Un joven identificado como Martín Vera Articanaba solicitó ayuda a la ciudadanía, a través de su cuenta de Instagram para costear una millonaria cirugía para evitar perder la vista. El problema se originó a raíz de una brutal golpiza que recibió de parte de otro conductor con quien tuvo un percance vehicular. “Estoy luchando por no perder la vista, todo por la violencia extrema de un desconocido”, publicó.

De acuerdo a su relato, el hecho ocurrió el pasado 15 de abril alrededor de las 23:35, cuando estaba trabajando como chofer de plataforma. Estaba transitando por la avenida Choferes del Chaco casi Tte. Solis, cuando de golpe le salió al paso de esta última calle de forma imprudente otro vehículo, que ya no pudo evitar colisionar con él.

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Tras el percance, indicó que continuó circulando hasta llegar a la calle José Martí y Choferes del Chaco, frente a un conocido restaurante de comida oriental. Allí bajó de su vehículo para conversar con el otro conductor y buscar algún tipo de arreglo por los daños causados, ya que se ofreció a pagar.

Indicó que el otro conductor le exigió 300 mil guaraníes, a lo que el joven accedió a pagar y se dirigió a su vehículo para buscar el dinero. Sin embargo, la persona desconocida que, según Vera, aparentemente estaba alcoholizado, comenzó a agredirle físicamente.

“Repetía una y otra vez que hacía jiu-jitsu y que pesaba 110 kilos se volvió violento de forma descontrolada. Me empezó a hacer llaves primero estrangulándome. Me decía que me podía matar, me tiró al suelo, se subió sobre mí y empezó a golpearme, tantas veces que casi pierdo el conocimiento en ese momento. Antes de huir, me pateó en el rostro 2 veces con tanta fuerza que me fracturó un hueso en la base del ojo y me dijo que iba a volver para matarme”, relató en su posteo.

Indicó que quedó bañado en sangre hasta que una pareja de recolectores se acercó a ayudarlo y lo acompañó, luego de que su agresor huyera.

“Ahora tengo una fractura en el piso de la órbita ocular, se rompió el hueso que sostiene el ojo y la grasa orbitaria que lo mantiene en su lugar, está filtrándose por el orificio. Si no me opero en los próximos días, puedo perder la vista. La operación cuesta 30 millones de guaraníes. No tengo esa plata. Tampoco tengo justicia, porque ese tipo corrió”, lamentó.

Mencionó que la última esperanza que le queda para identificar a su agresor es si el restaurante cuenta con circuito cerrado que pueda ayudarlo. “Por favor, si viste algo, si conoces a alguien que trabaje en el restaurante o tenga acceso a las cámaras, contáctame. Esto no puede quedar impune”, concluye su posteo.

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Tras hacerse pública la denuncia de presunto acoso sexual por parte de un médico del Hospital General de Lambaré hacia tres médicas residentes del mismo nosocomio, el departamento de asesoría jurídica del Ministerio de Salud resolvió intervenir en el hecho y separar al profesional de blanco de sus funciones.

El director médico del Hospital Distrital de Lambaré, doctor Helmut Segovia, en conversación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, confirmó que la denuncia se presentó el pasado jueves por parte de las médicas residentes y que no existía un antecedente del hecho.

“En el momento en que tomamos conocimiento de la denuncia decidimos realizar una reunión con todas las médicas residentes. Nosotros tenemos 25 residentes, 12 de los cuales son de sexo femenino y el resto es de sexo masculino. Desde que ellas presentaron la nota, ya no volvieron a estar en contacto con el citado médico”, comentó el doctor Segovia. El profesional denunciado realiza guardia dos veces a la semana en el nosocomio lambareño.

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• San Isidro, Argentina. AFP.

La habitación donde murió Diego Maradona “estaba muy sucia” para una persona “recién operada” y no tenía desfibrilador, testificó este jueves un médico durante el juicio en Argentina para determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud en el fallecimiento del astro argentino del fútbol hace cuatro años.

“La casa estaba muy sucia, muy desordenada, especialmente el cuarto, no había ningún tipo de orden o limpieza por lo menos básica para poder tener una persona recién operada”, dijo Colin Campbell, un médico que era vecino de la difunta estrella de la selección argentina y que llamaron para asistirlo antes de que llegaran ambulancias.

