El juez penal de Garantías Miguel Palacios remitió a la Justicia argentina la orden de detención con fines de extradición de Mariángela Abdala y Giselle Noemí Ferrer, imputadas por perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y violación de la cuarentena sanitaria, en el marco de la investigación por los actos de vandalismo y quema de bandera del Panteón Nacional de los Héroes.
Ahora, la Justicia del vecino país debe dar trámite al pedido del magistrado Palacios. El fiscal Fabián Centurión había solicitado la detención con fines de extradición de Ferrer y Abdala. En este caso, las dos mujeres podrían ser detenidas y extraditadas a nuestro país.
Las dos mujeres, que están consideradas como prófugas de la Justicia paraguaya, estaban en una manifestación registrada frente a la Embajada de Buenos Aires, en Argentina, el pasado 2 de febrero, donde fueron detenidas y liberadas posteriormente.
Los fiscales Fabián Centurión y Ángel Ramírez imputaron a las tres mujeres que ocasionaron daños al Panteón de los Héroes por la destrucción de bienes del patrimonio cultural y otros delitos, el 5 de setiembre del 2020. Además de Abdala y Ferrer, está imputada Paloma Chaparro Panimboza
Según el artículo 41 de la Ley 5.621/16 de Protección al Patrimonio Cultural, por el daño al patrimonio cultural las mujeres se exponen a penas de hasta 10 años de cárcel.
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¿En qué consiste el “criptogate” que conmociona en Argentina?
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
El “criptogate” que sacude el universo político argentino comenzó cuando el presidente Javier Milei, un economista ultraliberal que se jacta de haber contenido la endémica inflación argentina, promovió “de buena fe” una criptomoneda que en dos horas colapsó con pérdidas multimillonarias. El viernes de tarde, Milei promovió (o difundió, según su versión) en redes sociales la “memecoin” $LIBRA. “Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina”, escribió.
Lanzada ese mismo día, la criptomoneda alcanzó tras el tuit un valor de casi 5 dólares y se desplomó en un 90 % en dos horas. Milei borró entonces su publicación inicial y dijo que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. En ese lapso, la moneda “movió más de 4.500 millones de dólares”, dijo Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales.
El monto de lo que perdieron los inversores “es algo subjetivo y difícil de estimar”, dijo a la AFP. Actualmente esa cifra se estima en 250 millones de dólares. Se presentaron decenas de denuncias en contra de Milei y otros involucrados, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y congresistas opositores dijeron que iniciarían un procedimiento de juicio político por “criptoestafa”.
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¿Qué consecuencias políticas tiene?
Diputados de la opositora Unión por la Patria (peronismo) anunciaron que impulsarán un juicio político al presidente, aunque están lejos de contar con los votos necesarios para que prospere. Esta posibilidad, “de 0 a 10, es cero”, dijo el analista político Carlos Germano a la AFP.
Otros impulsan la creación de una comisión investigadora, una iniciativa más viable, y hay una tercera propuesta promovida por la izquierda para interpelar al presidente. Esto lo expondría a las preguntas del Congreso, que Milei definió en el pasado como un “nido de ratas”.
El PRO, partido aliado de Milei que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), calificó el caso como “muy grave” y evaluó que “impactó en la credibilidad del país”. Sin embargo, declinó apoyar la iniciativa del juicio político “en esta instancia”. “Claramente el presidente ha quedado en el medio de una estafa para mucha gente y eso amerita una investigación muy seria”, dijo Macri. En medio de la polémica, la bolsa argentina (MERVAL) se derrumbó el lunes un 5,58%.
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¿Cuáles son los riesgos judiciales para Milei?
Para llevar a cabo un juicio político al presidente se requieren mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras. El abogado Adolfo Suárez Erdaire, que se especializa en estafas digitales e investiga este caso, dijo a la AFP que, aun si un juicio político lo hallara culpable, “la única pena que va a tener el presidente en el ámbito político sería la destitución y la inhabilidad para volver a ocupar cargos públicos”.
