Un hombre que habría asesinado de 76 puñaladas a una mujer en el 2018, en la zona de Santa Rita, afrontará próximamente juicio oral y público. Se trata de Jorge Luis Giménez Barboza, quien fue acusado por la fiscala María del Carmen Meza por el hecho punible de homicidio doloso. El juzgado penal de garantías de la zona, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera, resolvió elevar la causa a juicio.
Según los antecedentes, el crimen había ocurrido el 14 de diciembre del mencionado año en horas de la mañana, en una vivienda del barrio Bella Vista, resultando víctima fatal Adjane Débora Bar. En aquella oportunidad, la mujer se encontraba cuidando de su hija pequeña de apenas 5 meses, mientras el marido se fue al trabajo. En un momento dado, el presunto criminal ingresó a la casa ajena pensando que nadie estaba en el lugar.
De inmediato, la dueña de casa reclamó su actitud sospechosa a Giménez Barboza, quien era concubino de una exempleada de la víctima. El acusado presumiblemente por temor a ser denunciado ante las autoridades, atacó a la mujer con un cuchillo y le aplicó heridas por todo el cuerpo, totalizando 76 puñaladas. Luego le arrojó una máquina de escribir por la cabeza. El brutal homicidio ocurrió frente a la hija pequeña, según la investigación fiscal.
Tras el crimen, el presunto autor escapó rápidamente del lugar mientras que la víctima quedó en el interior de la casa con su bebé. Recién a las 9:45 el cuerpo fue hallado por su hermana quien inmediatamente dio aviso a la Policía.
En prosecución de la pesquisa, el supuesto homicida fue detenido, puesto a disposición de la justicia, siendo procesado y formalmente acusado. Todas las pruebas ofrecidas por la fiscala fueron admitidas por el juzgado y próximamente Giménez Barboza será juzgado en un juicio oral. El mismo se expone hasta a 30 años de pena carcelaria, considerando la gravedad del hecho.
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Colombia: proceso judicial de Álvaro Uribe tendrá fallo tras 13 años
Uno de los políticos más poderosos del siglo en Colombia, el expresidente derechista Álvaro Uribe, sostiene desde hace 13 años una batalla legal contra Iván Cepeda, el senador de izquierda que se propuso llevarlo ante los estrados judiciales por sus presuntos vínculos con paramilitares.
El popular exmandatario de 73 años está a horas de conocer este lunes el veredicto de una jueza sobre un caso de manipulación de testigos que destapó Cepeda, su piedra en el zapato desde 2012. Estas son las fechas clave del proceso en el que Uribe, que defiende su inocencia, está imputado por soborno y fraude procesal:
2012: Los debates
Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un combatiente de esos escuadrones de ultraderecha que paga en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.
Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos.
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2014: Popularidad vigente
Uribe, muy popular como presidente por debilitar militarmente a las guerrillas, es elegido con una votación histórica como congresista.
2018: Bumerán y renuncia
La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y por el contrario abre una pesquisa contra Uribe. Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj.
El 17 de junio Iván Duque, delfín de Uribe, gana el balotaje presidencial. A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.
La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario. Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba.
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2019: La indagatoria
Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está “muy preocupado y angustiado”. Miles marchan en las calles a favor y en contra del expresidente.
La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: “proceda, doctor Diego”.
El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.
2020 y 2021: Preso #1087985
El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente “secuestrado”. Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia.
Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El ente investigador pide su libertad y un juez se la concede en octubre.
Cadena también es arrestado, pero recobra la libertad en 2021.
Ese año el fiscal a cargo del caso pide archivar la investigación contra Uribe al determinar que no existen pruebas suficientes y sus actos “no tienen la característica de delito”.
2022 y 2023: La negativa
Gustavo Petro, archienemigo de Uribe, se convierte en 2022 en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia.
En la misma semana de su investidura, Cadena vuelve a ser detenido cuando intentaba salir del país.
Ese año y en 2023 la justicia niega tres pedidos de la fiscalía para que se archive el caso.
2024: El juicio
Uribe es llamado en abril a juicio y asegura que se trata de una “venganza política”.
El juicio arranca en mayo y la fiscalía lo acusa formalmente por los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal.
En paralelo su hermano Santiago Uribe es absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.
