Una nueva acusación por mal desempeño en sus funciones, en un juicio de obligación de hacer escritura pública, soporta la criticada jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún. El abogado Ricardo Estigarribia fue quien presentó el escrito ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), solicitando el enjuiciamiento y la suspensión de Irún. Ahora serán los integrantes del JEM quienes deberán analizar si corresponde hacer lugar al pedido formulado por el citado profesional del derecho.
Estigarribia señaló: “Presenté la acusación contra la magistrada Irún por mal desempeño en sus funciones por trato desigual en un expediente judicial caratulado ‘Roberto Pereira contra Carlos Eduardo Áviles 112/2017′”. Agregó: “La jueza desconoce la ley en perjuicio de mi persona y, a su vez, también cajoneó mi expediente”.
Asimismo, el referido profesional del derecho manifestó: “La Corte debe intervenir a través de una auditoría de reacción inmediata en el expediente judicial mencionado más arriba y si se tiene irregularidad suspender a la magistrada Irún”. Acotó: “Recurrí ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque una administradora del derecho no puede estar cometiendo errores graves como cometió en mi caso”.
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Culminó señalando el abogado Estigarribia en su escrito “que es muy difícil y doloroso cuando un magistrado, en total inobservancia de lo que garantiza el artículo 6 de la Carta Magna, se constituye en parte y sale en defensa del litigante de mala fe para ponerse en contra del profesional que reclama lo que corresponde. Eso hizo la jueza Tania Irún: violar groseramente la Constitución y por eso la acuso por mal desempeño en sus funciones”.
La magistrada Irún está enjuiciada por presunto mal desempeño en sus funciones en otro proceso en vista a que la misma otorgó 310 mil hectáreas de tierras en el Chaco ubicadas en zonas de frontera a empresas extranjeras.
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Levantan embargo de salario de víctima de la mafia de los pagarés
La jueza de Paz, Susana Granado, resolvió levantar embargo de salario de Carmen Pamela Ocampos Cáceres, quien fue demandada por Sist y Gestiones SA. La resolución judicial se genera tras el pedido de medida cautelar de suspensión de sueldo presentado por el abogado Israel Aaron Mora, representante legal de Ocampos Cáceres.
El levantamiento del embargo, vía resolución judicial, sería el primero en resolverse a través de un incidente procesal y ya tuvo que haberse remitido el oficio judicial al Ministerio de Justicia para el cese del descuento de Ocampos Cáceres. La misma sufría un descuento en su salario de la suma de G. 900.000. Con esta determinación judicial la misma queda sin efecto y la mujer podría percibir la totalidad de su salario a fin de mes.
El abogado Mora, representante legal de Ocampos Cáceres, en fecha 1 de abril de este año presentó un incidente de nulidad de actuaciones sobre las cédulas de notificación de fecha 7 de diciembre del 2023, de la resolución N° 35.297 de fecha 6 de diciembre del 2023, así también se pidió la nulidad de la cédula de notificación de fecha 7 de agosto del 2023, la notificación de fecha 16 de junio del 2023, la nulidad del informe del oficial de justicia de fecha 4 de julio del 2023 y la notificación de fecha 4 de mayo de 2023.
El referido profesional del derecho argumentó el pedido de nulidad de actuaciones de las notificaciones, así como de las resoluciones señalando que “las actuaciones precedentes indicadas han privado de presentarse mi clienta a la audiencia del acto de reconocimiento de la firma que se le atribuye y así poder defenderse en forma efectiva”. Igualmente agrega que “se ha privado de presentar una defensa por inhabilidad de título contra el documento base de la presente acción” señala el escrito del abogado, quien solicitó el levantamiento del embargo por indefensión de su representada en el presente juicio civil donde se pretendía cobrar una millonaria suma de dinero sin motivo alguno.
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Califican como alentadora la decisión de Trump de revisar sanciones impuestas por Biden
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, destacó la decisión del gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, en evaluar y levantar las sanciones por supuestos hechos de corrupción que fueron aplicadas a varios líderes políticos por el Departamento del Tesoro durante la gestión de Joe Biden.
“Es muy alentador ver que las cosas que se hicieron mal se revisen y se rectifiquen, que no exista ese corporativismo de dejar las cosas como están para no afectar la institución. Que ellos puedan verificar, auditar, revisar y revocar una sanción mal dada”, sostuvo este miércoles a la 1020 AM.
Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras informarse que Trump levantó las sanciones aplicadas contra Antal Rogán, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El abogado aguarda que lo sucedido sea replicado a favor de su cliente.
“Estamos en directa comunicación y por sobretodo dejando que los abogados de la ciudad de Washington tomen las medidas administrativas, jurídicas para que esto sea revisado. Esto lo hacemos con mucha paciencia y con buena letra, sin atropellar o saltar procesos. Todo se hace en los Estados Unidos”, remarcó.
