Un interno de Tacumbú identificado como Ricardo Martínez, de 30 años de edad, fue imputado por presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso. El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Unidad Penal N° 3 del Sector 1, formuló la imputación.
El hecho ocurrió el sábado 20 de junio, en horas de la mañana, en el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, según las pesquisas. El Ministerio Público confirmó dicha situación.
La Fiscalía informó que el hecho se produjo en el sector del pabellón 5ta. alta. El ahora procesado le habría propinado una estocada a la altura del pecho a Alexis Riveros Ríos, quien falleció a causa de ello.
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Otro hecho similar ocurrió el miércoles a la madrugada. Rafael González González y Marcos Alexis Núñez provocaron la muerte de Juan Agustín Agüero Adorno (54) y Juan Agustín Agüero Osorio (30), padre e hijo, respectivamente. El médico forense Félix Colmán indicó que el hombre de 56 años recibió 18 puñaladas y el de 30 años de edad recibió 24.
Este hecho motivó que el agente fiscal Giovanni Grisetti formule imputación contra ambos por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso agravado. El crimen ocurrió en el transcurso de la madrugada del miércoles en el pabellón mixta alto de la penitenciaría de mayores.
Este hecho de homicidio doloso agravado, por la alevosía y el aprovechamiento de la indefensión de ambas víctimas, representa una expectativa de 30 años de pena privativa de libertad.
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Triple feminicidio: víctima presentaba “cortes en el cuello, un tajo profundo”, revela fiscal
La fiscal Alicia Fernández, que investiga el triple feminicidio en la zona de Capiatá, dio detalles de la autopsia de las tres personas y esta mañana tomará la declaración indagatoria al procesado.
“Él va a declarar en lo que va de la mañana y aunque se declare de la forma que se declare, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y de sostener cualquiera sea la manifestación de él”, señaló a la 1080 AM.
En el caso de la niña, se encontraron signos donde no es definitivo, pero hay sospechas de un “abuso sexual”. “Entonces, yo estoy obligada a abrir una investigación en ese sentido, para ver exactamente qué es lo que pasó. Y cuál es la situación real, si hubo un abuso o si son circunstancias de la anatomía simplemente del cuerpo”, expresó.
También se refirió al caso de la expareja del acusado, quien presentó un tajo profundo en el cuello y heridas en las piernas.
“Nosotros recuperamos objetos, armas blancas que estaban en la escena del crimen y parecían estar con sangre. Tanto así que en el caso de la mujer de 36 años, Ana Liz, tenía las heridas que le produjeron el traumatismo de cráneo encefálico con hemorragia en la base del cráneo, que es la causa de muerte”, relató.
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Según manifestó, de las tres víctimas, la expareja del presunto feminicida fue la que tuvo desprendimiento de masa encefálica.
“Entonces, por la forma y por el modo de las heridas, al parecer el martillo que nosotros incautamos en la escena del crimen es el que se utilizó para producirle las heridas a Ana Liz. Y también ella tenía un corte en el cuello, un tajo que iba de izquierda a derecha bastante profundo, y otro en la pierna, que también demuestra de alguna manera que hubo otra arma”, detalló.
Es difícil determinar la secuencia del crimen, pero se estableció como tiempo de la muerte entre 14 y 18 horas, conforme expresó. La agente del Ministerio Público adelantó que es inevitable el juicio oral y público, por la expectativa de pena prevista en la ley.
Expectativa de pena de cárcel
“Lastimosamente, en nuestro sistema judicial no se suman las penas, pero sí es una pena bastante alta que va de 10 a 30 años de pena carcelaria más medidas de seguridad”, remarcó.
Extraoficialmente, se sabe que el autor confeso del triple crimen es adicto, aunque no se tiene un estudio farmacológico. Sobre el punto, la fiscal informó que pidió como anticipo jurisdiccional de prueba la extracción de líquidos y cabello, para someterlos a estudios. “A partir de ahí vamos a tener información más certera”, mencionó.
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Fiscalía verificará misteriosa caja fuerte que transportaba avión incautado en Quyquyhó
El fiscal Óscar Fernández dio detalles de las investigaciones en torno a la avioneta incautada el día de ayer sábado en la ciudad de Quyquyhó y la misteriosa caja fuerte que transportaba. Llamó la atención las versiones dadas por los pilotos que alegaron que fueron secuestrados.
“Se comunica a las Fiscalía aproximadamente a las 17:00 horas y posteriormente nos constituimos en el lugar a los efectos de verificar el hecho. Y encontramos una avioneta en una compañía de Quyquyhó y estaban dos pilotos que manifestaron que salieron el aeropuerto Silvio Pettirossi con destino a Canindeyú, donde tenían que encontrarse con algunas personas. Al aterrizar ellos manifiestan que fueron secuestrados”, señaló a las 1080 AM.
