El abogado Jacinto Santamaría, representante legal de la exviceministra de Tributación, Marta González, quien querelló por difamación a la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano, se refirió sobre la publicación del citado medio que intenta desviar la atención sobre el presente juicio oral.
Santamaría fue contundente al señalar: “Abc Color debería dejar de tratarnos como imbéciles al pretender hacernos creer que es sospechosa la celeridad con que se maneja un juicio, cuyo inicio lleva ya casi un año de retraso, fue postergado en tres oportunidades y cuya nueva fecha fue decidida por el juez de la causa veinticuatro días después que la Cámara de Apelaciones, por unanimidad, haya rechazado la última chicana promovida por los acusados”, expresó el referido profesional del derecho.
Asimismo, el abogado querellante manifestó: “luego de haber sufrido cuatro derrotas judiciales consecutivas en su aventura chicanera, luego de haber movilizado y obtenido, aunque sin ningún resultado positivo, el apoyo de sus amigos propietarios de medios del exterior, luego de haber mentido descaradamente al invocar una inexistente postura institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que supuestamente había calificado nuestra querella como ataque contra la libertad de expresión, y luego de haber agotado su frondoso repertorio de falsas acusaciones contra la exviceministra de Tributación Marta González Ayala, ahora Abc, en su desesperado intento de impedir una vez más el inicio del juicio oral, ha emprendido una nueva campaña ruin, canallesca y cobarde, con la evidente intención de tratar de confundir y amedrentar, en lugar de someterse al juicio y ejercer allí su defensa, como corresponde”.
Finalmente, consultado sobre la afirmación de Abc de que políticos estarían detrás de este caso, señaló: “Nosotros jugamos de frente, no tenemos nada por detrás. Por eso queremos un juicio transparente que sea transmitido en directo por todos los medios que quieran hacerlo, para lo cual ya hemos pedido formalmente la autorización correspondiente”.
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Informe de SIP: ABC tergiversa al pintar a Paraguay como país con censura
El diario Abc, inmerso en una campaña de desinformación y tergiversación en contra del actual gobierno, ha publicado que el documento presentado días pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es totalmente desfavorable para la libertad de prensa y expresión en el Paraguay. La publicación, con intención de desinformar, contradice el informe de la SIP al pintar una realidad diferente de nuestro país.
El medio de comunicación, perteneciente a un grupo económico señalado por el presidente Santiago Peña en el caso de irregularidades del fideicomiso del IPS, precisamente en la misma semana del informe de la SIP, ha intentado forzar la presencia de Paraguay en una categoría inferior a la que el propio organismo de prensa continental lo ha colocado.
La desinformación, cuando responde a una estrategia y unos objetivos de desestabilización, pone en riesgo, no solo a los valores sino a las propias instituciones democráticas.
Variables del índice
La “actuación del Estado contra la desinformación” es una de las cuatro variables que compone el Índice de Chapultepec, de libertad de expresión y prensa, y es precisamente esa variable la que otorga uno de los valores más bajos que tiene Paraguay en dicho informe.
De todas maneras, la sumatoria total de los valores que componen el informe de la SIP, posicionan a nuestro país entre los llamados “en restricción”, el tercero en la escala de 5, junto a países como Argentina, Panamá o México y no como menciona el diario del grupo Zuccolillo, “en alta restricción”, el peldaño antes de caer en el grupo de países de corte totalitario como Venezuela, Cuba o Nicaragua.
El periodismo en Paraguay, siempre según ell informe de la SIP, se mantiene en la línea media o por encima de ella, en una “ciudadanía libre y con libertad de informarse”, en el “flujo de la información” y en “libertad de expresión”, las otras tres variables que componen la medición del Índice de Chapultepec.
Los cuestionamientos de la SIP hacia nuestro país, se reducen a la aplicación de leyes que se consideran restrictivas pero no hace mención a acciones desde el Poder Ejecutivo como si suceden en casos del grupo ALTA RESTRICCIÓN, en el que Abc insiste en colocar a nuestro país.
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CUESTIONADA PUBLICACIÓN
Sin dudas que en materia de legislación, existen muchas cuestiones pendientes de ajustar y es por eso justamente que en las redes sociales, cuestionaron la postura del medio de los Zuccolillo, al publicar lo que se puede considerar “fake news”, como se ya se acostumbra a llamar a las noticias falsas propaladas en medios de comunicación y en redes sociales.
