Miembros de la Asociación de Rematadores Públicos del Paraguay se concentrarán este miércoles a las 9:00 frente al Poder Judicial para pedir el levantamiento de la suspensión que pesa sobre su presidente, Atilio Estigarribia Salina, quien actualmente no puede ejercer su profesión a raíz de que fue suspendido por una presunta irregularidad detectada en un remate en Encarnación en el 2017.
En dicho año, la fiscala Zulma Britos abrió una carpeta fiscal contra algunas personas, todas rematadores de profesión, pero no así contra Estigarribia; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia, lo suspendió.
Estigarribia manifestó que por un caso grave, la suspensión va hasta un año; sin embargo, él ya está soportando el tercer año de no poder ejercer su trabajo.
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Dijo que ya se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que le levanten la suspensión, porque varios de los que estuvieron procesados por la irregularidad detectada en Encarnación ya están trabajando nuevamente.
Pidió al superintendente interino, Mario Elizeche, que lo dejen trabajar. Desde el gremio ya emitieron varios comunicados a la máxima instancia judicial para estudiar el caso de Estigarribia.
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Multinacional suspende carne del Mercosur: “Es una medida proteccionista”, dice la ARP
El vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Apodaca, habló acerca de la decisión tomada por una cadena multinacional de supermercados, de suspender la compra de carne procedente del Mercosur, lo cual estaría ligado a una medida proteccionista.
Es lo que mencionó el referente del rubro ganadero, ante una posible presión del sector productivo de Francia, país de origen de la cadena en cuestión, Carrefour, atendiendo además la negativa de este país de llegar al postergado acuerdo de libre comercio Unión Europea (UE) - Mercosur.
“Es una medida totalmente traída de los pelos por los franceses, de los productores que habrán presionaron y Carrefour seguramente se solidarizó con ellos, a más de que Francia está en contra del acuerdo UE - Mercosur por una cuestión totalmente proteccionista”, expresó al programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
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Impacto en la calidad
Respecto a la balanza comercial de ambos bloques, Apodaca mencionó que la región compra un importante volumen de productos europeos, pero que lastimosamente ellos no aplican lo mismo de modo a que se dé un balance justo comercialmente hablando.
Solo en el caso de Paraguay y la carne, el mercado europeo es ínfimo con un restringido 5 % aproximadamente, ante las altas exigencias que establecen, punto en el que remarcó que pese a ello, el país ingresa a estos mercados cumpliendo elevados requerimientos.
“Esto nos da un sello de que nuestra carne tiene mucha calidad y que puede ser consumida tranquilamente. Y si bien, comercialmente es poco lo que va, pero la certificación que tenemos de poder ingresar al mercado europeo hace más de 10 años, en eso nos afecta”, subrayó.
En este último punto, explicó que la medida también impacta en la cuestión de la seguridad alimentaria, más aún al ser un tema muy sensible ya que es sabido que la región produce una alta calidad para alimentar al mundo, lamentó.
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Hijo de diputada se desligó de juicio oral a cambio de devolver honorarios cobrados
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento a favor de Elías Godoy Torres, hijo de la diputada liberal Roya Torres. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
El joven, procesado por cobro indebido de honorarios, deberá devolver la suma de G. 50.666.600 que recibió de la Cámara de Diputados, más una donación por el mismo monto como reparación del daño social. Dicha donación será destinada a varias entidades de beneficencia.
El fiscal Francisco Cabrera señaló que el joven reconoció los hechos y por ende fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.
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Con la presente salida procesal, el hijo de la diputada se salvó de enfrentar un juicio oral y público por el citado delito. En caso de incumplir la medida se revocará la presente resolución y el proceso tendrá que proseguir.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, Elías Godoy Torres, siendo bachiller, fue contratado en la Cámara de Diputados como asesor de su propia madre, la diputada liberal Roya Torres, percibiendo un sueldo de G. 9.500.000, pero el mismo no habría cumplido las funciones asignadas por lo que se inició una investigación en la que se corroboró el incumplimiento de tareas, por lo que fue imputado.
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Gremio de rematadores denunció irregularidad en el llamado a subasta en Mades
La Asociación de Rematadores del Paraguay (ARP), presentó una denuncia sobre irregularidad en el llamado a convocatoria para la presentación de carpetas para la postulación al sorteo de rematadores públicos fijada para este jueves en el salón Auditorio del Mades.
Menciona el escrito que existe irregularidad en la convocatoria que el Mades realizó, atendiendo que en uno de los requisitos para presentarse al llamado exige una experiencia mínima de 5 años para llevar a cabo la subasta y esta situación es totalmente irregular porque viola la Constitución Nacional sobre la igualdad de las personas y a su vez la no discriminación respectivamente.
Ya existen antecedentes anteriores de que varios entes del Estado habrían realizado similares llamados, sin embargo fueron impugnados por la Asociación, que posteriormente resolvieron a favor de dicho gremio.
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La Asociación de Rematadores del Paraguay invoca artículos de la Constitución Nacional como el 47, numerales 1 y 2 sobre las Garantías de Igualdad ante la ley y sobre todo a la no discriminación (artículo 88), y la igualdad de las personas (artículo 46).
El 13 de mayo del 2022, la Dirección Nacional de Aduanas había obrado a favor de la impugnación presentada en su momento por la ARP y que el llamado para dicha subasta fueron incluidos a los miembros de la Asociación y otros rematadores para el sorteo correspondiente.
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Mario Abdo y su entorno siguen evadiendo a la Justicia
Unidad de Investigación Nación Media
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
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Giuzzio, el último beneficiado
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
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Lo que dice la carpeta fiscal
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
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La única condenada… hasta ahora
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
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Otro amigo de narcos
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
Abdo, Arregui, Fernández, Giuzzio y Espínola
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.