. 1.800 millones, fue apenas la punta del ovillo de la serie de amaños que aplicó el intendente de Ciudad del Este, mediante una red de firmas de maletín que al margen de la Ley de Contrataciones fueron beneficiadas con miles de millones.
Jugueterías, tiendas de minicargas, de frazadas, toallas y otras mercerías manejadas por leales y parientes de la exnovia de Prieto fungieron ser grandes contratistas de obras en los documentos beneficiándose con contratos millonarios, en la mayoría de los casos de manera directa y por vía de la excepción. (ver infografía).
La discrecionalidad con la que operó el intendente Prieto, maniobrando licitaciones en una perversa repartija a los amigos, no solo frustró procesos transparentes, competitivos que reditúen en mejor calidad y precios a la municipalidad, sino impidió un control fiable de las contraprestaciones recibidas.
Hoy resulta imposible asegurar que verdaderamente se proveyeron los cientos de equipos de protección, máquinas de limpieza, insecticidas y fertilizantes, grandes electrodomésticos adquiridos de una tienda de minicargas o las bolsas de cemento, arena y demás materiales de construcción y ferretería comprados de una mercería para la navidad sustentable, cuyo proyecto se adjudicó a una comisión vecinal, pero fue planeado dentro de la misma municipalidad y los trabajos fueron realizados por funcionarios.
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Bachi: “Problema de Prieto es con la Justicia y el robo en pandemia”
El titular del Legislativo desmintió cualquier injerencia política y atribuyó la situación procesal del jefe municipal a las irregularidades cometidas durante su propia gestión.
- HOY.COM.PY
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las acusaciones del exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, quien sostuvo que la cúpula oficialista busca meterlo preso para frenar su candidatura presidencial con miras al 2028.
En charla con la prensa, el titular del Legislativo desmintió cualquier injerencia política y atribuyó la situación procesal del jefe municipal a las irregularidades cometidas durante su propia gestión.
El legislador colorado rechazó que exista una persecución encabezada por él o por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y remarcó que las causas abiertas contra el jefe municipal de Alto Paraná responden a acciones judiciales promovidas por sus propios exaliados. “El problema de Miguel Prieto no es con Bachi Núñez y menos con Alliana. El problema de Miguel Prieto es que él robó en pandemia y eso está aparentemente ya verificado con la Fiscalía”, aseveró el congresista.
PRIETO ADMITIÓ NEPOTISMO
Así también, rememoró el reconocimiento público que hizo Prieto en un programa de televisión sobre la contratación de familiares durante su gestión, lo cual es un abierto nepotismo.
“Él es el primer político que reconoció en vivo y en directo que cometió un delito, nepotismo. La ley dice que está inhabilitado por cinco años, pero como es de la oposición, no pasa nada”, recriminó el titular del Senado.
Respecto a las intenciones presidenciales del líder esteño, Núñez desestimó que su figura genere preocupación dentro del oficialismo. Sostuvo que el jefe municipal mantiene un perfil meramente regional y confía en que la estructura del Partido Colorado consolidará su hegemonía en los próximos comicios.
“Yo le temo solo a Dios. No le temo a Abc, no le temo a Natalia Zuccolillo, no le temo a nadie. A mí me encantaría que sea el candidato”, afirmó Núñez sobre las aspiraciones de Prieto.
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Funcionaria esteña defiende a los imputados por corrupción municipal
La abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.
Una investigación que llevó adelante la organización social Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad cometida por el equipo del exintendente destituido y hoy postulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.
De acuerdo con los datos recabados por esta organización, la abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.
“ASESORA EXTERNA”
Uno de los datos de denuncia penal que están preparando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipalidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cumpliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judiciales abiertas.
Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miembros de la Contraloría Ciudadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contratada como asesora externa de la Municipalidad de Ciudad del Este, con un honorario mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría aparentemente llevando ninguna causa que compete al municipio.
DEDICADA A DEFENDER A PRIETO
Los datos divulgados señalan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Insfrán, y varios otros imputados como ser Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Alex Yamal Samhat González, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, todos ellos imputados en las diferentes causas judiciales vinculados al exjefe comunal destituido.
FONDOS MUNICIPALES
De acuerdo a informes de varios medios de comunicación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana, señaló que la mencionada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Insfrán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.
“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus salarios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como contratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octubre”, expresó.
Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superintendencia de Justicia. La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.
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Abogada defensora de Prieto tendría contrato como asesora externa de la comuna de CDE
Una investigación que llevó adelante la organización social “Contraloría Ciudadana” de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad cometida por el equipo del exintendente destituido y hoy postulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.
De acuerdo con los datos recabados por esta organización, la abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.
Uno de los datos de denuncia penal que están preparando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipalidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cumpliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judiciales abiertas.
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Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miembros de la Contraloría Ciudadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contratada como asesora externa de la Municipalidad de Ciudad del Este, con un honorario mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría aparentemente llevando ninguna causa que compete al municipio.
Los datos divulgados señalan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Insfrán, y varios otros imputados como ser Francisco Raimundo Arrúa Álvarez; Maggi Elizabeth Fariña Almada; Alex Yamal Samhat González; Higinio Ramon Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo todos ellos imputados en las diferentes causas judiciales vinculados al exjefe comunal destituido.
De acuerdo a informes de varios medios de comunicación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana, señaló que la mencionada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Insfrán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.
“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus salarios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como contratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octubre”, expresó.
Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superintendencia de Justicia.
La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.
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Prohíben a Prieto salir del país y fijan millonaria fianza
El líder del partido Yo Creo está acusado por un supuesto perjuicio de alrededor de G. 306.000.000, que habrían sido desviados de los fondos municipales.
En el marco de la causa conocida como Tajy, el juez penal de garantías Osmar Legal otorgó al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto libertad ambulatoria e impuso medidas, la prohibición de salir del país y una fianza de G. 500.000.000.
El líder del partido Yo Creo está acusado por un supuesto perjuicio de alrededor de G. 306.000.000, que habrían sido desviados de los fondos municipales.
La audiencia se realizó tras dos años de sistemáticos incidentes o chicanas para impedir la imposición de medidas la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación criminal, acusación presentada por fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.
Miguel Prieto y su entorno habrían realizado una compra simulada de alimentos a una firma unipersonal, denominada Tajy, propiedad de un constructor de pozo artesiano, al que el exintendente hizo pasar como proveedor de 50.000 kilos de harina, entre otros productos, en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid-19.
El caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia que llevaron adelante Prieto y funcionarios cercanos, ubicados en puestos clave de la Municipalidad de Ciudad del Este, por un lado, y, por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido, Vanessa Florentín (Vanemi). El supuesto propietario se dedicaba en realidad a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso.