Este viernes, cuatro personas denunciaron que el gremio Funcionarios de IPS Asociados (Fipsa) estuvo evadiendo los aportes a la seguridad social y esto compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados solicitan a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio.

Según consta en la denuncia, Fipsa enfrenta una denuncia por evasión de aportes a la seguridad social. Esta ya fue presentada por el director Jurídico ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Hasta el momento, son cuatro las personas afectadas en el caso que requieren de una urgente solución debido a que no pueden acceder a los servicios básicos como la salud y la jubilación.

En este caso, la acusación es contra el actual presidente de la asociación, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez. El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.

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Los afectados del caso son: Lourdes Beatriz Suárez, que se desempeña como trabajadora administrativa de Fipsa; Fátima Adelaida Ramírez González, que se desempeña en diferentes áreas reportó la falta de pago de aportes; Martha Dolores Acosta Cuevas, trabajadora en recepción y telefonía, y Víctor Manuel Acosta Causarano, que trabajaba en diferentes áreas. Todos denuncian que la empresa le descontaba el 9 % de su salario para aportes al IPS, pero no lo ingresaba.

En la denuncia sostienen que Fipsa ha incumplido con el pago de aportes a la seguridad social, lo que ha afectado a los trabajadores y sus familiares, quienes no pueden acceder a servicios básicos como la salud y la jubilación. Los afectados solicitan la urgente investigación y el castigo correspondiente a los responsables.

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Un estudiante del Colegio Nacional San José de Limpio habría sido víctima de un hecho de bullying y agresión por parte de otro alumno. Según la directora Vicenta Aveiro, no se recibió ninguna notificación al respecto, pero el caso ya está siendo investigado por la Policía.

Conforme al acta policial, la denuncia fue formulada por los padres de la víctima, en la que se refiere que el ataque se registró ayer jueves alrededor de las 17:00 y los agresores serían los propios compañeros del alumno, por ser nuevo en el grupo.

“Todavía no tenemos ninguna notificación, ninguna familia se ha acercado a nosotros para traernos la copia de ninguna denuncia policial. De hecho que ustedes me están dando la noticia”, señaló la docente al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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La directora pidió a la familia afectada que se acerque hasta el centro educativo para que se pueda investigar la denuncia. Incluso negó que ya haya tenido conversación con los padres y que haya firmado algún documento sobre el caso.

“Nosotros tuvimos una reunión marcada de acuerdo a nuestro cronograma anual. Nosotros todos los años estamos realizando reuniones de padres, pero eso fue el día martes. Nosotros no entablamos ayer una reunión de manera general”, aseguró.

La directora indicó que ayer jueves concedió entrevistas a otros padres para dar continuidad a otras situaciones planteadas en semanas anteriores. “Si tienen la denuncia policial me gustaría que se acerquen a mí para atender la situación, porque es una situación de alerta también para nosotros”, manifestó.

Según el documento arrimado por los denunciantes al canal GEN, la directora habría firmado un acta de compromiso de investigación del incidente, aunque la misma ratificó en todo momento que desconoce el caso. “Nosotros tendríamos que estar viendo si es el caso que usted está mencionando o si es otro que nosotros ya vamos tomando de semanas atrás. Pero siempre estamos canalizando de la mejor manera posible las situaciones que van aconteciendo dentro o fuera de la institución”, puntualizó.

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“Esta filtración es reveladora y demoledora para todo lo que ocurrió en Paraguay, expone toda la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la asociación criminal montada por el expresidente de la República y el exembajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras la filtración de un documento interno de la embajada en Asunción, enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria.

“Un embajador lo que desarrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestiones internas. Lo más condenable en esta conducta no está solo en lo que el exembajador hizo o quiso hacer, sino en todo lo que le acompañaron. Tenía una hinchada de medios periodísticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Cartes”, afirmó Ovelar, este viernes, en una nota con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El documento fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de comunicación como Diario de las Américas (Estados Unidos), en noviembre de 2024; Clarín y Periodismo y Punto de Argentina, en enero último. El relatorio elaborado por Ostfield fue promovido en base a datos sesgados, con medias verdades y manipulaciones, calificando a Cartes como un político corrupto y vengativo.

“Este informe señala una intromisión y violación del convenio de Viena, un direccionamiento de los ataques al sector colorado y en especial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del liberal Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, refirió Ovelar.

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“Acá los senadores deben reflexionar, ellos no estarán condenando absolutamente a nadie al enviar a la justicia a Mario Abdo y que este tema sea debatido. Abdo Benítez no tiene ninguna limitación para el ejercicio de su defensa, cosa que sí ocurrió con Cartes que no tuvo la oportunidad dentro de un debido proceso. Si hay algún hecho nulo, lo probarán y será resuelto en las instancias correspondientes”, comentó Ovelar a Nación Media.

Esto ante las trabas impulsadas por senadores opositores y del movimiento Fuerza Republicana en obstaculizar la labor de la justicia al no despojar a Mario Abdo de sus fueros como senador vitalicio. “Están dándole un blindaje ante las evidencias que hoy saltan, son señales evidentes de una persecución política que hizo Abdo contra sus adversarios utilizando nada más y nada menos que al exembajador de Estados Unidos en Paraguay para el efecto. Realmente son circunstancias muy graves que deben ser evidenciado en un juicio”, sentenció.

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Esta asociación criminal obligó a Cartes a impulsar una denuncia formal por persecu­ción política de la cual fue víc­tima mediante la instrumentalización de las instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El esquema fue impulsado desde el 2018, y se acentuó en el marco de las elecciones internas del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones gene­rales del año 2023.

Las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público derivó a la imputación de Mario Abdo y sus leales, Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos puni­bles de revelación de secre­tos de servicio, revelación de secretos privados por funcio­narios o personas con obliga­ción especial, inducción a un subordinado a un hecho puni­ble, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpa­ción de funciones públicas y asociación criminal.

Marc Ostfield fue echado de la embajada estadounidense en Asunción, el 20 de enero, por el gobierno de Donald Trump, luego que la cancillería paraguaya reclamara, en agosto de 2024, acelerar su salida por generar una crisis bilateral debido a su “activismo diplomático”. El exembajador llegó al país en marzo de 2022, y apenas cuatro meses convocó a su primera rueda de prensa para anunciar sanciones contra adversarios políticos de Abdo Benítez, en plena carrera para las elecciones internas del Partido Colorado.

Diario de las Américas publicó esta transcripción del documento atribuido a Ostfield, el cual “describe parte del proceso de la toma de decisiones para emitir las sanciones por parte del diplomático norteamericano”, señala el material periodístico firmado por Jaime Garvett.

“Tengo información oficial desde el Departamento del Tesoro, donde da cuenta que la empresa paraguaya Tabesa (Tabacalera del Este S.A.) presentó documentos solicitando habilitación para operar en el sistema financiero norteamericano. Así también recibí datos de que la empresa sostiene que el señor Horacio Cartes se retiró de la misma dentro del plazo establecido por la OFAC, vendiendo sus acciones a la misma sociedad, lo cual le produce importantes ingresos financieros”.

“Percibo que esta operación fortaleció económicamente al señor Cartes, pues desde el inicio de este período de gobierno (del presidente Peña) ha sobornado a más de 30 parlamentarios, entre miembros de la Cámara de Representantes y senadores, para que sean afines a su línea política, apoyando al gobierno, al partido Colorado, del cual es presidente, y también perseguir a opositores como a la senadora Kattya González, quien fue expulsada del congreso por pedido del señor Cartes y de un grupo llamado Comando de Honor Colorado, donde se toman las decisiones importantes a nivel político y de gobierno”.

“Es importante señalar que el señor Cartes es vengativo con sus adversarios políticos, identificando al ex presidente Mario Abdo Benítez como el principal. Es así que a través del abogado Pedro Ovelar, sobornó a dos fiscales (Cantero y Grisetti) para conseguir su enjuiciamiento penal como también de otros exsecretarios, todos colaboradores de nuestro gobierno”.

“También es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a éste embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.

“En todos los ámbitos de la sociedad del Paraguay, se tiene la percepción de que el verdadero poder del país radica en el señor Cartes y su gran poder económico, razón por la que recomiendo a nuestro gobierno, tomar medidas más fuertes en contra del señor Cartes y sus empresas, pues él constituye un peligro para la democracia en Paraguay. Así también en un informe próximo elevaré una lista de sus principales colaboradores políticos a fin de recomendar medidas significativas respecto a ellos”.

Un conductor denunció que fue víctima de agresión y supuesto apriete por parte de agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional en Villarrica, Guairá. Adalberto Ferreira dijo que se encontraba en una peluquería de la zona cuando llegaron los policías y preguntaron por el dueño de la camioneta estacionada frente a la barbería.

“Me empujaron hacia la camioneta de ellos y por la espalda me metieron dentro de la camioneta. Me asustaron muy grande. Fue algo muy rápido y dentro de la camioneta había un arma. Me rozaron con el arma y me pidieron arreglar”, relató el joven al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Aclaró que ocasionalmente estaba usando el vehículo y cuando aparecieron los policías rápidamente convocó al propietario.

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“Yo estaba dentro de la peluquería y la camioneta estaba estacionada afuera. Vinieron agentes de Automotores y entraron a la peluquería a preguntar por el dueño de la camioneta. Yo pensando que era un cliente que quería estacionar, le dije yo soy”, indicó.

Dijo que cuando se dispuso a salir para mover de lugar el vehículo el policía le manifestó su intención de conversar con él. “Al girar vi que por la espalda decía Automotores, entonces le llamé al dueño de la camioneta que yo estaba usando ocasionalmente”.

El joven afirmó que en la calle los agentes comenzaron a insultarlo e indagarlo sobre el origen del rodado. “Ellos empezaron a decir cosas fuera de lugar como por ejemplo de donde conseguí la camioneta, cuando compré y cuanto pagué, quién es el dueño”, manifestó. Ferreira sostuvo que los agentes “estaban muy acelerados”. “Ellos me amenazaron, se me nubló a mí todo, me asustaron. Es algo que no le deseo a nadie”, expresó.

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