El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició sin suspensión en sus funciones a la jueza en lo Civil de la capital, Tania Irún, tras existir fuertes sospechas de mal desempeño en sus funciones al beneficiar supuestamente con 310 mil hectáreas de tierras a empresas extranjeras, violando así la ley de territorialidad que prohíbe entregar tierras a firmas del exterior.
Asimismo, se designó a la abogada Rocío Vera como fiscala acusadora, es decir, será la responsable de revisar la actuación de la criticada magistrada en el caso caratulado como “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.
Los integrantes del JEM, Enrique Bacchetta, como presidente, Eusebio Alvarenga y Manuel Ramírez, votaron por el enjuiciamiento y la suspensión de Irún, mientras que Adrián Salas, Cristian Kriskovich y David Rivas votaron solo por el enjuiciamiento sin suspensión. También el miembro Fernando Silva Facetti votó por la absolución.
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El caso se trató por pedido del ministro de la Corte e integrante del JEM, Manuel Ramírez Candia, quien expuso varios motivos por los que debería ser enjuiciada y suspendida en sus funciones la jueza Irún. Asimismo, el propio Bacchetta, al momento de votar explicó que se trata de una grave actuación de la magistrada y existen suficientes elementos para poder iniciar su enjuiciamiento. Al momento de realizar la votación, solo se llegó a los números para que Irún sea enjuiciada sin suspensión en sus funciones.
Con la determinación adoptada por el JEM, Irún deberá analizar bien todos los casos antes de resolver cualquier situación que no se ajuste a la ley.
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Reforma busca descentralizar funciones del sistema de transporte y mejorar servicio
Luego de un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público quedó con media sanción aprobado con modificaciones a la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo. La normativa busca descentralizar las funciones del sistema del transporte lo que permitirá mejorar el servicio.
Al respecto, el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado y presidente de la Comisión de Obras Públicas aseguró que, durante todo el proceso de estudio del proyecto de Ley, el usuario ha sido el centro de atención con el único fin de que pueda sentir en poco tiempo las mejoras en el servicio del transporte público.
Mencionó que tras el debate durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la fecha quedaron aprobados los 122 artículos que contempla la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo para la transformación del sector. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
Remarcó que se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones de los distintos sectores y las condiciones laborales de los trabajadores del sector transporte están garantizadas y no existe ningún vacío legal, ni ningún punto que se pueda reclamar. Recordó que el Código Laboral cumple con el 100 % de las condiciones y lo mismo se cumplirá con las nuevas normas de contrataciones.
“Este proyecto lo que busca es descentralizar las funciones, es por eso que se establece un sistema que sea más controlable en las diferentes etapas del sistema del sector transporte. Creemos que va a mejorar considerablemente la calidad del servicio, la calidad de los ómnibus; el usuario debe percibir esos cambios, ya que ha sido durante todo el proceso de estudio se puso al usuario como centro del proyecto de ley”, enfatizó.
Asimismo, explicó que la reforma prevé durante un proceso de 4 años, donde el Estado estima en este primer año una inversión de 50 millones de dólares para la transformación inicial del sistema. No obstante, explicó que aún desconocen cómo se llevarán a cabo esos procesos licitatorios.
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Incluyen trazabilidad
En tanto, la senadora colorada Blanca Ovelar, logró que el plenario le acompañará en su propuesta de trazabilidad para brindar mayor transparencia al proceso de reforma. Indicó que se debe garantizar la trazabilidad de la información.
“Los ciudadanos deben tener acceso a las informaciones, los datos sobre tarifas. Aquí debemos garantizar la trazabilidad de la información. Cuando se deciden cosas sobre el ciudadano, el ciudadano debe saber cuál es el origen de todo eso, y cuando surgen denuncias deben saber dónde se deriva, en cuánto tiempo va a tener una respuesta” explicó.
Resaltó que por lo menos se logró incluir dentro de la propuesta los conceptos, pero que ya será luego la forma de aplicación de la reglamentación.
Respecto al tema de fideicomiso, señaló que no afecta lo que está establecido en el Código Laboral, ya que el fideicomiso no tiene nada que ver con los contratos laborales y que eso se explicó en el plenario.
“Lo que explicó el presidente de la comisión de Obras, es que el fideicomiso no reemplaza a las empresas, solamente reemplaza el papel del Estado en la provisión de los recursos, que hoy se otorga en forma de subsidios. Entonces, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras del servicio”, acotó.
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Inician sumario contra fiscal que liberó a presunto feminicida
La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.
La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.
El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.
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La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.
JEM
Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.
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Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un intérpretes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como caos jurídico, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña.
“La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.
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Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Abog. Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un interpartes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como CAOS JURÍDICO, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña. “La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.