El ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tuvo oportunidad de hablar sobre los proceso de construcción de viviendas que lleva adelante la institución a su cargo. Recordó que actualmente existen dos programas, por un lado el que otorga las viviendas sociales para personas de escasos recursos. Por otro, el que adjudica planes de financiación para viviendas de la clase media, con el programa Che Róga Porã.

El secretario de Estado indicó en conversación con radio 1020Am, que el principal desafío del Gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña, es superar las 80 a 100 mil viviendas en 5 años, que triplicaría la cantidad que se hizo en 10 años anteriores.

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“Nosotros veníamos ejecutando en los últimos 10 años, un promedio de 34 mil a 35 mil viviendas al cabo de 5 años. Nuestra expectativa ahora es llegar a unas 80 mil a 100 mil viviendas construidas, en el gobierno de 5 años de Santiago Peña, que prácticamente sería el triple de lo que se venía ejecutando y eso sí va permitir reducir el déficit habitacional”, explicó.

El titular del MUVH señaló que hay que dividir en dos partes el programa de construcción de viviendas, ya que por un lado están las viviendas sociales que están dirigidas a sectores más vulnerables y comunidades indígenas. Mencionó que con este programa ya están llegando a 4.253 viviendas entregadas, y con las familias beneficiadas ya vivienddo en ellas.

Indicó que esperan llegar a 6.000 viviendas entregadas para el próximo 31 de diciembre, de las 17.082 carpetas gestionadas en este primer año de gestión.

“Estos números representan prácticamente el triple de lo que se venía llevando adelante en gestiones anteriores y esto es un gran impulso para un sector muy necesitado y que es uno de los puntos más importantes de la propuesta electoral del presidente Santiago Peña”, acotó.

Igualmente, indicó que están trabajando con el programa de “Che Róga Porã”, que es una respuesta a la clase media trabajadora, que está dirigido a los que tienen desde un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos. Recordó que este programa, hoy está empezando a dar sus frutos. Señaló que ya existen 4 proyectos que están en ejecución y que son 118 viviendas que ya están en proceso de construcción.

Asimismo, explicó que a partir de mediados de enero de 2025 se viene el “Che Róga Porã 2.0″, dirigido a aquellos que ya cuentan con un terreno, o estén pagando por su terreno, o que tengan pensado comprar el terreno que sea de su agrado. Explicó que se les va a financiar para la construcción de sus viviendas.

“Che Róga Porã 2.0 es una evolución escuchando a la gente, que en cualquier punto de la República del Paraguay, llámese Yvy Ya’ú, Cnel. Oviedo, llámese Loreto, Humaitá. Aquel que tiene un terreno propio o que ya esté pagando podrá acceder a este financiamiento que le permitirá cancelar por el terreno, y por otra parte contar con el corte que le permita construir su propia vivienda, a un financiamiento a 30 años de plazo, hasta 500 millones de guaraníes, y con la tasa más baja del mercado del 6,5 %”, precisó.

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El senador Ever Villalba expresó su preocupación ante las denuncias sobre manejos administrativos poco claros que envuelven la gestión del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas. Asimismo, el dirigente de Ñeembucú lamentó que la principal nucleación de oposición siga enfrascada en una crisis interna que impide su reorganización y fortalecimiento.

Señaló que el monto rondaría a los USD 1 millón que fueron otorgados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a la agrupación tras los últimos comicios generales del 2023. Agregó que los recursos económicos debían ser remitidos al Instituto José Patricio Guggiari para capacitaciones y formación de adherentes y dirigentes liberales.

“Se comenta que ya hay una denuncia ante el Tribunal de Conducta sobre manejos pocos claros que se tiene en el partido. Realmente esto preocupa, porque todo lo que se haga o se deje de hacer perjudica la imagen del PLRA”, indicó a los medios de comunicación.

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Por otro lado, calificó al también exgobernador de Cordillera como una persona “impredecible y sin valor” tras cuestionar que no haya acompañado la acción de nulidad presentada semanas atrás ante el Tribunal Electoral de la Capital para invalidar el desdoblamiento de las elecciones internas de los comicios municipales, previstos para el 2026.

“Yo estoy decepcionado de Fleitas. Anteriormente, él mantenía una línea discursiva de defender la institucionalidad, hablaba sobre una ilegalidad en lo resuelto en la última convención, pero ahora pactó con los disidentes para tratar de mantenerse en el cargo, es por eso que le trato de pusilánime”, sentenció.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Un terrible caso de corrupción entre la Justicia de nuestro país. Un error judicial resultó en el despojo de 500 hectáreas de tierra a un ciudadano canadiense en Filadelfia, Chaco, mediante un proceso de homonimia y maniobras judiciales irregulares.

Se trata del caso de Peter Neufeld, un hombre de nacionalidad canadiense, casado con una paraguaya, y con varios hijos, perdió su propiedad valorada en 3 millones de dólares debido a un juicio iniciado por una deuda ajena. La firma Tape Ruvicha, que reclamaba el saldo impago de una camioneta, obtuvo una orden judicial de embargo, pero la Justicia vinculó erróneamente al canadiense con otro individuo de nombre similar, el mexicano Peter Neufeld Peters, quien realmente era el codeudor en el caso.

Durante el proceso, funcionarios del Registro Público emitieron una copia del título de la propiedad de Neufeld, a pesar de las advertencias sobre la equivocación de identidad. A lo largo del juicio, se ignoraron evidencias claras de que la propiedad en cuestión no pertenecía al demandado mexicano. Sin embargo, el tribunal procedió a rematar la estancia del canadiense a un valor irrisorio de 250 millones de guaraníes.

El abogado Robin David Miranda Azuaga, quien representa al afectado, solicitó al ministro de la Corte, Eugenio Giménez, una auditoría de la causa y la apertura de sumarios para la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, el juez Alfredo Barrios, la escribana Lilia Siriaca Sacarello de Carrillo, y otros funcionarios presuntamente implicados en la rosca. Además que se remitan los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Asimismo, presentó una acción autónoma de nulidad en contra de todos los actos judiciales relacionados con el caso.

Según el escrito presentado por el abogado, se pudo constatar una tenebrosa maniobra ilegal y perjudicial, con la transferencia e inscripción de la finca, pero sin que exista constancia de esto.

De acuerdo con el abogado, a través de un oficio la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz pidió informes a Registros Públicos sobre Peter Neufeld, con cédula 2.480.560, y esta instancia comunicó que esta persona no tenía registrado ningún inmueble a su nombre. Además, el propio deudor, con cédula paraguaya, intervino en el juicio, por lo que el sistema judicial estaba en conocimiento de quién era el que estaba en mora con el pago de su deuda. Llamativamente se incluyeron en el expediente las fincas del otro hombre con el mismo nombre, pero sin hacer mención a su número de documento extranjero. Esto se habría realizado, según el denunciante, a pedido de la abogada María Silvia Acha, representante de la firma que reclamaba la deuda.

En su momento, la firma Tape Ruvicha salió a defenderse y culpar a Registros Públicos del error cometido, pese a que, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que el verdadero deudor no registraba absolutamente nada a su nombre. Hasta ahora, ninguno de los administradores de Justicia explican esta situación. Un alevoso caso de despojo que atenta contra la seguridad jurídica. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir y ayudar a limpiar la cara de la sucia Justicia paraguaya. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.