2025: El fallo
La fiscalía pide que sea condenado ante las pruebas “concluyentes” de su participación como “determinador de las conductas” por las que fue acusado.
El 8 de julio la jueza termina de escuchar a más de 90 testigos y fija este lunes como la fecha para la lectura del fallo.
Fuente: AFP.
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General brasileño planeó asesinar a Lula da Silva
Como parte de las investigaciones acerca del supuesto intento de golpe de Estado en enero de 2023, el general de la reserva del Ejército brasileño, Mário Fernandes, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil ser autor de “Puñal verde y amarillo”, un documento en el planeaba el asesinato de varios altos dirigentes que incluía incluso al presidente Lula da Silva, el juez Alexandre de Moraes y el vicepresidente Geraldo Alckmin.
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El militar explicó que el texto fue redactado e impreso en el Palacio del Planalto, lugar en el que prestaba servicio en ese momento, pero agregó que “fue destruido inmediatamente y jamás fue compartido con nadie”.
También se excusó diciendo que el archivo “era solo una idea digitalizada” tras las elecciones de 2022 em las que el actual mandatario Da Sila resultó vencedor ante su rival Jair Bolsonaro.
“Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado”, declaró según se hace eco el medio RT.
Los investigadores de la Policía Federal concluyeron que el plan fue redactado por Fernandes en noviembre de 2022, apenas un mes después de que se conociera el resultado electoral que favoreció a Luiz Inácio Lula da Silva.
Y más, este plan fue debatido por militares en la vivienda particular del general Braga Netto, exministro de Jair Bolsonaro y compañero de fórmula en la campaña presidencial.
Según el medio, “Fernandes también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales. “Le hice un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?”, relató“.
El plan es descubierto
Sin embargo, la confabulación no logró mantenerse en secreto. La intriga se filtró tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien “declaró que Braga Netto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado”.
Como parte del proceso que se le sigue al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la semana pasada, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica.
Los defensores de Bolsonaro se apresuraron ayer jueves a explicar ante la Justicia que su defendido no había violado ninguna medida cautelar judicial luego de que aparecieran las declaraciones del expresidente en redes sociales, puesto que que el mandatario recibió la expresa prohibición de utilizar esos medios.
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Bolsonaro arguyó que él no podía ser responsable de los hechos de terceros si otros utilizaban sus declaraciones en las redes.
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Juez decretó la prisión de Cristian Morínigo, alías “La Gorda”, imputado por narcotráfico
El juez penal de garantía, Rolando Duarte, decretó la prisión preventiva de Cristian Morínigo Ojeda, alías “La Gorda” ”, referente principal de la barra brava “La Plaza”, del Club Cerro Porteño. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.
Morínigo Ojeda fue detenido luego de un trabajo de inteligencia y seguimiento, cuando agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutaron un operativo en el barrio Itá Pytã Punta de la ciudad de Asunción. Allí, lograron detener a un hombre que sería líder de una barra brava organizada y encargado de la distribución de drogas en la mencionada ciudad y zonas aledañas.
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El lugar que fue allanado por los intervinientes sería utilizado como punto central para el acopio de las drogas previo a la distribución. Del mismo lugar se incautaron de dos armas de fuego y proyectiles, dinero en efectivo en diferentes denominaciones, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.
Según las informaciones brindadas por los intervinientes, el ahora detenido lideraba una estructura jerárquica compuesta por aproximadamente 2.000 integrantes, con jefes zonales que respondían directamente a su mando. Se estima que hasta el 50 % de las drogas que circulaba en Asunción provenían de esta red.
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General bolsonarista admite en juicio autoría de documento golpista
Un general retirado del Ejército de Brasil confirmó ayer jueves a la corte suprema haber redactado un documento que preveía el asesinato del presidente Lula, una trama por la que es señalado el exmandatario Jair Bolsonaro en el juicio que enfrenta por golpismo. El máximo tribunal juzga al exjefe de Estado ultraderechista (2019-2022) de dirigir un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara por estrecho margen en las elecciones de 2022.
El complot no se habría consumado por falta de apoyo de altos mandos de las fuerzas armadas. La supuesta intentona golpista contemplaba incluso un plan, bautizado “Puñal Verde y Amarillo”, para asesinar a Lula, según la fiscalía. El general Mario Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, confirmó a la corte suprema que redactó e imprimió el documento, aunque dijo que era solo un “pensamiento” suyo y que no lo compartió.
