La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay emitió un comunicado a la opinión pública sobre el enjuiciamiento del agente fiscal Osmar Legal, quien pidió prisión preventiva en el caso Imedic SA. Menciona que el referido agente del Ministerio Público se ratificó en la audiencia de imposición de medidas sobre la prisión de Justo Ferreira y su hija. Igualmente, sostienen que en enero pasado se presentó la acusación contra Justo Ferreira, Patricia Ferreira y otros solicitando que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público.
Del mismo modo, respaldan la labor del fiscal Legal, quien en cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes procesales ha ejercido correctamente su rol. También el citado gremio expresa su preocupación por la aparente utilización de un órgano constitucional con una finalidad diferente a la establecida en las normativas, una práctica que se creía superada.
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Ante estas circunstancias, se exhorta al respeto de las reglas procesales, la independencia y a las funciones que correspondan al Ministerio Público como órgano persecutor y requirente.
Esta tarde, el JEM decidió enjuiciar sin suspensión al fiscal Osmar Legal por su sospechosa actuación en el marco de la causa donde está imputado el accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira y su hija Patricia, procesados por contrabando por la fallida compra de insumos médicos para la pandemia en nuestro país.
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Juez decretó la prisión en la Senad de Hernán Bermúdez, alias “Comandante H” o “El Abuelo”.
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva del capo narco mexicano, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, quien pasará a guardar reclusión en la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad). La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de identificación llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Igualmente, durante la audiencia, el juez Legal puso a conocimiento de Bermúdez que podía prestar su acuerdo para la extradición abreviada, pero el capo narco mexicano se negó a someterse a la misma y por ende se dio inicio al proceso de extradición ordinario en el que el país requirente tendrá que presentar toda la documentación para poder hacer lugar a la extradición.
El operativo de precisión se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento.
Detención
El exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco (sureste), Hernán Bermúdez Requena, fue capturado en un barrio cerrado en Mariano Roque Alonso. El detenido está acusado de ser jefe de la banda criminal La Barredora, ligada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y quien salió de México para escapar de la justicia desde enero pasado.
Sobre Bermúdez Requena pesaba una ficha roja emitida por la Interpol a mediados de julio pasado para dar con su paradero. Se le acusa “de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco”.
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Fiscales piden que Prieto sea convocado para audiencias preliminares
Los agentes fiscales Anticorrupción, Silvio Corbeta, Yeimy Adle Mónges y Verónica Valdez, solicitaron al juzgado de Delitos Económicos a cargo del magistrado Humberto Otazú, que convoque al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para las dos audiencias preliminares que tiene pendiente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán desde el Poder Judicial.
El pedido se dio luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya destrabado los dos procesos penales en contra de Prieto, el caso conocido como Tía Chela y el caso Tajy. Los fiscales a cargo de las investigaciones solicitaron que sean convocados, tanto el exintendente como los demás acusados.
La solicitud de los fiscales se da bajo apercibimiento de ley, esto implica que si las partes pretenden dilatar la realización de la audiencia preliminar, se pueda incluso utilizar la fuerza pública para que los imputados se presenten ante el juzgado, para evitar que ambos procesos penales sigan siendo dilatados.
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El caso Tía Chela
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto, anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas.
Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L., se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
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El Ministerio Público llegó a la conclusión de que se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.
Caso Tajy
En el caso conocido como Tajy, fueron imputados por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas de la comuna) y otras ocho personas.
De acuerdo con este caso, el perjuicio patrimonial es de 306 millones de guaraníes, desembolsados a cambio de nada, es decir, de mercaderías inexistentes.
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Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un intérpretes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como caos jurídico, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña.
“La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.
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Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Abog. Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un interpartes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como CAOS JURÍDICO, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña. “La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.