“Ayer se cumplió el plazo para que Abc Color presentara su chicana N° 18 y felizmente no lo hizo. Y digo felizmente porque no me gustaría perjudicar a ningún colega que vive de la profesión; pero tolerar una chicana más me convertiría en un idiota”, señaló Jacinto Santa María, abogado de la exviceministra de Tributación Marta González Ayala, quien querelló por difamación a Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista del diario Abc Color, respectivamente.
“Tengo lista la denuncia por chicaneros contra los abogados de Abc, con el pedido de auditoría de la actitud de los mismos, que iba a presentar esta mañana en caso de encontrar otro recurso dilatorio. Creo que haber presentado y perdido 17 chicanas, como es el caso de Abc, ya constituye un motivo más que suficiente para que un abogado sea ejemplarmente sancionado como corresponde”, concluyó el profesional.
Tras el rechazo en el Tribunal de Apelación, de los dos últimos recursos dilatorios presentados por la defensa, el juez Elio Ovelar tiene vía libre para fijar nueva fecha para el juicio oral, que ya fue suspendido seis veces por la acción dilatoria de los abogados de Abc Color.
Antecedentes
La exviceministra de Tributación Marta González presentó una querella autónoma contra el periodista Juan Carlos Lezcano y Natalia Zuccolillo, por haberla acusado en reiteradas publicaciones de la supuesta comisión de graves irregularidades en el ejercicio del cargo, específicamente en lo referente a la adjudicación del contrato de actualización del Sistema Marangatu, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
La querella fue presentada luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) desvirtuara lo señalado por el cuestionado periodista mencionado anteriormente, quien cuenta con antecedentes, de presunto plagio, en su profesión.
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Seprelad: Fiscalía acusa, pese a mar de chicanas y abogados de mala fe
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez presentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.
Igualmente, los fiscales pidieron al juzgado penal de Garantía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados. En relación al expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presentada debido a que ambos cuentan con fueros parlamentarios.
El escrito del Ministerio Público tiene 60 páginas y se describe que “durante los años 2021 y 2022 el entonces presidente Mario Abdo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”.
Para dicho efecto, “entre los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022 Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, junto a Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira redactaron el informe de inteligencia N° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa. Igualmente participaron de la elaboración del informe Daniel Farías y René Fernández”.
“La Fiscalía fue contundente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene proporcionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.
Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe filtrado a los medios de prensa, Arregui presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes. Los datos confidenciales obrantes en dicho documento también fueron utilizados por autoridades nacionales, es decir, por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola, al ser filtrados en redes y discursos políticos”, revela la acusación.
Del mismo modo, señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expresidente Cartes.
Ese sentido, quedó demostrado que la elaboración de la contestación del pedido de la Fiscalía de Panamá se realizó a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat y se incorporaron informaciones no solicitadas. Dicha filtración ocurrió cuando el diario Ultima Hora emitió una publicación que decía “Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Giuzzio”, dice el escrito de la Fiscalía.
Los fiscales mencionaron sobre la elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera señalando que “el 26 de enero Giuzzio presentó denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante la Seprelad, sin embargo dicha institución no estaba facultada a recibir denuncia sobre hechos punibles”.
El escrito concluye que “Arregui dio la orden de que se incluya en el informe de inteligencia vinculado a Cartes los cuadros de salarios de Óscar Boidanich y Santiago Peña del Banco Basa”. También se dejó en claro que los acusados hicieron constar en el informe de inteligencia que Unicanal S.A había comprado cigarrillos de Tabesa, pero en este caso no se adecua a la verdad, sino que Unicanal recibió un préstamo de acuerdo a la factura obrantes en el caso de la firma Tabesa, por lo tanto la actividad comercial entre ambas empresas no estuvo vinculada a la venta de cigarrillos como se hizo figurar en el informe de inteligencia”.
La acusación fiscal sostiene que las conductas de cada uno de los investigados repercutieron no solo en el plano nacional sino que internacional, ya que la propia organización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyó a Seprelad dirigida por Carlos Arregui la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
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Perú: expresidente Pedro Castillo inicia huelga de hambre en prisión
- Lima, Perú. AFP.
