Un total de 1.013 funcionarios judiciales que superan los 60 años de edad, así como embarazadas y personas en estado de lactancia, realizarán trabajos específicos desde sus domicilios. Así lo informó el director de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Mario Elizeche.
De acuerdo a los datos que maneja la dirección de Recursos Humanos, existen 806 funcionarios que superan los 60 años de edad, los cuales están dentro del rango de riesgo de contraer el COVID-19, por lo que se dispuso que los mismos realicen su labores, pero desde sus casas. Asimismo, se tienen 30 funcionarias embarazadas y 106 en estado de lactancia, por lo que para las mismas se asignarán trabajos específicos.
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La Corte Suprema de Justicia reabrirá sus secretarías este lunes 4 de mayo bajo estrictas medidas sanitarias. La reapertura será parcialmente debido a que reabrirán sus puertas las salas de la máxima instancia judicial y los tribunales de apelaciones de todo el país. Para ello fue diseñado un esquema de ingreso a las sedes judiciales de todas las circunscripciones judiciales de nuestro país.
Igualmente, el horario de atención al público será de 8:00 a 12:00. Está prohibido el ingreso de niños en todas las sedes judiciales. Solo se permitirá el ingreso de los abogados con tapabocas y en caso de no tener, no se podrá ingresar a ningún Palacio de Justicia. La máxima instancia judicial siguió todas las recomendaciones del Ministerio de Salud para el inicio de las actividades.
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Copaco apunta al traslado de funcionarios para reducir gastos
Desde la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) indicaron que una de las medidas que llevarán adelante es el traslado de funcionarios de la estatal a otras instituciones públicas. Esto con el fin de reducir los gastos de esta empresa que continúa atravesando por una serie de crisis financiera.
“Lo que queremos es unir estas dos necesidades, empleados que no son necesarios en Copaco y las necesidades de otras instituciones para seguir en este proceso de optimizar al funcionariado”, explicó el presidente de Copaco, Óscar Stark, quien indicó que la compañía necesita reducir la cantidad de trabajadores en su nómina.
Stark señaló que existen varias instituciones con necesidad de contar con nuevos trabajadores, ya sea por que algunos se jubilan, otros renuncian o porque se adhirieron nuevas actividades al funcionamiento de las entidades, mientras que Copaco cuenta con una cantidad excesiva de empleados que hacen que el sostenimiento financiero sea casi imposible.
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“Para que cuando soliciten permiso al Ministerio de Economía para hacer esas contrataciones, primero miren la posibilidad de ver si los funcionarios de Copaco reúnen las características del perfil que buscan. Acá tenemos muy buenos técnicos, administrativos, entre otros que pueden ser muy útiles en otras instituciones que buscan funcionarios”, expuso a la 780 AM.
El presidente de Copaco indicó que en primer lugar buscan regularizar la situación de unos 40 funcionarios que están comisionados a otras instituciones desde hace muchos años, pero a los que la compañía les continúa pagando el salario. Pese a que se han realizado acciones para la reducción de egresos, el déficit mensual se mantiene en unos G. 10.000 millones.
“Una de las salidas que tiene Copaco es disminuir la cantidad de empleados y ya empezamos con ese proceso. Desde que yo asumí salieron 350 funcionarios y en la compañía no ingresó ninguno nuevo, eso hizo que ahora tengamos menos funcionarios, lo que representa G. 22.000 millones de ahorro al año”, refirió.
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EE. UU. sanciona a funcionarios del gobierno de Maduro por represión tras elecciones
Estados Unidos sancionó ayer miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser “eminentes profesionales”, según él.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago. Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de “conspiración” contra el gobierno de Maduro.
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Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela. La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.
Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro, el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde setiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirma el Tesoro en un comunicado.
De esta manera ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añade. La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo.
El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.
“Acto desesperado”
Cuatro meses después de las elecciones, “Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos”, afirma el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en otro comunicado. El Departamento de Estado impuso por su parte restricciones de visa a “individuos alineados con Maduro”.
Las sanciones implican el “bloqueo de propiedad y suspensión de entrada” en Estados Unidos “por ser funcionarios actuales o anteriores” del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro. Hasta la fecha casi 2.000 venezolanos sancionados tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Caracas ha tardado horas en reaccionar públicamente.