Dijo que los pilotos declararon que fueron obligados a dirigirse hacia Bolivia, pero cuando indicaron a los secuestradores que no podrían llegar, tuvieron que hacer un aterrizaje en la ciudad de Quyquyhó.
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“Supuestamente ellos fueron maniatados, fueron llevados a una zona boscosa. Y a través de informaciones que pudieron brindar los vecinos, los policías se apersonaron y estas personas que tenían tono brasileño, huyeron. Y dejaron varias evidencias”, manifestó.
El agente afirmó que encontró “inconsistencias en la declaración de los pilotos”, por lo que se ordenó la detención, así como la incautación del avión y la caja fuerte. “Vamos a ver si en el trascurso de mañana podemos conseguir la autorización judicial a los efectos de verificar cuál es el contenido de la caja fuerte”, puntualizó.
El fiscal comentó que los pilotos mencionaron que se manejaban por intermediarios. “Hay unas empresas que fueron contratadas a los efectos de transportar esta caja fuerte. Pero ellos no sabían quiénes eran las personas, todo se manejó por intermediarios. Cuando fueron al lugar tampoco sabían quiénes eran las personas que tenían que recibir y ahí supuestamente fueron secuestrados. Ese es el testimonio de los pilotos”, acotó.
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Desmienten intento de motín en Tacumbú por nueva regla de visitas
Una escaramuza entre reos alertó este domingo a la seguridad del penal de Tacumbú, que rápidamente logró restablecer el orden dentro del reclusorio, según reportó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, descartando que se hubiera producido algún intento de amotinamiento.
El incidente se produjo en el sector denominado Rancho Alta, donde los reclusos exteriorizaron su disconformidad por la implementación de un nuevo sistema de seguridad que restringe el desplazamiento interno únicamente a quienes reciben visitas los domingos, según explicaron las autoridades del Ministerio de Justicia.
“Hubo una pequeña escaramuza por desacuerdo de un grupo de internos. Ningún inconveniente hubo, solamente una escaramuza que sucedió, nada más que eso”, señaló el comisario Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría Cuarta, que intervino inmediatamente en una discusión generada entre dos grupos internos, aunque “no pasó a mayores”.
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“Siempre ellos tienen sus reclamos, que por la visita, por la alimentación, por salir al patio. Son reclamos normales que no son cosas que tengan que pasar a mayores”, puntualizó el jefe policial.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia se aclara que “la situación fue abordada de inmediato por el equipo de seguridad del penal, logrando disipar las quejas y restablecer completamente el orden, la disciplina y el control”.
Así también se menciona que la jornada de visitas se desarrolló “con total normalidad, sin incidentes ni alteraciones. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad penitenciaria, la institucionalidad y el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para la convivencia dentro del sistema penitenciario”.
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Imputan a “Pai do Santo” por abuso sexual en niños en medio de rituales macabros
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que se presenta como “Pai de Santo”, figura conocida como guía espiritual dentro de algunas sectas religiosas brasileñas, fue imputado por la fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, por los hechos de abuso sexual en niños, actos sexuales de menores de edad y violación del deber de cuidado.
De acuerdo al escrito de imputación, los indicios apuntan a que, entre enero y junio de 2025, en un inmueble ubicado en el km 14 de Minga Guazú, una especie de templo, el ahora imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de dos años a ritos en medio del consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo.
Asimismo, atribuye al presunto guía espiritual haber realizado actos sexuales en diversas ocasiones, entre los años 2020 y 2021, con un niño de 9 años. Otra sospecha data de 2021, cuando el encausado habría realizado actos sexuales con un adolescente que tenía entonces 15 años.
Las agresiones, que se produjeron en Minga Guazú y Hernandarias, habrían comenzado con el agresor tocando a los menores de edad hasta llegar a actos sexuales más violentos.
La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos mediante una denuncia radicada por una persona, quien relató su participación en un culto con el supuesto “Pai de santo” y rituales con consumo de sustancias, agresiones y la exposición de menores. Los relatos realizados por la madre de una de las víctimas son terribles.
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En el marco de la investigación, las víctimas fueron asistidas por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ocasión en que relataron crudamente los abusos sexuales sufridos. Asimismo, el diagnóstico del médico forense determinó que los menores fueron violentados sexualmente.
La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva del imputado debido al peligro de fuga y a la posible obstrucción de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la familiaridad del imputado con las víctimas.
El nombre del imputado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas menores de edad, una de ellas incluso es su hija pequeña de dos años, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.