El expresidente peruano Pedro Castillo se declaró en huelga de hambre en la prisión donde está recluido en protesta por el juicio donde se le acusa de rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022, anunció ayer lunes su abogado.
“La decisión de una huelga de hambre es porque está haciendo una protesta pacífica para que el mundo tenga conocimiento que se encuentra preso de manera injusta, arbitraria”, dijo el letrado Walter Ayala a la radio RPP.
La declaración siguió a la difusión en la cuenta atribuida a Castillo en la red social X de una nota manuscrita, donde informa sobre su medida de fuerza.
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“Contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en HUELGA DE HAMBRE”, señaló el expresidente en su mensaje en X.
Castillo, de 55 años, se mantendrá en huelga hasta que modifiquen el tribunal de la Corte Suprema que lo juzga y que sea liberado, advirtió su defensor.
“Él no está de acuerdo con su detención y pide un tribunal imparcial”, dijo Ayala.
El juicio se inició el 4 de marzo en una sala anexa a la minicárcel para exmandatarios donde está recluido, al este de Lima. La fiscalía pide 34 años de prisión.
En la primera audiencia el acusado calificó de “una pantomima” el proceso porque una de los tres jueces adelantó opinión en su contra.
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Castillo es un exsindicalista emergido de la izquierda radical, que cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022, cuando fue detenido tras su frustrado golpe de estado.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.
Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.
“Nunca me levanté en armas”, ha invocado siempre Castillo, indicando que su pedido no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.
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Comienza el juicio por la muerte de Maradona
- San Isidro, Argentina. AFP.
Cuatro años después de la muerte de Diego Maradona, comienza este martes en Argentina el juicio a siete profesionales de la salud para determinar sus responsabilidades en el fallecimiento de la leyenda del fútbol. Tras varias postergaciones, la primera audiencia está prevista para las 09:30 locales (12:30 GMT) en los tribunales de la localidad de San Isidro, una ciudad satelital al norte de Buenos Aires, y se espera que el juicio dure al menos hasta julio.
Siete miembros del equipo médico de Maradona están imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, es decir sin premeditación, pero en el que el victimario sabe que podría ocasionarle la muerte a alguien e igualmente continúa con su accionar. Los acusados arriesgan entre ocho y 25 años de prisión.
Durante el proceso declararán cerca de 120 testigos, entre familiares, peritos y médicos de Maradona a lo largo de los años, dijeron las partes a la AFP.
El carismático jugador falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, a causa de una crisis cardiorrespiratoria mientras cumplía una internación domiciliaria en su residencia particular en Tigre, al norte de Buenos Aires, tras una cirugía en la cabeza por un hematoma.
Según la autopsia, el héroe del Mundial de 1986 con la Albiceleste murió por “edema pulmonar agudo secundario e insuficiencia cardíaca crónica agravada”.
Maradona padecía múltiples patologías: problemas renales, hepáticos, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico y dependencia del alcohol y psicofármacos. Su muerte conmocionó al mundo deportivo y fue llorada por millones de argentinos. Hubo tres días de duelo nacional y se realizó un multitudinario y emotivo velatorio en el palacio presidencial.
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La causa
Enfrentarán al tribunal el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y el enfermero Ricardo Omar Almirón.
Los cinco hijos de Maradona y sus hermanas son querellantes en la causa. La enfermera Dahiana Gisela Madrid, la octava acusada, será juzgada de forma separada al término de este proceso, en un juicio por jurados a pedido de su defensa.
Los fiscales consideraron en la acusación que el ídolo del argentino Boca Juniors y el italiano Nápoles se encontraba “en situación de desamparo” y “librado a su suerte”, sin la atención debida ante la gravedad del cuadro: “Hay un cúmulo de conductas penalmente relevantes que condujeron a Maradona a su triste fallecimiento”, afirmaron.
Un informe médico de mediados de 2021 sugirió que el tratamiento de Maradona había sido “inadecuado, deficiente y temerario”. En su petición de elevar la causa a juicio oral, el juez del caso, Orlando Díaz, cuestionó “la conducta que cada uno de los incusos (acusados) habría desplegado, no cumpliendo con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”.
