El juez Rolando Duarte ratificó la prisión preventiva de Cynthia Burgos, pareja de Gregorio Papo Morales, procesados por la muerte del joven Robert Fabián Marín. Foto: Gentileza.
El juez penal de Garantías Rolando Duarte ratificó la prisión de Cynthia Burgos, pareja de Gregorio Papo Morales, imputada por omisión de auxilio, omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración de la persecución penal en el marco de la investigación por la muerte del joven Robert Fabián Marín.
La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en el Juzgado Penal de Garantías a cargo del citado juez de Garantías.
Ante esta resolución, la defensa de la imputada tiene la posibilidad de apelar dicha determinación judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que decidirá si revoca la resolución del juez Duarte o confirma el presente fallo.
“Papo” Morales fue imputado por homicidio doloso, mientras que su novia Cynthia Burgos está procesada por omisión de auxilio, omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración de la persecución penal.
Según los antecedentes, Morales mató a tiros a Marín en la vía pública del barrio San Pablo. El hecho quedó grabado en un circuito cerrado. La pareja fue detenida en un motel de Lambaré.
El padre de la niña de dos años localizada en Resistencia, Argentina cuenta con orden de captura internacional firmada por el juez Marcelo Saldívar. Foto: Archivo
Ordenan captura internacional de un padre que huyó con su hija a Argentina
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El juez penal de garantías Marcelo Saldívar declaró la rebeldía y ordenó la captura internacional del padre de la niña de dos años localizada en Resistencia (Chaco, Argentina).
El hombre está imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber de cuidado, tras no devolver a su hija menor a la madre al finalizar el régimen de visitas.
Ahora, las autoridades del vecino país deberán informar al juzgado a cargo de Saldívar y arbitrar los medios necesarios para una posible extradición a Paraguay, donde el procesado enfrenta un juicio penal por ambos delitos.
Según el acta de imputación, el hecho ocurrió el 8 de julio de 2026, cuando el investigado retiró a la menor en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo el régimen judicial vigente.
Con base en las evidencias, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente al considerar que existen suficientes indicios de su participación en los hechos.
Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
La extitular de Petropar Patricia Samudio, fue derivada a la cárcel de mujeres para cumplir su condenas de 4 años de cárcel por corrupción. Foto: Gentileza
Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
El juzgado ordenó la destrucción del cargamento tras asegurar una porción mínima de la sustancia para ser agregada como evidencia a la causa. Foto: Gentileza
Golpe al narcotráfico: Senad destruye más de 500 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero
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Como anticipo jurisdiccional de prueba, se llevó a cabo la destrucción de sustancias estupefacientes en la sede local de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El procedimiento se realizó en el marco de una causa penal por violación a la Ley N.° 1340/88, tras la incautación de marihuana el pasado 25 de junio de 2026 en el barrio María Victoria de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La agente fiscal Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Amambay, participó en este acto judicial desarrollado en la “Terraza del País”.
La diligencia se ejecutó bajo estricto control del juez Penal de Garantías, Juan Martín Areco Torraca, y contó con la presencia del abogado defensor, un perito químico y un agente antinarcóticos de la Policía Nacional.
Antes de proceder a la quema, se realizó la extracción de muestras para el análisis químico definitivo y se determinó el peso total de la droga incautada, el cual ascendió a 504,7 kilogramos.
El juzgado ordenó la destrucción del cargamento tras asegurar una porción mínima de la sustancia para ser agregada como evidencia a la causa.
Igualmente, la presente investigación seguirá su curso y no se descarta que en los próximos días se realice varias diligencias investigativas para tratar de llegar hasta los responsables de la carga de marihuana.