El Tribunal de Apelación conformado por Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre confirmó la condena de 5 años de cárcel del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y 3 años y 9 meses de Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de dicha institución.
El fallo fue unánime y ahora la defensa de los dos condenados tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia buscando dejar sin efecto las resoluciones de primera y segunda instancia, en las que se ha dictado sentencia condenatoria.
Ambos fueron enjuiciados por el delito de lesión de confianza en la causa conocida como “coquitos de oro”, por la compra irregular de alimentos a causa de una emergencia por sequía en distintas zonas del país en el 2009.
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El Tribunal de Sentencia que condenó a Soares y Guachiré estuvo integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro. De acuerdo al colegiado, existió un daño patrimonial al Estado de G. 943.666.300.
El juicio oral a Soares y Guachiré se llevó a cabo durante la cuarentena sanitaria y fue uno de los pocos juicios que se desarrolló durante la pandemia. El presente caso llegó a una audiencia oral luego de varios años de ser dilatado. Una vez que se presenten las acciones ante la máxima instancia, serán los ministros de la Corte quienes analizarán si corresponde confirmar el citado fallo judicial o anularlo y ordenar que se realice un nuevo juzgamiento a los dos acusados.
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Fiscal apelará condena de tres años a hombre que dio una brutal golpiza a su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal María del Carmen Meza de la unidad zonal de Iruña apelará la condena dictada contra un hombre por haber agredido brutalmente a su pareja. La representante del Ministerio Público anunció la apelación al considerar que la calificación del hecho no se compadece con la condena aplicada. La misma había pedido siete años de prisión.
El viernes último culminó el juicio oral de Jorge Ignacio Cabrera Ávalos, quien se encuentra en prisión, y con la sentencia de solo tres años, ya quedaría en libertad en poco tiempo. El tribunal de sentencia que emitió el fallo está conformado por los jueces Margarita Martínez, Diego Duarte y Gloria Vera.
De acuerdo a los hechos expuestos en juicio, Cabrera Ávalos sometió a su concubina a maltratos físicos y psicológicos durante más de dos años. Ambos residían en una vivienda de inquilinato en la colonia San Alfredo, distrito de Naranjal, al sur de Alto Paraná.
La última agresión ocurrió el 3 de noviembre de 2023, alrededor de las 23:00, luego de una discusión familiar. El hombre golpeó a la víctima en diversas partes del cuerpo, causándole heridas en la cara, cabeza, brazos, cuello y piernas, frente a los hijos menores. El rostro de la mujer quedó casi desfigurado.
Luego de la golpiza, Cabrera Ávalos huyó, fue perseguido por vecinos, quienes lograron alcanzarlo y detenerlo, a unos mil metros del lugar, en un camino vecinal, y lo entregaron a los agentes policiales.
Mientras los vecinos se ocupaban de detener al agresor, la mujer fue auxiliada hasta el Puesto de Salud de Naranjal, presentaba sangrado en la cabeza y rostro, además de lesiones traumáticas en varias partes del cuerpo.
El diagnóstico médico, emitido por la doctora Fernanda Bordaberry, detalló “lesiones traumáticas severas, obstrucción de vías aéreas por secreción hemática, epistaxis moderada, un hematoma periorbitario en el lado izquierdo y una herida cortante de 2 cm en la región ciliar del mismo lado”.
Durante el juicio oral, la fiscal María del Carmen Meza argumentó su pedido de 7 años de cárcel, resaltando la gravedad de los hechos, comprobados con el diagnóstico sobre la agresión última de hace un año. También hubo agresiones sistemáticas durante un periodo largo, según lo expuesto en juicio.
Más de 30.000 víctimas de violencia familiar
Hoy 25 de noviembre se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al respecto, los Datos Abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público tiene un registro de 30.898 víctimas de violencia familiar, entre los meses de enero a octubre del 2024 y 27 casos de feminicidio.
Este año se registran también 3 víctimas de violencia vicaria, denominación para aquellos casos que tienen como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. De las 30.898 víctimas de violencia de este año, 30.044 son mujeres adultas, 383 son menores de 13 años y 471 adultos mayores. El 66 % corresponde a mujeres entre 20 y 49 años de edad.
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Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Ratifican prisión de Elián López, quien arrojó una copa de vidrio a una joven que perdió el ojo
El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificó la prisión preventiva Elián López Torres, imputado por el delito de lesión grave, tras arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, ocasionándole la pérdida de un ojo, en un local nocturno. De esta manera, se confirma la resolución del juez penal de Garantía Rolando Duarte, quien había decretado la prisión del imputado.
Los camaristas mencionaron que existe aún el peligro de fuga en el presente caso, así como peligro de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, por lo que corresponde ratificar la prisión del imputado, refiere la resolución judicial.
La defensa del procesado había apelado la resolución judicial tratando de que el tribunal de apelación pueda revocar la determinación del juzgado de Garantía y el imputado pueda estar en arresto domiciliario, pero tal situación no se generó y el joven seguirá privado de su libertad.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego del impacto de dicho objeto contra su rostro.
Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.
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Caso Berilo: confirman al juez Penal de Garantía Miguel Palacios
El Tribunal de Apelación ratificó la competencia del juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, para que siga siendo el magistrado que lleve adelante el proceso penal que enfrenta Reinaldo “Cucho” Cabaña, y otros acusados por delitos relacionados con el narcotráfico.
Ahora el expediente deberá bajar al juzgado Penal de Garantía para que el referido magistrado pueda fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.
Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, fue aprehendido en Ciudad del Este el 18 de septiembre de 2018 junto a otras 23 personas, en el marco del Operativo Berilo, llevado a cabo por el Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). El mismo se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
La audiencia preliminar para las personas acusadas fue suspendida en más de ocho ocasiones durante todo este proceso por lo que se espera que se pueda llevar adelante la referida diligencia judicial donde se aguarda que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
Acusación
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz fue quien presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el caso están procesadas otras 20 personas más.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.