“He dado la orden de crear en los próximos días la condecoración (...) que llevará el nombre de la Gran Victoria de Ayacucho” y “se la voy a colocar a cada uno de estos hombres que han sido hoy agredidos”, soltó Maduro durante el aniversario de la Aviación Militar de Venezuela tras tachar de “ridículas” las sanciones. Son “eminentes profesionales”, defendió.
Anteriormente contraatacó la cancillería. Las sanciones “son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”, sostuvo refiriéndose a la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.
El gobierno chavista estima que las medidas apuntan a un “grupo de patriotas”. Para Washington, por el contrario, “no se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro” sino a los funcionarios “que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas”, declaró a periodistas un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.
Licencias petroleras
Pero Estados Unidos sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia. La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.
“Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela”, afirmó el funcionario. “Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro”, precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.
En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo. El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.
Fuente: AFP
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Área metropolitana y Asunción quedaron sin luz, Ande evalúa el corte
Varias ciudades del área metropolitana y barrios de Asunción sufrieron el corte de suministro de energía eléctrica, en momentos de alta temperatura, que incluso llegó a una sensación térmica de 42º. Las zonas afectadas fueron Lambaré, Villa Elisa, San Antonio, y barrios de Asunción como Sajonia, General Díaz, Republicano.
La Administración Nacional de Electricidad (Ande), a través de un comunicado, informó que a las 13:39 de hoy miércoles se registró un inconveniente en el Sistema Interconectado Nacional, que afecta principalmente al área metropolitana. Los técnicos realizaron las operaciones pertinentes y lograron la reposición del servicio de energía en un 100 %, según el documento.
El ingeniero Tito Ocariz, gerente técnico de la Ande, explicó el inconveniente surgido tras el corte de suministro eléctrico, en el programa “Tarde de Perros”, de Universo 970/Nación Media, conducidos por Jorge Torres, Richard Moreira y Sara Ayala.
“Uno de los transformadores de Villa Hayes afectó algunas de las subestaciones del sistema metropolitano y parte de Central, pero ahora ya está normalizado”, dijo el ingeniero.
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Explicó que el banco de transformador de Villa Hayes tiene una carga aproximada de 500 megawatts. “Hoy este evento se produjo con una demanda de 4.600 megawatts, nosotros en marzo de este año ya llegamos a 5.027 megawatts, o sea que el corte no fue problema de sobrecarga, fue nomás un evento pero tenemos que analizar qué pasó con ese transformador”, afirmó.
Explicó que una vez se obtenga el resultado de las evaluaciones sobre el corte del suministro de energía eléctrica se dará un informe técnico completo.
Mencionó que la entidad estatal está mejor preparada que años anteriores para hacer frente ante un mayor consumo de la energía, principalmente en verano (21 de diciembre a 20 de marzo), época en que se perciben días de intenso calor.
“Con seguridad estamos mucho mejor preparados, con todas las obras complementarias, tanto en la parte de transmisión, y alimentadores, siguen haciéndose los trabajos de cambio de conductores, y la instalación de transformadores de distribución”, refirió el gerente.
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Villa Hayes: juzgados de primera instancia ya tienen expediente judicial electrónico
El vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia y encargado de la implementación de las herramientas digitales, Alberto Martínez Simón, participó este martes del acto que habilitó el uso del expediente judicial electrónico en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Villa Hayes. Así informó el sitio web del Poder Judicial.
El acto contó con la presencia de autoridades judiciales locales encabezados por la presidenta del Consejo de Administración, Gisella Palumbo, y el representante del gabinete del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, Tomás Rocholl.
El ministro encargado del sistema, Alberto Martínez Simón, destacó que el expediente judicial electrónico “es una herramienta que nos proporciona agilidad y transparencia, que desde hoy empieza a funcionar en la ciudad de Villa Hayes”.
Por su parte, el juez Víctor Sánchez, mencionó que “el sistema aporta transparencia, rapidez y economía para las partes, entonces los profesionales pueden acceder a sus causas desde donde estén”. Esta actividad se da en cumplimiento del programa de digitalización de los órganos jurisdiccionales.
La implementación del trámite judicial electrónico para el juzgado de Primera Instancia, contribuirá a una mayor transparencia y celeridad en los procesos judiciales.
La puesta en marcha de esta herramienta digital se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, impulsado por la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de mejorar la gestión jurisdiccional, fomentar la transparencia y adoptar medidas que reduzcan el impacto ambiental derivado del uso de recursos impresos.
Es importante destacar que el equipo técnico de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTICs) gestiona y supervisa las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa que regula la implementación de esta herramienta digital.
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