El juzgado penal de garantías N° 2 de Luque a cargo de Cecilia Ocampos realizó un total de 42 audiencias desde el lunes 13 de abril hasta la fecha. Cabe destacar que estos servicios de justicia se realizan con todas las medidas sanitarias impartidas por el Ministerio de Salud Pública para evitar la propagación del COVID-19.
El día de hoy la jueza llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas por videollamada para un interno recluido en la Penitenciaría Padre De la Vega, de Emboscada. Participó de la misma la defensora pública quien se encontraba en el juzgado. En ese sentido las otras audiencias fueron sobre imposición de medidas, revisiones de medidas, incumplimiento de medidas y rebeldes capturados.
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Cabe señalar que las audiencias fueron realizadas con la cantidad mínima de funcionarios judiciales, la cual es requerida según el Art. 23° de la Acordada N° 1366 de la Corte Suprema de Justicia, junto con todas las medidas sanitarias necesarias indicadas por el Ministerio de Salud.
Es importante resaltar que la Acordada 1325/19 dictada por la máxima instancia judicial autoriza la utilización de medios telemáticos en la tramitación de las causas penales, como también la Ley N° 6495/2020.
Asimismo, en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Asunción también se siguen realizando las audiencias de imposición de medidas cautelares para los imputados por violar la cuarentena sanitaria, así como para las personas que fueron detenidas por otros hechos punibles.
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Jueza ordenó arresto domiciliario de tres directivos de la firma Montego Trading
La jueza Penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, decretó el arresto domiciliario de los directivos de la firma Montego Trading S.A., Erick Fernando Martín Vásquez Loza, Carmen Carolina Duarte de Garcete, y Gerardo Bermúdez Arreola, imputados por violar la ley de juegos de azar con relación al registro del dominio crowncityplay.com.py. Igualmente, los imputados José María Monges, y Ricardo Fernández Melgarejo fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelar llevada a cabo en Palacio de Justicia. En caso de incumplir la medida resuelta por la magistrada, se ordenará la prisión de los imputados.
El agente fiscal Marcelo Saldívar fue quien presentó imputación por violar la ley de juegos de azar y a su vez solicitó al Juzgado Penal de Garantía la aplicación de medidas alternativas a la prisión y 6 meses de plazo para presentar su requerimiento conclusivo.
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El Ministerio Público presentó la imputación contra los citados más arriba en relación con la violación del artículo 17 de la Ley N° 4716/12 “Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1016/97 “Que establece el Régimen Jurídico para la Explotación de los Juegos de Suerte o de Azar”.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de Apuestas Deportivas a través del sistema online y de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
El contacto por parte de la firma Montego Traiding S.A., en relación con el registro del dominio crowncityplay.com.py, ante el Network Information Center - Paraguay, NIC.PY., sería Erick Fernando Martín Vásquez Loza.” Esta atribución fáctica cumpliría con los presupuestos del Art. 17 de la Ley N° 4716/12 “Que modifica varios artículos de la Ley.
A través de la licitación pública N° 04/2017, por resolución Conajzar Nº 60/2017, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 8535/2018, adjudicó a la firma Daruma Sam S.A., cuya marca es Apostala, la explotación de apuestas deportivas con carácter exclusivo en todo el territorio de la República del Paraguay.
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Levantan embargo de salario de víctima de la mafia de los pagarés
La jueza de Paz, Susana Granado, resolvió levantar embargo de salario de Carmen Pamela Ocampos Cáceres, quien fue demandada por Sist y Gestiones SA. La resolución judicial se genera tras el pedido de medida cautelar de suspensión de sueldo presentado por el abogado Israel Aaron Mora, representante legal de Ocampos Cáceres.
El levantamiento del embargo, vía resolución judicial, sería el primero en resolverse a través de un incidente procesal y ya tuvo que haberse remitido el oficio judicial al Ministerio de Justicia para el cese del descuento de Ocampos Cáceres. La misma sufría un descuento en su salario de la suma de G. 900.000. Con esta determinación judicial la misma queda sin efecto y la mujer podría percibir la totalidad de su salario a fin de mes.
El abogado Mora, representante legal de Ocampos Cáceres, en fecha 1 de abril de este año presentó un incidente de nulidad de actuaciones sobre las cédulas de notificación de fecha 7 de diciembre del 2023, de la resolución N° 35.297 de fecha 6 de diciembre del 2023, así también se pidió la nulidad de la cédula de notificación de fecha 7 de agosto del 2023, la notificación de fecha 16 de junio del 2023, la nulidad del informe del oficial de justicia de fecha 4 de julio del 2023 y la notificación de fecha 4 de mayo de 2023.
El referido profesional del derecho argumentó el pedido de nulidad de actuaciones de las notificaciones, así como de las resoluciones señalando que “las actuaciones precedentes indicadas han privado de presentarse mi clienta a la audiencia del acto de reconocimiento de la firma que se le atribuye y así poder defenderse en forma efectiva”. Igualmente agrega que “se ha privado de presentar una defensa por inhabilidad de título contra el documento base de la presente acción” señala el escrito del abogado, quien solicitó el levantamiento del embargo por indefensión de su representada en el presente juicio civil donde se pretendía cobrar una millonaria suma de dinero sin motivo alguno.
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A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.
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Jueza admitió imputación y procesó penalmente a directivos de Montego Trading
La jueza penal de Garantía Clara Ruíz Díaz admitió la imputación y proceso penal por violar la ley de juegos de azar a Erick Fernando Martín Vásquez Loza, Carmen Carolina Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, y Ricardo Fernández Melgarejo, principales directivos de la firma Montego Trading S.A., en relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
Asimismo, la referida magistrada fijó para el próximo 22 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los imputados van a litigar en libertad o se resolverá la prisión preventiva de los mismos.
El agente fiscal Marcelo Saldívar fue quien presentó imputación por violar la ley de juegos de azar y a su vez solicitó al juzgado penal de Garantía la aplicación de medidas alternativas a la prisión y 6 meses de plazo para poder presentar su requerimiento conclusivo.
El Ministerio Público presentó la imputación contra los citados más arriba en relación a la violación del artículo 17 de la Ley N° 4716/12 “Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1016/97 “Que establece el Régimen Jurídico para la Explotación de los Juegos de Suerte o de Azar”.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de Apuestas Deportivas a través del sistema online y de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
El contacto por parte de la firma Montego Traiding S.A., en relación al registro del dominio crowncityplay.com.py, ante el Network Information Center - Paraguay, NIC.PY., sería Erick Fernando Martín Vásquez Loza.” Esta atribución fáctica cumpliría con los presupuestos del Art. 17 de la Ley N° 4716/12 “Que modifica varios artículos de la Ley.
A través de la licitación pública N° 04/2017, por resolución Conajzar Nº 60/2017, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 8535/2018, adjudicó a la firma Daruma Sam S.A., cuya marca es Apostala, la explotación de apuestas deportivas con carácter exclusivo en todo el territorio de la República del Paraguay.
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