Un Tribunal de Sentencia condenó a 20 y 30 años de cárcel a tres personas tras ser encontradas culpables por el homicidio del abogado Américo Ayala Benítez, crimen ocurrido en diciembre del 2017 en Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.
Los sentenciados son Fabio Andrés Pineda, Sergio Denis Arzamendia, quienes recibieron 25 años de cárcel más 5 de medida de seguridad, mientras que Hugo Richard Villalba fue condenado a 20 años de cárcel tras ser encontrados culpables por homicidio doloso. Los sentenciados cuentan con antecedentes por otros hechos punibles.
La fiscala Analía Rodríguez representó al Ministerio Público y demostró la responsabilidad de los acusados, mediante la producción de suficientes elementos de prueba. De acuerdo con los datos, el homicidio se produjo a raíz de un entredicho surgido entre Américo Ayala y su cliente Fabio Andrés Pineda, por el pago de honorarios profesionales.
El ataque criminal se produjo el 16 de diciembre del 2017, a las 00:15 aproximadamente, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San Roque de Presidente Franco. En aquella oportunidad, los tres hombres irrumpieron en la casa del abogado, portando subfusil 5.56 y pistola 9mm.
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Ayala Benítez fue sorprendido cuando se encontraba recostado en un colchón en el corredor de la vivienda, junto con su esposa Milca Ayala. Seguidamente, Hugo Villalba procedió a empujar a la mujer para apartarla del lugar y luego sostuvo a la víctima boca abajo, mientras Pineda y Arzamendia le dispararon 11 balazos, que le provocaron la muerte casi en forma instantánea.
Tras consumar el asesinato, los autores huyeron del lugar. Sin embargo, en prosecución de la investigación todos ellos fueron detenidos y hoy recibieron la sanción penal. El Tribunal tuvo en cuenta el pedido de la Fiscalía para dictar el fallo condenatorio y votaron por la pena impuesta finalmente.
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Condenan a dos personas a 10 años de cárcel por robar un camión Scania
Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.
La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.
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Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.
Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.
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Informe de Ostfield contra Cartes: “Expone toda la persecución política”, afirma Ovelar
“Esta filtración es reveladora y demoledora para todo lo que ocurrió en Paraguay, expone toda la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la asociación criminal montada por el expresidente de la República y el exembajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras la filtración de un documento interno de la embajada en Asunción, enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria.
“Un embajador lo que desarrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestiones internas. Lo más condenable en esta conducta no está solo en lo que el exembajador hizo o quiso hacer, sino en todo lo que le acompañaron. Tenía una hinchada de medios periodísticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Cartes”, afirmó Ovelar, este viernes, en una nota con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El documento fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de comunicación como Diario de las Américas (Estados Unidos), en noviembre de 2024; Clarín y Periodismo y Punto de Argentina, en enero último. El relatorio elaborado por Ostfield fue promovido en base a datos sesgados, con medias verdades y manipulaciones, calificando a Cartes como un político corrupto y vengativo.
“Este informe señala una intromisión y violación del convenio de Viena, un direccionamiento de los ataques al sector colorado y en especial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del liberal Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, refirió Ovelar.
Permiten defensa a Abdo, negada a Cartes
“Acá los senadores deben reflexionar, ellos no estarán condenando absolutamente a nadie al enviar a la justicia a Mario Abdo y que este tema sea debatido. Abdo Benítez no tiene ninguna limitación para el ejercicio de su defensa, cosa que sí ocurrió con Cartes que no tuvo la oportunidad dentro de un debido proceso. Si hay algún hecho nulo, lo probarán y será resuelto en las instancias correspondientes”, comentó Ovelar a Nación Media.
Esto ante las trabas impulsadas por senadores opositores y del movimiento Fuerza Republicana en obstaculizar la labor de la justicia al no despojar a Mario Abdo de sus fueros como senador vitalicio. “Están dándole un blindaje ante las evidencias que hoy saltan, son señales evidentes de una persecución política que hizo Abdo contra sus adversarios utilizando nada más y nada menos que al exembajador de Estados Unidos en Paraguay para el efecto. Realmente son circunstancias muy graves que deben ser evidenciado en un juicio”, sentenció.
Caso Seprelad
Esta asociación criminal obligó a Cartes a impulsar una denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima mediante la instrumentalización de las instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El esquema fue impulsado desde el 2018, y se acentuó en el marco de las elecciones internas del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.
Las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público derivó a la imputación de Mario Abdo y sus leales, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
El informe de Ostfield
Marc Ostfield fue echado de la embajada estadounidense en Asunción, el 20 de enero, por el gobierno de Donald Trump, luego que la cancillería paraguaya reclamara, en agosto de 2024, acelerar su salida por generar una crisis bilateral debido a su “activismo diplomático”. El exembajador llegó al país en marzo de 2022, y apenas cuatro meses convocó a su primera rueda de prensa para anunciar sanciones contra adversarios políticos de Abdo Benítez, en plena carrera para las elecciones internas del Partido Colorado.
