Este lunes, el Ministerio Público decidió imputar a la pareja que asaltó a una estudiante de 17 años en la ciudad de Lambaré y, además, se ordenó la prisión preventiva para ambos. Estas personas fueron detenidas el sábado pasado en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción y lograron incautar la motocicleta.

La agente fiscal Amelia Bernal Jara, quien lleva el caso, imputó a Clementina Almada Rumich Núñez, de 39 años, y a Carlos David Torales, de 29 años, este último cuenta con varios antecedentes penales por hurto agravado, violencia intrafamiliar, entre otros. Estos presuntos delincuentes enfrentarán cargos por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.

Tras la imputación, la fiscal también ordenó como medida cautelar la prisión preventiva para la pareja. Esta fue detenida el sábado 12 de abril, sobre las calles Pozo Favorito y Tte. Garay, del barrio San Vicente en la ciudad de Asunción. Del poder de los mismos se incautó la motocicleta utilizada para cometer el atraco y las prendas usadas el día del atraco.

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El hecho ocurrió el pasado 9 de abril, alrededor de las 7:10, en el barrio Valle Ybaté, cuando la joven salía de su casa para dirigirse a una parada de ómnibus para ir a la universidad. La misma fue interceptada por la pareja que se movilizaba en una motocicleta, de la cual descendió Clementina Almada y siguió a la universitaria para asaltarla.

Cuando la alcanzó la tomó del cabello y le puso un cuchillo en el cuello, exigiendo que le entregue todo lo que tenía y esta le entregó su mochila, en cuyo interior se encontraba su celular de la marca IPhone, modelo XR, su billetera y útiles. La detención se logró luego de que el propietario de la vivienda que alquilaba la pareja se percatara de las similitudes de las características de los asaltantes, divulgadas a través de los medios de comunicación, ante lo cual el hombre dio parte a la Policía.

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Este viernes, el Tribunal de Sentencia condenó al suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva a 24 años de prisión por el homicidio doloso agravado de Rodrigo Quintana, hecho que ocurrió en 31 marzo del 2017 en sede del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA). El agente policial es el único procesado y condenado por el asesinato del dirigente liberal.

El tribunal estuvo presidido por Lourdes Garcete e integrado por Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, quienes tras analizar todas las evidencias y escuchar a los testigos decidió que suboficial debía ser condenado por matar al joven dirigente. “Florentín disparó el arma, los proyectiles impactaron en la espalda de Rodrigo Quintana”, manifestó la jueza Garcete.

Afirmó que los nueve proyectiles que fueron disparados por el acusado, luego de que forzó y entró en sede del partido, atravesaron varios órganos de la víctima, quien terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, Quintana cayó al suelo y seguidamente fue pisado por Florentín, quien lo miró detenidamente, pero no lo auxilió y prosiguió su camino hacia el patio.

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“El impacto de estos nueve proyectiles de plomo atravesaron varios órganos incluidos sus pulmones y le ocasionaron una hemorragia que derivó en una muerte agónica por una asfixia por la acumulación de sangre, lo que en medicina se considera neumotórax”, detalló la jueza, durante la lectura final de la sentencia.

Ricardo Estigarribia, abogado del sentenciado, afirmó que con esta condena queda claro que no existen garantías para los agentes policiales y militares, y que no se puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida. “No se analizó la totalidad del contexto de lo que ocurrió”, puntualizó a los medios de comunicación.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió hoy jueves, durante la sesión ordinaria, hacer lugar al desafuero de los jueces de Paz Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y Natalia Garcete, imputados por el delito de prevaricato en el marco de la investigación de la mafia de los pagarés. El actual presidente del JEM es el ministro César Garay.

Con la determinación adoptada por el órgano juzgador de magistrados, la justicia ya podrá procesar penalmente a los tres magistrados por el delito de prevaricato. Los jueces Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú ya pueden avanzar en el presente caso.

De acuerdo con la determinación adoptada por el juez Estigarribia, el 22 de abril a las 8:00 tendrán que comparecer los imputados Ricardo Ramón Cuevas, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Nicolás Antonio Antúnez Tillería. A las 9:30 comparecerán Arturo Javier Ayala Franco, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija de Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay.

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Igualmente, el 24 de abril a partir de las 8:00 comparecerán Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión y a las 9:30 lo harán Roger Alejandro Medina Quintana, y Melissa Analía Talavera Bogado.

El 25 de abril de 2025 fueron citados por el juzgado a las 9:30 Stella Solans Lezcano Colman, Héctor Manuel Noguera Florentín. Mientras que el 28 de abril a las 8.00 comparecerán Gloria Isabel Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg; Fernando Cáceres González, y Blas Antonio Rodríguez Galeano.

El 29 de abril de 2025 a las 8:00 comparecerán los imputados Silvio Gustavo Miranda Barrios, Robert Enrique Santacruz Oviedo, y a las 9:30 Patricia Adriana Parodi Cantero, Sebastián Marcelo Benitez Porzio, y el 30 de abril, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente.

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La Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva de Marcelo Cabaña, hermano de Reinaldo “Cucho” Cabaña, procesado por el operativo Berilo donde está igualmente acusado Cucho y otras personas más. La abogada Giselle Gutiérrez, defensora del acusado Marcelo Cabaña, indicó que el mismo padece de tuberculosis pulmonar y lo ideal sería que se realice el tratamiento en su domicilio.

Por su parte, la fiscala Ingrid Cubilla sostuvo en su escrito que conforme a la calificación provisoria de los hechos atribuidos al acusado, la pena mínima no se encuentra superada y los hechos graves que le son atribuidos al acusado: tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes, cuyo marco penal que prevé una sanción de entre 5 y 15 años de pena privativa de libertad.

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El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas más.

El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron a cabo más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.

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