El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, informó que un total de 11.688 informes fueron remitidos a profesionales del derecho de forma virtual; es decir, vía WhatsApp, correo electrónico, llamadas y videollamadas en todo el país.
Los informes fueron remitidos a través de los distintos medios telemáticos a profesionales del derecho desde que la máxima instancia judicial implementó este servicio en el marco de la emergencia sanitaria. Los números referenciados fueron recabados tanto de la sede judicial de la capital como de las diferentes circunscripciones judiciales. En ese sentido, un total de 8.351 informes fueron remitidos vía mensajería instantánea (WhatsApp), 1.094 vía llamadas, 50 a través de videollamadas y 36 por medio de correos electrónicos.
Con respecto a la Corte Suprema de Justicia y sus diferentes salas, además del Consejo de Superintendencia, se logró proveer 1.107 informes vía mensajería instantánea (a través de los teléfonos habilitados por cada secretaría), 900 informes por medio de correos electrónicos (todos ellos pertenecientes al Consejo de Superintendencia) y 150 vía llamadas.
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El titular de la máxima instancia judicial informó a cada uno de sus colegas sobre la exitosa implementación del servicio de informes a profesionales del derecho. La autoridad judicial resaltó que en el corto tiempo que se implementó este servicio generó un gran impacto en los usuarios de justicia, lo que indica que el sistema funciona y es una posibilidad, con anuencia de la Corte Suprema de Justicia, que una vez superada la situación de pandemia del COVID-19 quede instalado como un servicio permanente que agilice el trámite y evite la aglomeración de personas en el Poder Judicial, incluso ya en una situación de normalidad sanitaria.
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Villa Hayes: juzgados de primera instancia ya tienen expediente judicial electrónico
El vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia y encargado de la implementación de las herramientas digitales, Alberto Martínez Simón, participó este martes del acto que habilitó el uso del expediente judicial electrónico en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Villa Hayes. Así informó el sitio web del Poder Judicial.
El acto contó con la presencia de autoridades judiciales locales encabezados por la presidenta del Consejo de Administración, Gisella Palumbo, y el representante del gabinete del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, Tomás Rocholl.
El ministro encargado del sistema, Alberto Martínez Simón, destacó que el expediente judicial electrónico “es una herramienta que nos proporciona agilidad y transparencia, que desde hoy empieza a funcionar en la ciudad de Villa Hayes”.
Por su parte, el juez Víctor Sánchez, mencionó que “el sistema aporta transparencia, rapidez y economía para las partes, entonces los profesionales pueden acceder a sus causas desde donde estén”. Esta actividad se da en cumplimiento del programa de digitalización de los órganos jurisdiccionales.
La implementación del trámite judicial electrónico para el juzgado de Primera Instancia, contribuirá a una mayor transparencia y celeridad en los procesos judiciales.
La puesta en marcha de esta herramienta digital se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, impulsado por la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de mejorar la gestión jurisdiccional, fomentar la transparencia y adoptar medidas que reduzcan el impacto ambiental derivado del uso de recursos impresos.
Es importante destacar que el equipo técnico de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTICs) gestiona y supervisa las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa que regula la implementación de esta herramienta digital.
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En la Circunscripción Judicial de Alto Paraná se presentó el informe de Gestión 2024
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, participó del acto de presentación del informe de gestión anual de dicha localidad, a cargo del Consejo de Administración encabezada por la presidenta, Juliana Giménez Portillo, y los vicepresidentes, Efrén Giménez Vázquez e Ibete Welter de Troes.
Durante las palabras de apertura, la camarista Giménez Portillo presentó a las autoridades nacionales y departamentales e invitados especiales, destacando los principales logros alcanzados durante el período 2024 en los aspectos de producción, calidad y celeridad de los servicios, así como los desafíos enfrentados y las perspectivas de futuro.
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Entre los principales objetivos se encuentran mejorar las condiciones para garantizar el acceso a la Justicia con la construcción de juzgados de Primera Instancia en diferentes localidades, en cooperación con las autoridades municipales de Naranjal, Minga Porã, Juan León Mallorquín y Santa Rita.
El ministro Diesel agradeció a todos los que, con su esfuerzo y compromiso institucional, constituyen el pilar fundamental para la excelente gestión que testimonia este informe. Extendió su gratitud a la presidenta y los vicepresidentes del Consejo de Administración, así como al personal jurisdiccional y administrativo.
Seguidamente, el Consejo de Administración entregó al ministro César Diesel una plaqueta de reconocimiento por su notable labor en el liderazgo como superintendente y en su función de enlace con la Corte Suprema de Justicia. Recibió la plaqueta de manos de la presidenta del Consejo, la doctora Juliana Giménez Portillo. Cabe señalar que esta actividad contó con el acompañamiento de la jefa de Gabinete del ministro César Diesel, la abogada Cynthia Rico.
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Inauguran Juzgado Penal de Garantías de Independencia, Guairá
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, y el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, ambos en carácter de superintendentes de la Circunscripción Judicial de Guairá, encabezaron este lunes 25 de noviembre el acto de inauguración oficial del Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Independencia, informo el sitio web del Poder Judicial.
La habilitación se realizó en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la institución en su plan estratégico de descentralizar la administración de Justicia, acercándola a los pobladores de esta región. En su discurso, el titular de la máxima instancia judicial, expresó que con la habilitación de esta nueva infraestructura se dotará a los usuarios de la zona de herramientas que garanticen el cumplimiento del orden jurídico y la paz social entre los pobladores más vulnerables.
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Por su parte, el ministro Ramírez Candia mencionó que la inauguración de esta sede judicial se dio mediante la gestión conjunta y coordinada de las autoridades municipales de la ciudad, los profesionales del derecho y el Poder Judicial. Subrayó que el hecho de contar con un Juzgado Penal de Garantías facilitará la gestión jurisdiccional en la localidad.
El juez designado para cumplir funciones es Porfirio Martínez, quien se comprometió a llevar adelante sus funciones en la judicatura con responsabilidad y honestidad y de esta manera cumplir con los fines de la Justicia.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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