Jueces de diferentes fueros de todo el país están presentando sus informes sobre el estado actual de sus respectivos despachos a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados presentaron sus escritos sobre el estado de los juicios pendientes de resolución y otros.
Ahora se van a clasificar todos los documentos que se están recibiendo para luego exponer el trabajo que realizaron los jueces y camaristas en sus casas ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
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De acuerdo a los documentos recibidos por la máxima instancia judicial, el primer magistrado que envió el estado actual de su despacho fue Delio Vera Navarro, miembro del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Capital, quien está al día en su despacho y que no cuenta con expedientes en estado de autos para sentencia ni de autos para resolver.
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia había dictado la resolución N° 193 en la sesión del 17 de abril a fin de dar cumplimiento al informe requerido a todos los tribunales y juzgados del país. Para ello, los jueces de toda la República habían llevado a su casa los expedientes judiciales que estaban en autos para resolver y hoy día están informando a la máxima instancia judicial sobre cuántos fallos han elaborado en sus casas.
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CBI revela indicios de lavado de dinero en operaciones del banco Atlas
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), senador Dionisio Amarilla, expuso los hallazgos “contundentes” sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través del sistema financiero, señalando al banco Atlas como uno de los casos más emblemáticos investigados por el grupo parlamentario.
El legislador explicó que uno de los ejes de la investigación de la CBI fue el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas mediante empresas o bancos, entre ellos, Atlas.
Según reveló, la entidad bancaria habría otorgado un crédito de USD 4 millones a la empresa Biobras Combustible, utilizando como aval dos estancias pertenecientes al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza branca, a través de un supuesto apoderado identificado como Gilberto Suárez, quien en realidad era un tractorista.
“Cuatro millones de dólares es mucho dinero aquí y en cualquier lugar y se desembolsa como si nada a un tractorista del esquema montado por Cabeza Branca, que le llevó evidentemente una propuesta muy rentable al Grupo Zuccolillo, diciéndole ‘te entrego dos estancias que no me preguntes cómo adquirí, con esa plata voy a seguir mis negocios’”, denunció Amarilla, quien adelantó que la documentación será remitida al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Durante el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media, el senador señaló otro hecho calificado como “gravísimo” es el intento del banco Atlas de rematar las estancias en 2024, pese a que ya estaban bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). “Si la Senabico no tenía abogados preparados, esos bienes se perdían. Estaban valuados en cerca de USD 40 millones”, afirmó.
Conmebol e IPS
Amarilla también se refirió al caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, como parte del segundo eje de la investigación. Detalló que el banco Atlas confirmó haber recibido fondos multimillonarios de Leoz y haber constituido un fideicomiso a su nombre. “Se confirma la ilicitud de esos fondos cuando, tras la muerte de Leoz, sus herederos ordenan devolver el dinero a la Conmebol”, puntualizó.
Asimismo, otro hecho irregular que involucra al banco Atlas es la desnaturalización de un contrato de fideicomiso entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco de los Zuccolillo, que administró unos G. 850.000 millones destinados originalmente a obras emblemáticas de salud.
Según Amarilla, los fondos terminaron utilizados para mantenimiento y otros fines no estipulados, supuestamente como una maniobra para inyectar capital al banco en un momento de crisis por el escándalo Leoz.
El senador criticó la actuación del Ministerio Público, señalando múltiples cambios de fiscales en los casos que involucran a Atlas y cuestionó la falta de acción del IPS para proteger sus propios recursos.
Finalmente, valoró que la Cámara de Senadores haya aprobado remitir el informe a la Fiscalía, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y autoridades de EE. UU. “No es poca cosa que un banco del sistema esté sospechado de lavar dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas”, sentenció.
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La Procuraduría General de la República evitó el pago multimillonario en juicio por indemnización
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada. Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.
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Informe de la CBI debe llegar hasta Washington, propone Amarilla
- Por Nadia Denis.
El senador Dionisio Amarilla se refirió al informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), aprobado el miércoles 16 de julio por el Congreso, que decidió que sea remitido a varias instituciones estatales, entre ellas, organismos internacionales, dado que los hallazgos ameritan la intervención de varias entidades de control.
“Eso tiene que ser entregado al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Contraloría, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos internacionales como el Parlasur, Parlatino, también debe llegar a Washington, al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia”, afirmó el legislador.
En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario añadió: “Queremos que la Fiscalía analice, que desestime o impute, pero no seguir sin tomar una decisión”, reclamando una respuesta concreta de las autoridades competentes frente a los hallazgos presentados por la comisión.
Sobre la eventual conformación de una nueva comisión bicameral, Amarilla se mostró cauto y afirmó que esa es una decisión que debe tomar el pleno del Congreso. “La vigencia de esta comisión ya feneció, creo que es mejor que esperemos resultados, luego pensaremos en una comisión de vuelta”, manifestó.
El senador destacó el trabajo realizado por la CBI, calificando su labor como de “alto profesionalismo, competencia demostrada y resultados exitosos”, marcando una diferencia de la Comisión formada durante la presidencia de Mario Abdo, la cual ha sido calificada por varios referentes políticos como “comisión garrote”, dado que solo se perseguía a adversarios electorales del abdismo.
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El informe
El informe entregado a la Presidencia del Senado el pasado 14 de julio está compuesto por nueve tomos y cuenta con el respaldo de 231 biblioratos de documentación, fruto de más de seis meses de trabajo parlamentario. Entre las líneas investigativas principales, la CBI identificó tres núcleos de presuntas irregularidades:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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Delitos Ambientales: Corte remitió antecedente de juez al JEM por presunta actuación irregular
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, durante la sesión plenaria, decidió remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes del juez de Curuguaty, departamento de Canindeyú, Ramón Alberto Florentín, debido a presuntas actuaciones irregulares en procesos sobre delitos ambientales.
El ministro y encargado de la Dirección Ambiental, Víctor Ríos, señaló que el magistrado hizo lugar a pedidos que no estarían dentro de la ley en causas en las que, durante la audiencia preliminar, se modificaba la calificación jurídica de los hechos imputados para que los acusados pudieran acceder a salidas alternativas y evitar ir a juicio oral.
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Asimismo, se advirtió que el juez habría actuado de manera irregular al otorgar una salida alternativa y designar como asesor de prueba al propio acusado, en una causa por violación de la Ley Ambiental. El ministro aseguró que el magistrado no pudo justificar su actuación.
Ahora el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el referido magistrado y en caso de encontrarse irregularidad se podría pedir la suspensión del juez de Curuguaty.
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