Fernandes dio sus declaraciones ante el tribunal durante los interrogatorios a un grupo entre la treintena de antiguos colaboradores de Bolsonaro que están enjuiciados junto con el expresidente por la supuesta intentona. “Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, dijo el general por videoconferencia.
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Fernandes afirmó que imprimió el documento, en el palacio presidencial de Planalto, solo para leerlo “en papel” y que luego lo rompió. “No fue presentado a nadie, no fue compartido por nadie”, añadió. La fiscalía, sin embargo, acusó al militar de llevar el plan a la residencia presidencial de la Alvorada para “tratativas” con Bolsonaro, el 6 de diciembre de 2022. Ese mismo día, Bolsonaro recibió el borrador de un decreto que contemplaba medidas excepcionales para anular el resultado de las elecciones, según los investigadores.
El supuesto plan “Puñal Verde y Amarillo” se ejecutaría el 15 de diciembre de 2022 y también supuestamente proyectaba matar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y a la autoridad electoral, el juez Alexandre de Moraes, actualmente a cargo de juicio contra Bolsonaro en la corte suprema. La semana pasada la fiscalía pidió la condena de Bolsonaro. De ser hallado culpable ante la corte, podría recibir hasta 40 años de prisión.
Descartan prisión preventiva
El juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes descartó este jueves imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si incumple órdenes judiciales. El juez consideró en su decisión como una “irregularidad aislada” que las redes sociales de uno de los hijos de Bolsonaro “fueran utilizadas a favor” de su padre, bajo vigilancia de la corte por una presunta tentativa de obstruir el juicio que enfrenta por golpismo.
El máximo tribunal juzga al ultraderechista Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso. Entre otras restricciones, le impusieron una tobillera electrónica y le prohibieron el uso de redes sociales, así como la difusión de sus intervenciones públicas por terceros.
Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador”, consideró este jueves que un posteo del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, sobre un discurso de su padre el lunes en el Congreso fue un “intento de burlar” las medidas cautelares. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro difundió en sus redes imágenes de su padre hablando con periodistas en la sede del Congreso y exhibiendo por primera vez su tobillera, a la que calificó como “máxima humillación”.
Pero, “por tratarse de una irregularidad aislada y sin noticias de otros incumplimientos hasta el momento”, Moraes descartó por ahora la prisión preventiva, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si se detecta “un nuevo incumplimiento”. “¡La justicia es ciega pero no tonta!”, escribió Moraes en su decisión.
Bolsonaro “rehén”
Eduardo Bolsonaro se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña ante el gobierno de Donald Trump para obtener apoyo para su padre. La advertencia de Moraes es un “torpe y desesperado intento de censurarme usando a mi padre como rehén”, reaccionó Eduardo Bolsonaro en X. “Eres un tirano cobarde, Alexandre. Un cobarde acabado”, agregó el diputado.
Trump anunció este mes aranceles de 50 % a productos brasileños y los justificó por una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro. La corte brasileña analiza si la campaña bolsonarista ante Washington configura un intento de obstaculizar el juicio por golpismo.
Entrevistas y discursos
Moraes había dado el lunes un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para que esclareciera la retransmisión de declaraciones del expresidente en redes sociales de terceros, “bajo pena de decretar su prisión inmediata”. Bolsonaro “de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas” y por lo tanto “no incumplió” la orden, respondieron sus abogados en un despacho.
Afirmaron que el exmandatario, de 70 años, no había sido notificado sobre una prohibición de dar entrevistas, un punto que ha creado una ola de confusión y críticas desde políticos bolsonaristas hasta expertos legales. La defensa pidió entonces al juez que aclarara los límites de las restricciones.
Moraes negó este jueves que exista “cualquier prohibición de concesión de entrevistas o discursos” para Bolsonaro, y señaló que la prohibición es a que sus declaraciones se difundan en redes propias o de terceros como estrategia para obstaculizar el proceso penal.
Bolsonaro se declara inocente y dice ser un “perseguido”. De ser hallado culpable por la corte, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de voto electrónico. Aun así, insiste en que quiere ser el candidato de la derecha para las presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, también pretende postularse.
Fuente: AFP.