En la mañana de éste jueves juraron los peritos que conformarán la Junta Médica que realizará el peritaje en el caso del pequeño Renato, cuya muerte se produjo en el sanatorio Migone en el mes de agosto del 2019.
Las fiscal Natalia Silva, a cuyo cargo esta la investigación, dijo a la emisora Universo 970 AM, que son varios los profesionales médicos que prestarán juramento para esta diligencia, por el lado de la familia están los doctores Aníbal Filártiga y Bellasai. “Aún restan varios médicos por jurar para así tener a todos los que tienen que conformar esta Junta Médica”, indicó.
Agregó que los médicos tienen que responder a una serie de preguntas que la fiscalía hará en cuanto al procedimiento que se siguió para la atención del pequeño y que ésta es la diligencia principal que se aguarda para determinar responsabilidades dentro del proceso. “Los médicos también aportaron sus puntos ampliatorios para esta diligencia, que investiga una acción omisiva o negligente en el actuar médico”, explicó.
Según refieren los datos, el 20 de agosto del 2019, el pequeño Renato fue llevado por sus familiares al Sanatorio Migone.
Tras habérsele suministrado un medicamento, se produjo una alteración y empeoramiento repentino del estado de salud del menor, motivo por el cual la madre acudió presurosa y pidió auxilio a los tres médicos que estaban en el cuarto de Urgencias. Sin embargo, ninguno de ellos se levantó para verificar el estado del paciente, que en ese momento mostraba palidez, según la madre.
En la grabación del circuito cerrado del sanatorio se puede observar una supuesta inacción por parte de los médicos que hoy están imputados.
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Miguel Prieto recusó a siete fiscales y un juez para trabar audiencia preliminar
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.
Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.
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En dos operativos, Senad y DNIT incautan presuntas sustancias ilícitas
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ubicados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, lograron frustrar un intento de envío de un paquete con destino a Alemania, que contenía 4.351 kilos de una sustancia presuntamente cocaína.
Mientras que, en otro operativo, esta vez en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, se logró la incautación de una caja con dos piezas de artesanía (juego de ajedrez) que provenía de Bolivia, en cuyo interior se halló paquetes que se presume podría ser cocaína.
Desde la Senad informaron que, en ambos casos, los paquetes fueron incautados y puestos en resguardo, hasta la apertura del proceso judicial, donde recién se podrá confirmar si se trata o no de las sustancias ilícitas. Hasta el momento no se manejan mayores datos al respecto, debido a que todavía no se realizó la apertura del proceso judicial, según informaron desde la Senad.
Incautan marihuana en Brasil
Por otra parte, según informaciones provenientes del Brasil, autoridades policiales del vecino país, han logrado incautar un camión de gran porte que transportaba presumiblemente 7 toneladas de marihuana proveniente de la frontera paraguaya.
El informe señala que agentes de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado de Paraná (FICCO/PR), la Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Dourados/MS y la Policía Rodoviaria Estatal Militar de São Paulo (TOR) lograron identificar un camión que circulaba por la ciudad de Bela Vista do Paraíso, sobre la ruta PR-537.
De acuerdo al reporte, los uniformados inspeccionaron el contenido del vehículo, encontrando un total de 7.202,95 kilos, presumible de marihuana que iban ocultos en la caja basculante. Confirman además que el conductor fue detenido en flagrancia y será procesado por tráfico de drogas en el vecino país.
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Lo que la prensa abdista no cuenta
En el documento de la acusación se hace un relato minucioso y pormenorizado de cómo, durante los años 2021 y 2022, el entonces presidente Abdo Benítez gestó un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado.
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez resaltan en su acusación que la hipótesis sostenida por el Ministerio Público se funda en los elementos probatorios que demuestran en forma cierta la existencia de los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio, cometidos por Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene.
El informe de extracción de datos de correos electrónicos, autorizado judicialmente el 24 de enero de 2024, fue una de las principales pruebas presentadas. La pericia, realizada por la ingeniera María Victoria Fleitas Valiente, permitió acceder a información crucial almacenada en el servidor de la Seprelad. Se extrajeron correos electrónicos y archivos adjuntos (Word, Excel y PDF) de los funcionarios implicados, entre ellos, Carlos Arregui, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, en el período comprendido entre diciembre de 2021 y junio de 2022.
Este procedimiento fue ejecutado en dos fases. La primera se llevó a cabo el 7 de febrero de 2024 bajo la supervisión del entonces fiscal de la causa Aldo Cantero, con apoyo del Laboratorio Forense. La segunda tuvo lugar el 28 de febrero del mismo año.