Uno de ellos, el periodista y catedrático José “Pepe” Costa, pidió al medio en cuestión que brinde alguna explicación por la publicación, que considera con intención de desinformar o bien que el redactor “parece haberse equivocado”, según publicó en su cuenta de X.
“Pero Abc parece haberse equivocado. O quien redactó no leyó bien el informe, o hay intención de desinformar. El título dice algo q no reflejan el informe ni el cuadro. Supongo que habrá alguna aclaración ¿O no?”, publicó Costa.
El informe consta de cinco categorías y en la primera, la más alta, se encuentra en solitario Chile, y en la categoría BAJA RESTRICCIÓN, aparecen países como EE. UU., Brasil y Uruguay.
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Abc antes alababa a la CBI, ahora la trata de “garrote”
El diario Abc Color se ha dedicado de forma insistente en las últimas semanas a atacar a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y a los parlamentarios que la conforman, alegando que la misma será utilizada como “garrote” contra el periodismo. Sin embargo, el mismo multimedio alababa a las comisiones de esta índole hasta hace no mucho tiempo. Casualmente, los organismos parlamentarios anteriores “olvidaron” los casos que duermen en Fiscalía y que afectan a empresas del grupo Zuccolillo, propietario de Abc.
- Unidad de Investigación Nación Media
“Cambia, todo cambia”. Ese podría ser el resumen ideal para el cambio de posturas con los que habitualmente se maneja el multimedio Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, grupo empresarial que es dueño también de varias otras firmas como banco Atlas, salpicado por casos de lavado de dinero en reiteradas oportunidades.
Abc Color defendió a capa y espada entre 2022 y 2023 los trabajos realizados por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), presidida por el entonces senador y excandidato opositor a la Vicepresidencia de la República, el luguista Jorge Querey.
No hace falta más que una revisión rápida de la web del multimedio para toparse con numerosos artículos, videos y entrevistas de audios en los que resaltaban las “revelaciones” de la CBI y los constantes pedidos de que la Fiscalía actúe en base a esos informes. Claramente, los documentos apuntaban a varios de los enemigos políticos del grupo Zuccolillo, entre ellos el expresidente Horacio Cartes.
Sin embargo, desde que el actual Congreso instaló una nueva CBI para volver a investigar los casos de lavado de dinero, un flagelo que afecta directamente a la calidad de vida de los paraguayos, el grupo Zuccolillo decidió que la otrora herramienta constitucional ahora era una “comisión garrote”.
Este cambio se evidenció en los materiales publicados en las últimas semanas y en las extensas notas atacando no solo a la CBI de lavado de dinero, sino a sus componentes y armando el discurso de la supuesta “persecución” a la “prensa libre” que dice representar de forma casi exclusiva el diario de la calle Yegros.
¿A QUÉ LE TIENE MIEDO ABC?
La realidad es que el temor de Abc no se basa en la persecución al periodismo o las voces disidentes, sino en los negocios de los propietarios de su grupo empresarial. En particular, del banco del grupo, Atlas, que tiene varios casos que duermen en la Fiscalía.
Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, considerado como el mayor narcotraficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus operaciones, aparece un millonario préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.
El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realizaría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.
En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Biocombustible Brasileño (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto tractorista.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
CASI CONSIGUIERON REMATE
En el contexto de las clásicas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotraficante.
El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, destacando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
Con esta maniobra judicial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.
Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recuperar activos del crimen organizado y abriendo la puerta a que en el futuro, procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.
EL MAYOR LAVADOR
En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la entonces ministra de la Senabico Teresa Rojas, había confirmado que Cabeza Branca superaba el nivel de inversión del también brasileño Darío Messer.
CONVOCAN A PERIODISTA DE NM QUE INVESTIGÓ SOBRE ONG
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, a su próxima reunión marcada para este lunes 23 de setiembre, a las 15:30, que tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores. De acuerdo a la nota firmada por el titular de esta mesa de trabajo, el senador Dionisio Amarilla, señala que el motivo es compartir sus experiencias, opiniones y datos que guarden relación con la administración de los fondos por parte de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que pudieran incidir en la gobernanza del Paraguay.
Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. La Unidad de Investigación a cargo de Rossana Escobar destapó varios casos que involucran a organizaciones no gubernamentales (ONG) y su manejo discrecional en cuanto al dinero administrado, el origen y el detalle de los destinos de recursos que provinieron tanto del Estado como de organismos internacionales. También fueron convocados a esta reunión el periodista Enrique Vargas Peña, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos.
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Tío Rico irá a juicio oral y a prisión de máxima seguridad
El acusado Miguel Ángel Insfrán alías Tío Rico enfrentará un juicio oral y público por el delito de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Así lo resolvió la jueza Rosarito Montanía al elevar el proceso a un juicio.
La resolución de la jueza se dio a conocer luego de la audiencia preliminar que se realizó durante varios días. En el presente caso igualmente está procesado y también deberá enfrentar una audiencia preliminar el pastor José Insfrán.
Asimismo la referida magistrada ordenó vía oficio que Tío Rico sea trasladado al penal de máxima seguridad de Minga Guazú. De esta manera, abandona la cárcel militar de Viñas Cué luego de varios años de estar privado de su libertad en dicha sede penitenciaria.
El Ministerio Público acusó a Tío Rico por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y enviarla al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak fue quien estuvo al frente de la investigación y solicitó que el proceso se discuta en un juicio oral y público.
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Otros acusados en A Ultranza Py
Las nueve personas que enfrentarán juicio oral por tráfico de drogas y algunas por lavado de dinero son el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Conrado Insfrán hermano de Tío Rico, Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González Zárate, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Noelia Colmán y Alberto Koube Ayala.
Condena abreviada
Varios de los acusados por la Fiscalía lograron ser beneficiados con procedimiento abreviado y recibieron sus respectivas condenas por lavado de dinero y asociación criminal en calidad de autores. Las penas dictadas contra los citados más arriba van entre dos años y medio y tres años y medio.
Acusación
La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Miguel Ángel Insfrán Galeano posee una trayectoria delictiva desde principios del 2000, se habría iniciado en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción. Estas actividades le permitieron establecer contactos con organizaciones criminales radicadas en Bolivia, ya que en esa época este país era un destino habitual para la comercialización de los vehículos robados en Paraguay.
Fue detenido en febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, posteriormente fue extraditado a Paraguay en el marco del mayor operativo antidrogas denominado A Ultranza Py, que fue lanzado en febrero de 2022. La investigación previa que desembocó en el operativo se inició a fines de 2019 con una duración de 27 meses y para el éxito de este despliegue participaron el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgrtid).
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Comisión Bicameral antilavado no irá por un caso en particular, asegura Chase
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, aseguró que la Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero, que debe ser conformado en el Congreso Nacional, no irá por ningún caso en particular como pretende instalar el medio de comunicación Abc Color. La preocupación de este medio se basa en el caso Banco Atlas – Conmebol, y alega que con esta comisión pretenden “callar” al medio.
“No es como se dijo, que es una comisión para analizar un caso en particular, principalmente se referían a Atlas y Abc, yo creo que esa comisión va a ser bastante amplia y se presentarán los temas que deban ser estudiados, pero no hay un solo tema, ni hay una dirección, así como se habló”, aseveró el legislador a periodistas en el Senado.
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Agregó que, si bien existe una denuncia en la instancia judicial, el objetivo no es tratar ese caso puntualmente. “En ningún caso va a existir esa posibilidad que se vaya contra un medio de prensa, si bien hay una denuncia en el proceso que incluye a uno de los bancos que está relacionado a un medio, no es estrictamente objeto de esa comisión o que se trate ese tema en particular”, refirió.
Sin embargo, mencionó que, si algún legislador proponte tratar el caso en la Comisión Bicameral, no se puede impedir que sea estudiado la denuncia de la Conmebol contra el banco Atlas. Aseguró que todos los pedidos serán tratados de la misma manera.
“Hay algunos senadores que podrían pedir a través de esa comisión algún informe, pero no es ese el objeto principal. Si existe un pedido de los senadores de que se pida informe y que se analice ese punto así debería ser, pero no es ese el objeto de la comisión”, explicó.
Por otra parte, recordó que la Comisión Bicameral solo podrá emitir un dictamen con respecto a los casos que analice y posteriormente remitir a las instancias correspondientes. “La comisión solo puede hacer el análisis y remitir al estrado judicial, a la fiscalía y el poder judicial, no va a tener una potestad de sancionar ni tomar ninguna medida judicial de motus propio”, sentenció.
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