El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú fijó para el próximo 10 de marzo, a las 10:30, la audiencia preliminar para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, acusados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia. El Ministerio Público solicitó que el presente caso se eleve a juicio oral y público.
El referido magistrado deberá analizar en la citada diligencia judicial si se eleva a juicio oral y público el presente proceso penal. En caso de ser así será un tribunal de sentencia el que tendrá que juzgar la conducta de los acusados en el presente caso.
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Acusación
Además de Ferreira y su hija, fueron acusados el aduanero Carlos Alberto Gamarra, y los funcionarios de Aduanas, Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por presunta complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.
La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria ni la documentación legal correspondiente.
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Jueza deberá decidir si deja impune o no proceso penal por estafa
Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.
El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Imputan y piden cárcel por intento de hurto de un pedazo de carne, pero el juez lo eximió de prisión
El Ministerio Público imputó a un hombre por el intento de hurto de un pedazo de carne valuado en G. 101.900 de un local de conveniencia. Igualmente, el fiscal del caso, Julio Paredes Duarte, pidió la prisión del imputado, pero el juez penal de Garantía de la capital de turno, Francisco Acevedo, lo eximió de prisión a César Marcelo Sosa Martínez. El hecho se registró el pasado 20 de junio.
El caso es uno de los numerosos que se presenta en el Poder Judicial y podría considerarse como hecho bagatelario.
El acta de imputación revela que en fecha 20 de Junio de 2025, siendo las 20:56, una persona de sexo masculino ingresa al local de conveniencia situado sobre las calles Teodoro S. Mongelos y 33 Orientales de la ciudad de Asunción. El personal de seguridad se da cuenta de la actitud sospechosa del hoy imputado por lo que el guardia y funcionarios del local procedieron a interceptar a dicha persona encontrando en su poder un pedazo de carne tipo tapa cuadril, cuyo valor aproximado es de G. 101.900.
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Seguidamente se dio aviso al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional, acudiendo al lugar personal policial de la Comisaría 7a., quienes al llegar al local visualizaron que los empleados ya tenían reducido a un hombre que quedó detenido.
Luego fue citado a una audiencia indagatoria y posteriormente el Ministerio Público presentó la imputación por intento de hurto de un pedazo de carne.
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Mafia de pagarés: otorgan medidas alternativas a la suspendida jueza de Paz, Analía Cibils
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la jueza de Paz de la Encarnación, suspendida en sus funciones, Analía Cibils. Ella está imputada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autora por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
De acuerdo a la presente investigación fiscal, el juzgado de Paz de la Encarnación es uno de los principales donde se habría articulado la trama criminal.
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Estigarribia resolvió que la magistrada comparezca de forma mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial, además le prohibió salir salida del país, así como también las cauciones cuyos montos no fueron dados a conocer hasta el momento.
Además de los hechos que se le atribuyen a la jueza Cibils, recientemente la Contraloría detectó graves inconsistencias en su estudio de correspondencia y que podría ser del monto superior al inicial en el orden de G. 800 millones.
La diligencia judicial se llevó a cabo luego de que se rechazaran varias chicanas presentadas por la defensa de la jueza suspendida en sus funciones. En el presente caso, se tiene a varios ujieres imputado,s así como a funcionarios de los juzgados de Paz de la capital.
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Asesinato en Taguató: rechazan reducción de pena de hermanos condenados
El juez de ejecución penal de Filadelfia, Chaco, Carlos Alberto Lezcano, rechazó reducir la condena a los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina, quienes fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado en el marco del suceso del cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató, de Mariscal Estigarribia, Chaco, donde fueron asesinados dos adultos y dos niños.
Por su parte, la querella adhesiva representada por el abogado José Dos Santos se opuso al pedido de la defensa de los condenados argumentando que “ el pedido de redención formulado por los condenados no corresponde debido a que no se tienen datos certeros y carecen de credibilidad, debido a que se observa que todas las planillas han sido confeccionadas en un mismo momento, además llama la atención que la hora de entrada y salida en todas las planillas son las mismas, lo cual resulta imposible, por ejemplo no se registra hora para salida de almuerzo según la planilla”, indicó la querella.
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El magistrado Lezcano señaló que “conforme al análisis de la cuestión planteada, esta judicatura constata que no existen méritos que solventen con convicción el otorgamiento de la redención a favor de los condenados, por lo que se resuelve no hacer lugar al incidente de redención con costas a la perdidosa”, refiere el argumento del juez de ejecución.
Condena
La Justicia condenó a 30 años de cárcel más10 años de medidas de seguridad totalizando 40 años de pena de privativa de libertad a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Asimismo, el colegiado condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a Cesáreo González, tras ser encontrado culpable por el delito de abigeato y producción de documentos no auténticos. Mientras que los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado. Por su parte, el abogado Ricardo Ramírez fue condenado a 5 años de cárcel por abigeato.
En el crimen fallecieron Alcibiades Ayala Coronel, su esposa Francisca Nidia Núñez y sus dos nietos pequeños. El homicidio ocurrió en julio del 2019 en la citada localidad chaqueña. El agente fiscal, Andrés Arriola, acusó a los procesados por homicidio doloso, abigeato, robo agravado, hurto especialmente grave, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y reducción.
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