El vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia y encargado de la implementación de las herramientas digitales, Alberto Martínez Simón, participó este martes del acto que habilitó el uso del expediente judicial electrónico en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Villa Hayes. Así informó el sitio web del Poder Judicial.

El acto contó con la presencia de autoridades judiciales locales encabezados por la presidenta del Consejo de Administración, Gisella Palumbo, y el representante del gabinete del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, Tomás Rocholl.

El ministro encargado del sistema, Alberto Martínez Simón, destacó que el expediente judicial electrónico “es una herramienta que nos proporciona agilidad y transparencia, que desde hoy empieza a funcionar en la ciudad de Villa Hayes”.

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Por su parte, el juez Víctor Sánchez, mencionó que “el sistema aporta transparencia, rapidez y economía para las partes, entonces los profesionales pueden acceder a sus causas desde donde estén”. Esta actividad se da en cumplimiento del programa de digitalización de los órganos jurisdiccionales.

La implementación del trámite judicial electrónico para el juzgado de Primera Instancia, contribuirá a una mayor transparencia y celeridad en los procesos judiciales.

La puesta en marcha de esta herramienta digital se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, impulsado por la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de mejorar la gestión jurisdiccional, fomentar la transparencia y adoptar medidas que reduzcan el impacto ambiental derivado del uso de recursos impresos.

Es importante destacar que el equipo técnico de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTICs) gestiona y supervisa las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa que regula la implementación de esta herramienta digital.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Un terrible caso de corrupción entre la Justicia de nuestro país. Un error judicial resultó en el despojo de 500 hectáreas de tierra a un ciudadano canadiense en Filadelfia, Chaco, mediante un proceso de homonimia y maniobras judiciales irregulares.

Se trata del caso de Peter Neufeld, un hombre de nacionalidad canadiense, casado con una paraguaya, y con varios hijos, perdió su propiedad valorada en 3 millones de dólares debido a un juicio iniciado por una deuda ajena. La firma Tape Ruvicha, que reclamaba el saldo impago de una camioneta, obtuvo una orden judicial de embargo, pero la Justicia vinculó erróneamente al canadiense con otro individuo de nombre similar, el mexicano Peter Neufeld Peters, quien realmente era el codeudor en el caso.

Durante el proceso, funcionarios del Registro Público emitieron una copia del título de la propiedad de Neufeld, a pesar de las advertencias sobre la equivocación de identidad. A lo largo del juicio, se ignoraron evidencias claras de que la propiedad en cuestión no pertenecía al demandado mexicano. Sin embargo, el tribunal procedió a rematar la estancia del canadiense a un valor irrisorio de 250 millones de guaraníes.

El abogado Robin David Miranda Azuaga, quien representa al afectado, solicitó al ministro de la Corte, Eugenio Giménez, una auditoría de la causa y la apertura de sumarios para la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, el juez Alfredo Barrios, la escribana Lilia Siriaca Sacarello de Carrillo, y otros funcionarios presuntamente implicados en la rosca. Además que se remitan los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Asimismo, presentó una acción autónoma de nulidad en contra de todos los actos judiciales relacionados con el caso.

Según el escrito presentado por el abogado, se pudo constatar una tenebrosa maniobra ilegal y perjudicial, con la transferencia e inscripción de la finca, pero sin que exista constancia de esto.

De acuerdo con el abogado, a través de un oficio la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz pidió informes a Registros Públicos sobre Peter Neufeld, con cédula 2.480.560, y esta instancia comunicó que esta persona no tenía registrado ningún inmueble a su nombre. Además, el propio deudor, con cédula paraguaya, intervino en el juicio, por lo que el sistema judicial estaba en conocimiento de quién era el que estaba en mora con el pago de su deuda. Llamativamente se incluyeron en el expediente las fincas del otro hombre con el mismo nombre, pero sin hacer mención a su número de documento extranjero. Esto se habría realizado, según el denunciante, a pedido de la abogada María Silvia Acha, representante de la firma que reclamaba la deuda.

En su momento, la firma Tape Ruvicha salió a defenderse y culpar a Registros Públicos del error cometido, pese a que, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que el verdadero deudor no registraba absolutamente nada a su nombre. Hasta ahora, ninguno de los administradores de Justicia explican esta situación. Un alevoso caso de despojo que atenta contra la seguridad jurídica. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir y ayudar a limpiar la cara de la sucia Justicia paraguaya. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

Un tribunal de sentencia condenó a 18 y 15 años de cárcel a dos personas luego de ser encontradas culpables por el delito de robo con resultado de muerte. Los condenados son Juan Manuel Hermosilla, en calidad de autor, y José Mercedes Benítez, en calidad de coautor.

El colegiado sostuvo que se pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado. El fiscal del caso y quien pudo demostrar la culpabilidad de los dos acusados fue Augusto Ledesma.

Ahora la defensa de los condenados tienen la posibilidad de apelar el fallo judicial y será un tribunal de apelación el que deberá decidir si corresponde confirmar la resolución de primera instancia.

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En fecha 14 de julio de 2021, siendo las 01:00, el episodio se produjo en el interior de la vivienda de la ciudad de Areguá, perteneciente a la Familia Goiburú Soto. Los ahora condenados ingresaron con violencia y arma de fuego en mano, exigieron dinero y la entrega del mismo. El suceso derivó en la muerte de un adolescente, quien recibió un impacto de bala a la altura del pecho.

En el episodio también resultaron heridos sus hermanos, quienes recibieron impactos de bala. Asimismo, despojaron de su aparato celular a una de las víctimas. Los condenados y sus cómplices huyeron a bordo de dos motocicletas.

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