El agente fiscal Darío Villagra formuló imputación contra Arsenio Reinaldo Romero, por la supuesta comisión del hecho punible de coacción sexual y violación en grado de tentativa, por ser sospechoso de la violación a una mujer de 90 años de edad. Además, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías que declare la rebeldía y se solicite la orden de captura judicial.
Asimismo, el fiscal pidió la prisión preventiva para el imputado. Cabe resaltar que el hecho no fue consumado mediante la intervención de los familiares que se percataron de las intenciones del hombre. Tras la inspección médica, se constató que la mujer no sufrió daños físicos severos.
Según los antecedentes, el 8 de agosto, en la compañía Caazapá de Carapeguá, Arsenio Reinaldo Romero habría intentado someter sexualmente a la mujer. Para ello habría puesto un trapo en el cuello de la víctima, ocasionándole lesiones.
Se trata de una mujer de 90 años que vivía sola en su domicilio. La mujer aparentemente fue víctima de un intento de abuso sexual. El supuesto autor sería un vecino que ingresó a su vivienda totalmente alcoholizado.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
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Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
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La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
- alteración de datos
- acceso indebido a sistemas informáticos
- alteración de datos relevantes para la prueba
- lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
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Fiscal imputa a principal sospechoso en el caso de homicidio de la niña de Isla Sakã
El fiscal Carlos Germán Ramírez formuló imputación contra Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento.
Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasladándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El sospechoso que está detenido negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal. Entre los elementos que sustentan este pedido se menciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condicional al momento del hecho.
La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.
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Caso Duck Sex Games: piden juicio oral para Luis Augusto Montanaro
La agente fiscal Diana Gómez presentó acusación y solicitó que la causa penal se eleve a juicio oral y público el caso que enfrenta el empresario Luis Augusto Montanaro, quien presuntamente compartió imágenes y videos de carácter íntimo-sexual sin consentimiento de la víctima, a través de distintas plataformas. La acusación fiscal es por lesión del derecho a la comunicación y la imagen.
Ahora la jueza de Garantía, Alicia Pedrozo, deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar en la que se tendrá que estudiar si corresponde que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
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Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento, imágenes sexuales, además de producir y transmitir material violando la intimidad de las personas en el caso conocido como Duck sex game.
Juicio oral de Montanaro
Semanas atrás la jueza penal de Garantía, Cynthia Lovera, resolvió elevar a un juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado por coacción por enviar un arreglo de flores a la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investigaba la causa penal contra Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Asimismo, el colegiado deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
En su momento, el fiscal Federico Delfino presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción en la que la víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por la cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.
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