La fiscala de Delitos Informáticos Silvana Otazú está investigando el acceso indebido a sistemas informáticos en un juicio civil en el que están en juego 310 mil hectáreas de tierras. Foto: Gentileza.
Piden convocar a ujier de jueza para declaración indagatoria
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El abogado Osvaldo Bittar, en representación de Evaristo Fernández, pidió a la fiscala Silvana Otazú que convoque a declaración indagatoria a la ujier notificadora Liz Carol Cáceres, en el marco de la investigación por supuesto acceso indebido a sistemas informáticos en que la jueza en lo civil Tania Irún está investigada, tras acceder al sistema del Poder Judicial estando de permiso.
Además, firmó una sentencia judicial beneficiando a firmas extranjeras con 310 mil hectáreas de tierras en zona fronteriza, a pesar de que existe una ley que prohíbe la transferencia de inmuebles a extranjeros.
El pedido del profesional obedece a que el actuario judicial Pedro Constantini y el funcionario Fabrizzio Sarubbi habían mencionado que la referida ujier habría redactado y finalizado la sentencia en el juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo mundial s/ cumplimiento de contra y obligación de hacer escritura pública”.
Asimismo, en el presente caso se solicitó que sea convocada a la jueza Irún para la declaración indagatoria y, en caso de existir sospecha de hecho punible, se formule la imputación correspondiente.
En junio pasado, la fiscala Otazú se constituyó en la Dirección de Tecnología de la Corte Suprema de Justicia, donde solicitó varios informes con relación a una investigación por la presunta comisión del hecho punible de acceso indebido al sistema informático.
Enjuiciada por el JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió enjuiciar sin suspensión a la mencionada magistrada. Los miembros que votaron por el enjuiciamiento son Enrique Bacchetta, actual titular del órgano juzgador de magistrados; Adrián Salas, Cristian Kriskovich, David Rivas, Manuel Ramírez Candia y Eusebio Alvarenga. Solo el senador Fernando Silva Facetti votó se opuso.
Condenan a dos personas a 10 años de cárcel por robar un camión Scania
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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.
La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.
Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.
Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.
El juez Rodrigo Estigarribia se ratificó en la admisión de la imputación contra la ujier Audrey Jazmín Galeano, imputada por el caso de la mafia de los pagarés. Foto: Archivo
Mafia de los pagarés: juez rechazó chicana y ratificó admisión de imputación contra ujier
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, ratificó la admisión de la imputación contra la ujier notificador, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija del expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano.
La imputada por el caso conocido como la mafia de los pagarés había presentado una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez, quien admitió y procesó penalmente a la hoy exfuncionaria judicial. Ahora, el expediente judicial deberá subir al tribunal de apelación, donde se tendrá que estudiar si corresponde confirmar la resolución del juez.
El magistrado mencionó que si bien es cierto, existe una práctica normalizada de presentar recursos de reposición contra todo tipo de providencias, es importante recordar lo que menciona el artículo 449 del Código Procesal Penal.
“Los recursos son admisibles únicamente cuando la resolución causa agravio al recurrente y simplemente realizar afirmaciones genéricas como, por ejemplo, expresar que no se pudo iniciar el procedimiento, pues el acta de imputación carece de especificidad o es un relato genérico, no es fundamento suficiente sino más bien, aparente y tampoco lo es no estar de acuerdo con la decisión”, señala la determinación adoptada por el juez.
Este tipo de presentaciones se realiza a los efectos de dilatar y evitar que la imputada se someta a los mandatos de la Justicia, atendiendo a que con la presentación hecha se tendrá que suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Chaco: envían 9.600 metros de caños para que familias indígenas tengan acceso a agua potable
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Este martes, camiones del Comando del Ejército partieron rumbo al Chaco paraguayo para llevar caños que servirán para que las familias de comunidades indígenas puedan tener acceso a agua. Este envío se realizó en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de las familias que estaban pasando por una situación difícil.
Los miembros de la comunidad indígena tenían acceso al agua mediante un tajamar que fue construido por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), pero debían acarrear el agua de forma manual. Durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños para que el agua llegara a la comunidad.
“Con esto, se evitará el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios”, expresó el ingeniero Fernando García, titular de Senasa. Afirmó que se enviaron 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek y que, con la instalación, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua.
“Técnicos de la institución ya se encuentran esperando en el sitio, quienes planificaron el trayecto y realizarán la colocación de las cañerías para llegar a las aldeas, junto con trabajadores de la Gobernación de Presidente Hayes. Seguimos trabajando en la implementación de medidas que aseguren el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el acceso a los servicios esenciales”, refirió.
Los camiones pertenecientes al Comando de Ejército se encargaron de transportar las cañerías y partieron desde el Cuartel General del Comando de Ejército, la salida contó con la coordinación del ministro de Defensa, Óscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director general del Senasa.
Piden juicio oral para cabecilla de megaestafa en venta de vehículos
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La fiscala Lourdes Bobadilla presentó acusación contra Denis Steven Barbero Chávez, Carlos Alfredo Bareiro, Carlos Rubén Yrala Fernández por los delitos de estafa y asociación criminal en el caso conocido como Steven Automotores. Igualmente, fueron acusados el juez Jorge Adolfo Franco Garaleik y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez por los hechos punibles de prevaricato.
La presentación se hizo ante la jueza penal de garantía Gladys Fariña, quien tendrá que admitir la acusación del Ministerio Público y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se pudieron recolectar varios elementos probatorios que responsabilizan del hecho punible mencionado para cada uno de los procesados. Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el presente caso existen 255 víctimas. La causa destapó un esquema de estafa donde se tenía como cómplices a jueces y funcionarios judiciales, que hoy están acusados y con pedidos de que el caso se eleve a juicio oral y público.
Este caso de megaestafa trascendió en marzo de 2024, con la imputación del juez Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Chacoí-Nueva Asunción, y de su actuaria Gabriela Noemí Gaona Benítez, por la emisión de resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles de Denis Steven Bareiro.
Una de las víctimas que abrió esta investigación había adquirido un vehículo en agosto de 2023, en la playa de ventas de vehículos ubicada sobre las calles Acceso Sur casi Mangoré de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de G. 1.694.000. Sin embargo, al retrasarse con la primera cuota, el 2 de octubre le secuestraron el vehículo con orden judicial, y le solicitaron la entrega de G. 17.000.000, así como la firma de un segundo contrato de compraventa, negándole la devolución del vehículo, del dinero de la primera entrega y los pagarés firmados.