Un Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero absolvió de culpa y pena a Cristian Paolo Ortiz (46) por el hecho de asociación criminal. El agente de despacho fue acusado de comprar y vender un camión blindado para atentar contra Jorge Rafaat Toumani, en marzo del 2016, según informó el periodista, Santiago Benítez de Radio Imperio.
El colegiado estuvo integrado por las magistradas Mirna Carolina Ocampos, Ana Graciela Aguirre y Dilma Aidé Prieto, quienes resolvieron declarar la inexistencia del hecho punible de asociación criminal ocurrido el 7 de marzo del 2016. Por tanto, sostienen que no fue comprobada la autoría y la reprochabilidad del acusado.
"En el marco de la causa contra Cristian Paolo Ortiz por asociación criminal ocurrido en el año 2017, este tribunal de sentencia, por unanimidad resuelve declarar la procedencia de la acción penal instaurada por el Ministerio Público en la presente causa, a tenor de lo expuesto en el exordio de la resolución”, reza parte del veredicto del Tribunal.
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Suman las imputaciones contra presunto criminal, hoy fue otra más por intento de homicidio
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Thais García imputó a un presunto delincuente, por tentativa de homicidio doloso, proceso que se suma a otros ya existentes en contra del mismo. Se trata de Eladio Ramón Ortiz González (23), alias “Garrón´i”, quien habría disparado contra un ciudadano estando en su vivienda.
Está procesado por la misma agente fiscal por el asalto a comerciantes y robo de electrónicos por 12 mil dólares, por cuya causa enfrenta cargos por robo agravado, violación de Ley de Armas, asociación criminal y reducción.
El fiscal de Pdte. Franco, Edgar Benítez, lo investiga también por asociación criminal y transgresión de la Ley de Armas. El hombre se encuentra privado de libertad, con pedido de prisión preventiva.
La última imputación tiene que ver con un hecho punible contra la vida, ocurrido el 18 de agosto de 2024, alrededor de la 01:30 en una casa del barrio Caacupemí de Presidente Franco. La víctima fue Fredy Abel Benítez Romero. Garrón´i es hermano de Edgar Ortiz González, alias “Garrón”, considerado por la Policía como otro integrante de bandas delictivas.
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En esa ocasión, Eladio Ortiz González llegó al lugar a bordo de una motocicleta acompañado de otra persona, cuya identidad se desconoce hasta el momento, y tras descender portando arma de fuego habría realizado varios disparos, según el escrito fiscal.
Uno de los proyectiles impactó en el pie derecho de la víctima. El presunto autor huyó junto con su cómplice, pero fue reconocido por Fredy Benítez Romero, quien recibió auxilio y trasladado a un hospital. Tras la denuncia, la Fiscalía emitió una orden de detención contra el atacante.
Finalmente, el 12 de octubre de 2024, a las 12:20, agentes de Investigación de Delitos de la Policía Nacional detuvieron a Eladio Ortiz y a otros miembros de su grupo delictivo, identificados como Darwin Espínola Valdez, Carlos Iván Núñez González, Edgar Sosa Gadea e Hilario Fabián Aranda Benítez.
En el caso de Darwin Espínola Valdez y Carlos Iván Núñez González, fueron procesados con Eladio Ortiz, por el caso del asalto y robo de electrónicos también.
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Juez admite imputación contra el intendente de Asunción
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación formulada contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, investigado por lesión de confianza y asociación criminal por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
El magistrado estableció para el 3 de octubre, a las 8:30, la fecha para la audiencia de imposición de medidas, informó el cronista de judiciales de canal Gen/Nación Media Aldo Insfrán. El Ministerio Público requirió algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
En la causa, impulsada por el equipo fiscal conformado por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, también están imputadas otras 21 personas, algunas ya exfuncionarias. Para la Fiscalía, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.
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Rodríguez se defendió indicando que los fiscales lo imputaron por su labor como intendente. “Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos”, expresó ayer al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El jefe comunal sostuvo que no firmó “ningún documento que no sea la única resolución” para la compra y remarcó que ”según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante del titular de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que no existe una conducta penalmente relevante cometida por su defendido en la investigación y calificó de “forzada” la imputación contra su cliente.
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Denuncia número 41 contra Miguel Prieto, esta vez por licitación para mensura de exfinca 66
Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.
“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.
“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.
Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.
Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.
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“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.
Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.
“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.
En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.
La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.
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Abogado califica como “forzada y apurada” la imputación fiscal contra Nenecho Rodríguez
El abogado Claudio Lovera, representante legal del intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, sostuvo que la imputación del Ministerio Público contra el dirigente político adolece de ciertas falencias. Agregó que colaborarán con la investigación y fue contundente en indicar que no existe una conducta penalmente relevante cometido por su defendido.
La denuncia por supuesta corrupción pública contra el jefe comunal fue formulada en el 2021, por un grupo de exdiputados y concejales de la oposición; sin embargo, la imputación fiscal contra Rodríguez por lesión de confianza y asociación criminal en el denominado caso “detergentes de oro” fue promovida en la noche de este último lunes, 2 de setiembre del 2024.
“Que el acta de imputación todavía relate una aproximación muy lejana a la reconstrucción de los hechos me llama la atención, todavía es una cuestión demasiado incipiente, en todo estos años evidentemente no se profundizó”, expresó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Lovera acotó: “esta construcción que se realiza respecto al intendente es muy forzada desde el punto de vista del derecho penal, se nota que hubo cierto apuro para la redacción de la imputación y este apuro no es congruente con la antigüedad del caso”.
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Señaló que la defensa del jefe comunal se abocará en lograr que el Ministerio Público realice una reconstrucción completa y concreta de los hechos. “Vamos a trabajar contratación por contratación, pago por pago, pero remontándonos a la época de los hechos para poder ver qué es lo que aconteció en ese momento. En las explicaciones que da la Fiscalía en su imputación a nivel de sospechas, se hace una aproximación muy genérica”, comentó.
El abogado siguió argumentando que “La Fiscalía identifica que los procedimientos de selección de oferentes, adjudicaciones y luego los procesos posteriores que tiene que ver con la constatación de la provisión de los bienes adjudicados y el pago, tiene una particularidad que no son procesos llevados a cabo por el intendente y el mismo no cumple una función de ordenador de gastos en el marco de los mismos”.
Agregó además que “siempre en el derecho penal lo primero que se analiza está relacionado con la persona que está más cerca del resultado que se sospecha, pero esta no es la situación del intendente. A partir de esto la Fiscalía trata en forma genérica de construir una supuesta participación penal, pero en verdad responsabilizándose genéricamente de los supuestos resultados que ocurrieron, pero eso que se denomina responsabilidad objetiva por el resultado en materia de derecho penal no rige”.