Pero tras el fin de su mandato podría enfrentar en la justicia ordinaria cargos con penas de hasta seis años de prisión, además de procesos civiles de reparación para los afectados. “Tiene un riesgo legal latente, porque las causas judiciales siempre quedan”, explicó.
¿Quiénes están involucrados?
Además de Milei, protagonizan el caso el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la empresa Kelsier Ventures y uno de los creadores de $LIBRA; el singapurense Julian Peh, quien creó la web “vivalalibertadproject.com” desde la cual se lanzó la moneda; y el argentino Mauricio Novelli, fundador del foro tecnológico donde se reunieron con el presidente en octubre en Buenos Aires.
El propio Milei informó en X que había mantenido un encuentro “muy interesante” con Davis el 30 de enero en la Casa Rosada. “Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”, escribió. Novelli es además cofundador de N&W Professional Traders, una empresa que brinda cursos de formación financiera en la que Milei dictó clases antes de lanzarse a la carrera política. “Lo conozco hace años”, dijo el presidente.
¿Qué responde Milei?
El lunes por la noche, el canal TN publicó una entrevista con el mandatario ultraliberal grabada en la misma tarde. “Yo no lo promocioné, yo lo difundí”, dijo Milei, quien aseguró que al darle publicidad a $LIBRA había obrado “de buena fe”.
“Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo”, planteó el presidente, al asegurar que las personas que invierten en criptoactivos “sabían muy bien lo que era el riesgo de lo que estaban tratando”, como aquel que va “a un casino”.
“Un casino en el que las máquinas están tocadas por el dueño”, ironizó Smaldone sobre la metáfora. Un clip editado de la entrevista se viralizó en redes y generó más controversia porque el presidente y el periodista comentan en tono irónico que las preguntas están preparadas de antemano. Poco después, a pedido del equipo de Milei, el periodista cambia una pregunta tras conceder que puede traerle un “quilombo (lío) judicial”.
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Filtración de chats: Rolón y Legal se abstienen de asistir ante la Comisión Permanente
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, y el juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal comunicaron que no acudirán a la convocatoria impulsada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional para tratar la divulgación de las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista con algunas autoridades de justicia y la política.
Legal argumentó impedimentos constitucionales, mientras que Rolón decidió enviar a la fiscal adjunta Matilde Moreno en su representación. El juez indicó que consultó sobre la convocatoria realizada por los parlamentarios al abogado Gustavo Gorostiaga, director de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien le recomendó “declinar respetuosamente” la invitación.
En el documento remitido por Legal a los miembros de la Comisión Permanente citó el artículo 193 de la Constitución Nacional, el cual dice que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
El magistrado citó además el artículo 195 de la Constitución Nacional, el cual indica que el “presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados”, por comisiones conjuntas que se den en el Congreso Nacional.
El mismo posicionamiento fue adoptado por Rolón Fernández, que se respaldó en los artículos 192 y 193 de la Constitución Nacional sobre prohibiciones y evitó acudir hasta el Legislativo. El primero sostiene que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
A la vez la cabeza del Ministerio Público alegó que existe una limitación material sobre el tema a tratar, teniendo en cuenta que los agentes fiscales que investigan el caso, Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal, accedieron recién en la víspera a la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles de Lalo Gomes.
“Nosotros necesitamos escuchar a las cabezas de las instituciones en cuanto a las acciones que están tomando. La fiscal adjunta no es la voz que nosotros queremos escuchar como Comisión Permanente, lo que hubiese correspondido es que ambos estén presentes y que respondan a las consultas de la ciudadanía”, recriminó el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ángel del Puerto.
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Chats de Lalo Gomes: filtración no es motivo para requerir nulidad de pruebas, dice fiscal
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, manifestó que la filtración de los datos extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista no es motivo para requerir la nulidad de pruebas. La defensa legal del dirigente de Amambay acusa al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal por la difusión de los datos a medios de comunicación.