Diario de las Américas publicó esta transcripción del documento atribuido a Ostfield, el cual “describe parte del proceso de la toma de decisiones para emitir las sanciones por parte del diplomático norteamericano”, señala el material periodístico firmado por Jaime Garvett.
“Tengo información oficial desde el Departamento del Tesoro, donde da cuenta que la empresa paraguaya Tabesa (Tabacalera del Este S.A.) presentó documentos solicitando habilitación para operar en el sistema financiero norteamericano. Así también recibí datos de que la empresa sostiene que el señor Horacio Cartes se retiró de la misma dentro del plazo establecido por la OFAC, vendiendo sus acciones a la misma sociedad, lo cual le produce importantes ingresos financieros”.
“Percibo que esta operación fortaleció económicamente al señor Cartes, pues desde el inicio de este período de gobierno (del presidente Peña) ha sobornado a más de 30 parlamentarios, entre miembros de la Cámara de Representantes y senadores, para que sean afines a su línea política, apoyando al gobierno, al partido Colorado, del cual es presidente, y también perseguir a opositores como a la senadora Kattya González, quien fue expulsada del congreso por pedido del señor Cartes y de un grupo llamado Comando de Honor Colorado, donde se toman las decisiones importantes a nivel político y de gobierno”.
“Es importante señalar que el señor Cartes es vengativo con sus adversarios políticos, identificando al ex presidente Mario Abdo Benítez como el principal. Es así que a través del abogado Pedro Ovelar, sobornó a dos fiscales (Cantero y Grisetti) para conseguir su enjuiciamiento penal como también de otros exsecretarios, todos colaboradores de nuestro gobierno”.
“También es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a éste embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.
“En todos los ámbitos de la sociedad del Paraguay, se tiene la percepción de que el verdadero poder del país radica en el señor Cartes y su gran poder económico, razón por la que recomiendo a nuestro gobierno, tomar medidas más fuertes en contra del señor Cartes y sus empresas, pues él constituye un peligro para la democracia en Paraguay. Así también en un informe próximo elevaré una lista de sus principales colaboradores políticos a fin de recomendar medidas significativas respecto a ellos”.
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Condenan a 21 años de cárcel a un abusador serial
Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristian González condenó a 21 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable del delito de abuso sexual en niños. Las víctimas son tres sobrinos del hoy sentenciado. El condenado ya fue sentenciado a 14 años de pena privativa de libertad por otro caso de abuso sexual en niños.
Tras la sentencia, la fiscala Claide Acosta señaló que “terminamos el juicio oral y público por el caso de abuso sexual en niños, donde el Ministerio Público solicitó la pena de 21 años de cárcel en un caso sumamente grave donde las víctimas fueron tres niños”, explicó.
“El tribunal colegiado encontró culpable al acusado y condenó a 21 años de cárcel, conforme a los testigos y las pruebas documentales ofrecidas durante el juicio oral”, manifestó.
Acotó igualmente que “las víctimas de este grave caso son tres niños entre 6 y 12 años, sobrinos del hoy condenado. Este hecho se registró en una convivencia de familia ampliada porque vivían todos en un inmueble y penosamente surge esta situación que fue denunciada en el año 2022″.
“Se realizó un amplio trabajo con profesionales psicólogos médicos forenses y se abarcó todos los campos y se pudo probar el hecho que es lo importante”, indicó la representante del Ministerio Público.
Igualmente Acosta sostuvo que “dado el temor debido a que las víctimas recibían amenazas los niños lograron contar el hecho en el ámbito escolar y luego se comunicó al Ministerio Público donde se inició la investigación que terminó con la alta condena para el acusado”.
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Condenan a 19 años de cárcel a una mujer que asesinó su empleadora
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro condenó a 19 años de cárcel a Ydolvina González de Bogarín luego de ser encontrada culpable por el homicidio de Ada Estela Gaona Vda. de Aguilera. El terrible suceso ocurrió en abril del año 2022 en el barrio Tacumbú de la capital.
La hoy condenada fue empleada doméstica en la casa de la víctima durante los fines de semana. De acuerdo a los elementos presentados en juicio, la condenada asesinó a la mujer por asfixia mecánica tras maniatarla, además de propinarle golpes.
La víctima fue encontrada sin vida, fuertemente atada y amordazada. En una aparente maniobra para desviar la investigación, la acusada también se presentó atada, pero de forma burda y poco convincente, lo que desde un principio generó sospechas entre los investigadores.
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El fiscal Hernán Mendoza logró demostrar la responsabilidad de la acusada con la presentación de varios testimonios, entre ellos el de la señora Emigdia Cárdenas de Bareiro, quien al llegar al lugar de los hechos encontró la escena del crimen y junto a una vecina, ayudó a desatar tanto a la víctima como a la acusada.
El caso generó conmoción en el barrio Tacumbú, por la relación de cercanía entre víctima y victimaria. El Ministerio Público y la querella adhesiva solicitaron la pena máxima prevista por la gravedad del crimen y la relación de confianza rota, pero finalmente el tribunal colegiado condenó a 19 años de cárcel.
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