Detalló que la realización de un lobby político dependerá de las instrucciones que sean impartidas por los abogados que ejercen la defensa legal de Cartes en el país norteamericano. “Las sanciones contra Cartes finalmente fueron motivadas políticamente por el Departamento de Estado, pero ellos requieren antes de una fundamentación y análisis jurídico, de esto dependemos”, dijo.
Asimismo indicó: “Desde el principio nosotros hemos sostenido que estas sanciones se trataban de una cuestión política. Abogados de Estados Unidos con trayectoria y experiencias importantes, nos dijeron que se encuentran sorprendidos por el manejo discrecional y sin criterio que se tomó hasta el último día del gobierno de Biden”.
EE.UU. debe investigar la conducta de Ostfield
Por otra parte, Ovelar manifestó que el gobierno de Trump debe impulsar una investigación sobre el esquema de persecución política contra Cartes, que fue desplegado por el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador norteamericano Marc Ostfield.
“Había una cercanía y connivencia tremenda entre ambos. El Departamento de Justicia debe investigar la conducta de Ostfield y de su cómplice en el Paraguay. Desde nuestro país se motivaron todas las acciones que terminaron con la sanción. Las sanciones no vieron desde Estados Unidos naturalmente, fueron provocadas, auspiciada desde Paraguay”, refirió.
El requerimiento de Ovelar se da tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre del año 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.
Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.
“A partir de esto que se hizo público, amerita que Paraguay proteste por el nivel de injerencia política que hubo y más todavía cuando escuchamos al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, contar algo gravísimo. Cuando ellos eran candidatos en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, les indicaron que no debían temer a la alternancia. Quienes son ellos para estar por encima del soberano que es el pueblo paraguayo, quien en mayoría debe decidir quien estará al frente de un gobierno”, puntualizó.
Ovelar siguió argumentando que “¿Por qué debe existir la alternancia? Dónde en la Constitución Nacional se determina que esto debe existir. En ninguna parte dice la alternancia es una obligación o algo que debe ocurrir sí o sí”.
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A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.
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Lavado de dinero en Atlas: pasos procesales fundamentan denuncia de la Conmebol
El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
“Desde la Conmebol entendemos que este tipo de investigaciones financieras tienen sus niveles de complejidad. Para que pueda ser desarrollado se requiere de las sospechas de un hecho punible en concreto, hay ciertos pasos procesales que no se pueden realizar si no existe esto”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera indicó: “En este proceso penal en el año 2021 la Fiscalía allanó la sede del banco Atlas. Un allanamiento implica que existe la sospecha de un hecho punible, incluso esa sospecha está avalada por un juez que otorga el allanamiento. La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”.
A la organización deportiva le preocupa de sobremanera que ocurra la prescripción de la causa judicial, atendiendo al largo período transcurrido y los pocos avances obtenidos en la pesquisa realizada en Paraguay.
El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
“La Fiscalía también allanó la Superintendencia de Bancos y esto también implica que se sostenga las sospechas de un hecho punible. Luego la Fiscalía pidió cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de obtener la información que estos dispongan respecto a ciertas operaciones financieras, lo cual en Paraguay, también implica la existencia de sospechas de un hecho punible”, sostuvo.
El abogado siguió sosteniendo que “ninguno de estos pasos procesales se pudieron realizar sin que existan sospechas, esto implica que la denuncia de la Conmebol es fundada porque a veces se escucha que esta denuncia no tiene fundamentos. Estos tres pasos procesales claramente denotan que un órgano de persecución estatal entendió que existen sospechas”.
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En junio del 2017 fue presentada la primera denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible hasta ese momento. La segunda denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero fue presentada el 4 de febrero del 2021.
Informaciones recopiladas
“Lo que señalamos es que ante estos pasos y ya las informaciones recopiladas, la Fiscalía está en condiciones de pronunciarse sobre el fondo del asunto para poder impulsar la persecución penal. Sería lamentable que una causa de esta envergadura no se resuelva sobre la base del fondo del asunto, sino por el mero transcurso del tiempo”, dijo Lovera.
La confederación ya consiguió recuperar más de USD 130 millones en el extranjero, sin embargo, esto no ocurre en Paraguay a causa de la inacción de las autoridades competentes. Los agentes fiscales del caso son Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez.
“La Conmebol seguirá impulsando con fuerza la sanción de los responsables y la privación de las ganancias ilegítimas a través de estas operaciones. La Fiscalía es la única jurisdicción que en el transcurso de todos estos años no tuvo un pronunciamiento de fondo, pese a que las operaciones principales de perjuicio patrimonial de la Conmebol ocurrieron en Paraguay, y la Conmebol tiene su sede en el país. Esto sorprende a cualquier observador objetivo, Paraguay no puede dejar de pronunciarse sobre este hecho”, sentenció.
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