Campbell contó que ese 25 de noviembre de 2020, al entrar a la habitación de la casa en el barrio privado de Tigre (provincia de Buenos Aires), encontró a una enfermera haciéndole masaje cardíaco a Maradona (60 años) y a un custodio realizando respiración boca a boca. Al relevar a la enfermera, notó que la temperatura del cuerpo y la rigidez mandibular de la leyenda del fútbol indicaban que “ya no tenía signos vitales hace un tiempo largo”.

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“Más de una o dos horas seguro”, declaró Campbell a los jueces del tribunal de San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires. El médico fue llamado aquel día a las 12:26 por personal de seguridad del barrio privado porque el astro “se había descompensado”.

Juan Carlos Pinto, otro médico que llegó con la primera ambulancia, confirmó la versión de Campbell al declarar que el paciente ya estaba muerto a su arribo. Pinto relató que fue él quien comunicó la muerte a la exesposa de Maradona, Claudia Villafañe, y a sus hijas, que ya estaban presentes. “Hacía más de dos horas que estaba muerto”, afirmó.

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“No había nada que pudiera ayudar a una reanimación, no había oxígeno, no había tubos de oxígeno, no había desfibrilador”, detalló Pinto, ratificando la versión de Campbell. Los policías que testificaron hasta ahora afirmaron que no había “elementos médicos” en el cuarto. Maradona, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por una crisis cardiorrespiratoria en su casa en Tigre, donde cumplía internación domiciliaria tras una neurocirugía.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, una psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. El juicio se prolongará al menos hasta julio y se espera que declaren unos 120 testigos. Los fiscales aún no dijeron quiénes prestarán testimonio en la próxima audiencia, prevista para el martes. Los acusados, que defienden su inocencia, arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

Desde el Ministerio Público informaron sobre la desvinculación de una médica forense luego de que descubrieron que alteró informes en cuatro casos, dos de ellos por aparente violencia familiar y otros dos casos de supuesto abuso sexual en menores. La profesional era contratada y estaba cumpliendo funciones desde hace seis meses como médica de la Fiscalía en Canindeyú.

Se trata de la doctora Angelina Da Cruz, quien se desempeñaba como médica forense del Ministerio Público y la desvinculación se debe a una mala praxis. La medida fue tomada tras un pedido de la Jueza Penal de Garantías de la localidad de Katueté y remitida a medicina legal en el que expone el actuar de la profesional. El pedido fue con relación a cuatro casos en los que la médica realizó inspecciones.

El doctor Pablo Lemir, explicó que en uno de los casos fue por violencia familiar, en el que ella inspeccionó al supuesto agresor y a la víctima. En el libro de procedimientos del centro asistencial hizo constar que el agresor no tenía lesiones, pero no fue así y en el caso de la víctima deja constancia de una serie de lesiones que no se visualizan en las evidencias.

“Tomaba partida, porque en su diagnóstico médico legal indicaba violencia intrafamiliar y eso no es un diagnóstico. El médico debe registrar los elementos de diagnóstico que permitan posteriormente al fiscal imputar y al juez juzgar. Debemos dar elementos, no tomar partido y ambas cuestiones estaban mal hechas”, detalló Lemir, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que otro de los casos eran de dos menores que fueron víctimas de supuesto hecho de abuso sexual, en el que el diagnóstico fue abuso sexual, que no corresponde a un diagnóstico médico. Además, de abuso psicológico y trastorno mental leve, que solo puede emitir un psicólogo o psiquiatra.

“Una adolescente y una niña, el primer error es que la médica solicita que sean llevadas a su domicilio particular para ser examinadas. En un lugar donde no se cuenta con todas las herramientas para corroborar el abuso. Ella debía hacer solo el examen físico y señalar las lesiones, poner el grado de sospecha de un abuso sexual, tomar evidencias como fotografías”, aseguró.

Lemir apuntó que se realizó el pedido de desvinculación a la Fiscalía General de Estado, porque se trata de una médica forense contratada. “Este tipo de procedimiento facilita la anulación de las pruebas. En los casos de abuso significa la pérdida del acceso a la Justicia y no podemos permitir que esto pase”, puntualizó.

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