Los hallazgos de estas pericias pudieron armar la cronología del modus operandi durante el gobierno anterior. Los peritos informáticos lograron recuperar conversaciones internas y órdenes enviadas por altos funcionarios de la Seprelad, en las que se detallan instrucciones sobre cómo elaborar informes que perjudicarán a Cartes y sus empresas. Es decir, estas instrucciones eran direccionadas, en abierta violación a procedimientos de Seprelad.
Entre ellas, aparece la de Luis Gustavo López Velázquez, comisario principal de la Policía Nacional, quien señaló que informó al entonces comandante de la Policía Nacional, Luis Ignacio Arias, sobre un pedido de información proveniente de Panamá referente a Horacio Cartes. Según su declaración, Arias comunicó el pedido al presidente Abdo, quien instruyó que la información fuera canalizada a través del ministro de la Seprelad, Carlos Arregui.
Este pedido se filtró y generó el enojo de Panamá ya que se presentó la noticia como que existía una investigación en Panamá por lavado de dinero, cuando solo fue una consulta puntual y Cartes tenía antecedentes penales y judiciales.
Otros testimonios sumamente importantes fueron de los funcionarios de la Seprelad. Derlis Ruiz Báez describió cómo recibió órdenes directas de Guillermo Preda para buscar información en los sistemas de la institución y elaborar un informe, supuestamente, a solicitud de la Fiscalía panameña.
También Inés María Yambay Zárate, analista financiera de la Seprelad, testificó sobre su participación con Daniel Farías en la elaboración de un archivo de análisis financiero de la Tabacalera Tabesa SA, cuyo objetivo era vincular transacciones con posibles maniobras de justificación de fondos. Una vez culminado el trabajo se remitió a Guillermo Preda y a su vez a Derlis Ruiz a fin de que sea agregado al Informe de Inteligencia Financiera. Al agregarse al Informe de Inteligencia hicieron suposiciones antojadizas sin sustento probatorio para simular existencias de hechos punibles.
De igual modo, Rocío Celeste Peña Estigarribia, directora interna de la Dirección General de Análisis Financiero “A”, relató que su labor consistió en la minería de datos para elaborar informes de inteligencia financiera contra Horacio Cartes y empresas vinculadas. Esto sirvió de insumo para sostener el informe final falseado y fraguado.
Las pruebas obtenidas a partir de estas pericias y testimonios fortalecen la acusación de que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se estructuró un esquema de manipulación de investigaciones contra los adversarios políticos.
Pese a todas estas evidencias, la oposición defiende a Abdo, al igual que la prensa abdista cómplice del terrorrismo de Estado y que esta semana convoca a una marcha para defender al expresidente de la “persecución política”. Sumarse a la marcha, es sumarse a la defensa del corrupto gobierno de Abdo. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Amarilla insta a Filizzola a ocuparse de su proceso judicial y no inmiscuirse en asuntos del PLRA
El senador opositor Rafael Filizzola cuestionó la resolución del Tribunal Electoral de la Capital que resolvió anular las sesiones del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico y de la Convención de febrero del año pasado, y ordenar la reincorporación de los 4 senadores liberales que habían sido expulsados del partido. Ante esto, el senador liberal Dionisio Amarilla salió al paso a recordarle que él ocupa una banca en la Cámara Alta gracias al PLRA y su cercanía al entonces presidentes Efraín Alegre.
A través de las redes sociales, este domingo se propició un cruce de mensajes entre ambos legisladores, ya que Filizzola cuestionó la decisión tomada por la Justicia Electoral señalando que protege a los tránsfugas liberales y obliga al PLRA a recibirlos.
Al respecto, Amarilla le instó a que se presente de una vez a la Justicia a resolver su proceso que está pendiente y deje de opinar sobre lo que ocurra o no dentro de las carpas liberales a las que no pertenece, y sin embargo “usó para ganar su banca”, mediante la alianza con el “partido de maletín creado con su esposa la exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista - PDP).
“Con tu esposa se dieron cuenta que ya no tenían chance de llegar y te aprovechaste entonces de tu condición de socio comercial con Efraín para meterte en el cuarto lugar de nuestra lista del senado y procuraste lo mismo para el payaso ese de Tony Apuril, intento que fracasó para ustedes”, indicó.
El legislador insistió a Filizzola a que se ocupe de su proceso judicial pendiente, que data del 2011, se centra en la adquisición de cuatro helicópteros para la Policía Nacional durante su gestión como ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo.
“Mejor preocúpate de tu causa Judicial que los liberales resolveremos nuestras elecciones como liberales. Somos un partido de 1.800.000 afiliados y no resolvemos entre cuatro gatos locos nuestra interna, como ustedes. Tranqui nomás colega no te metas en el PLRA que no será una gata la que te saldrá en el camino sino un águila dispuesto a elevarse con sus garras bien alto y soltarte de arriba a ver si te salvan tus helicópteros”, sentenció.