“Esta es una estrategia de la defensa, para que exista una nulidad hay ciertas formalidades, se tiene que afectar ciertos principios. De que se haya hecho una extracción y por ahí alguien haya hecho otra copia, siempre de que no existan modificaciones o alteraciones en esas pruebas no hay razones para anularlas”, sostuvo.
Las afirmaciones de Piñánez surgieron tras concretarse este último martes la entrega de la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles del fallecido parlamentario. Los datos fueron otorgados por Legal al Ministerio Público y a la defensa de la familia de Lalo Gomes ejercida por el abogado Óscar Tuma.
“Yo creo que sí o sí la defensa planteará la nulidad de pruebas en el caso de que haya una imputación, pero el hecho de que se haya filtrado no puede invalidar las pruebas, lo que podría invalidarlas es que realmente haya existido algún tipo de manipulación. La filtración es un acto cuestionable y si se encuentra a los responsables de las filtraciones deben tener algún tipo de sanciones, pero no para invalidar una prueba”, remarcó a la 1020 AM.
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Los mensajes filtrados motivaron a Legal a denunciar un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo a su banca.
A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.
“Ahora debemos abocarnos a ver que tanta información se tiene al respecto, acá debemos hacer el análisis de que sí las informaciones se adecuan o no a una conducta penal, si existen más personas involucradas. También veremos si esto finalmente ameritará la conformación de más equipos de investigación o en su defecto la apertura de más causas penales. Vamos a discriminar lo que es relevante para la investigación, estás son cuestiones administrativas que pueden dar mayor eficacia a la investigación penal”, indicó.
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Justicia argentina ordena juicio a expresidente Alberto Fernández
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
La justicia argentina ordenó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández para que responda en un juicio oral por “lesiones graves” y “amenazas coactivas” en contexto de violencia de género contra quien era su pareja cuando ejercía la presidencia (2019-23). El exmandatario, de 65 años, ha rechazado todos los cargos durante la etapa de instrucción al calificar la acusación como “una estafa procesal sin precedentes”, según prologó el escrito de 200 páginas que presentó a la justicia para pedir su sobreseimiento, el cual fue denegado.
“Jamás ejercí violencia física, psicológica o económica” contra Fabiola Yáñez, sostuvo Fernández en ese escrito, en el que también denunció que tanto el fiscal como el juez limitaron su derecho de defensa. El 6 de agosto pasado la ex primera dama, una periodista de 43 años que reside en Madrid, había denunciado por violencia física y psicológica al expresidente, con quien tiene un hijo de dos años. Fernández aún “puede apelar el procesamiento”, aclaró a la AFP Mariana Gallego, abogada defensora de Yáñez. “Una vez firme (la causa) se eleva a juicio oral”, explicó la abogada.
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En su fallo, el juez Julián Ercolini lo consideró “prima facie autor (presunto) penalmente responsable de los delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas”.
También le impuso un embargo sobre sus bienes de 10 millones de pesos (unos 8.400 dólares) y debe informar cualquier viaje que implique ausentarse por más de 72 horas de su domicilio en Buenos Aires. Previamente la fiscalía había recabado pruebas del teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez, en las que la exprimera dama aparecía con hematomas en su rostro y cuerpo.
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Ercolini se refirió en su escrito a dos lesiones específicas que se corresponden con dos fotos filtradas a la prensa, que muestran a Yáñez con un ojo y un brazo morado. Además, el magistrado señaló que Fernández se habría aprovechado de la “particular relación asimétrica de poder” que tenía con su pareja al menos desde 2016 hasta el momento en que Yáñez realizara la denuncia.
Ercolini es el mismo juez que tramita otra denuncia contra el expresidente por una supuesta defraudación en la contratación de seguros durante su mandato, caso que aún no fue elevado a juicio. En esta causa el exmandatario recusó al magistrado por supuesta parcialidad, petición que aún está pendiente de resolución.