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Las posturas
Los acusados niegan cualquier responsabilidad en la muerte la leyenda del fútbol mundial escudándose en su propia especialidad o tarea segmentada. El abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Cosachov, declaró a la AFP que era “muy optimista respecto a una absolución”.
“Mi defendida estaba velando por la salud mental de Maradona, pero él falleció por un evento cardíaco, por lo que de ninguna manera (ella) debería haber llegado a este juicio”, dijo.
La familia de Maradona hace foco en audios y mensajes escritos que se filtraron al inicio de la investigación, según los cuales “quedó claro que ellos (el equipo médico) sabían que, si Diego seguía así, iba a morir”, dijo recientemente Mario Baudry, abogado de Dieguito, uno de los hijos de Maradona.
Dos de las hijas del “diez”, Dalma y Gianinna, pidieron repetidamente en redes sociales “justicia” por la muerte de Maradona, un pedido al que se sumaron miles de argentinos.
“¡Justicia para Diego!”, proclaman pintadas en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, donde Maradona se inició como futbolista en el club Argentinos Juniors.
“Nos merecemos tener justicia y saber realmente qué fue lo que pasó, quién lo abandonó y que pague quien tiene que pagar”, dijo a la AFP Hilda Pereira, una jubilada, en vísperas del juicio. “Él no merecía morir así, en soledad, eso da mucha tristeza”, añadió.
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Fiscalía española pide que se repita el juicio a Rubiales por beso forzado
- Madrid, España. AFP.
La fiscalía del proceso a Luis Rubiales recurrió ayer jueves la sentencia y pidió que se celebre un nuevo juicio por la parcialidad del magistrado, que impuso al exmáximo dirigente del fútbol español una multa como castigo al beso a la jugadora Jenni Hermoso.
En el escrito de la fiscal Marta Durántez, al que tuvo acceso AFP, ésta reclama un nuevo juicio presidido por un magistrado “no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad”, y denunció que este le impidió plantear numerosas preguntas e ignoró pruebas en su sentencia.
El magistrado José Manuel Fernández Prieto no hizo “mención alguna en la sentencia a varias cuestiones fundamentales sobre las que se practicó prueba en el acto del juicio, como si tales pruebas no hubieran existido”, sostuvo la acusación.
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Además, Durántez acusa al juez de “privar a esta acusación de formular preguntas procedentes a varios de los testigos”, antes de pasar a enumerar todas “las ocasiones en que fueron inadmitidas preguntas”. La fiscalía quiere que se repita el juicio para que se le permita, insiste, “realizar las preguntas que fueron indebidamente inadmitidas de forma reiterada durante la vista”.
Los hechos juzgados ocurrieron el 20 de agosto de 2023 durante la ceremonia de entrega de medallas después de que España se proclamase campeona del mundo en Sídney, cuando Rubiales le plantó un beso en la boca a la jugadora, desatando un escándalo mundial que le acabó costando el cargo. Tanto la defensa de Hermoso, como el propio Rubiales, anunciaron también que recurrirían la sentencia.
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Una pena inferior a la solicitada
Será la sala de apelaciones de la propia Audiencia Nacional, la alta instancia que juzga los casos más graves y los delitos cometidos por españoles en el extranjero, quien resuelva los recursos, en una fecha sin determinar. En la sentencia del juicio que tuvo lugar del 3 al 14 de febrero cerca de Madrid, el juez declaró a Rubiales culpable de agresión sexual, y le impuso una multa de 10.800 euros (11.300 dólares) y la prohibición de acercarse o contactar con la víctima durante un año.
La pena contra quien presidió la RFEF desde 2018 hasta 2023 es muy inferior a la que solicitaba la Fiscalía, de dos años y medio de cárcel, un año por el beso y año y medio por las coacciones.
La sentencia fue “de suma benevolencia hacia el agresor”, estimó la abogada feminista española Altamira Gonzalo, que es también miembro del Observatorio español de Violencia sobre la Mujer, en declaraciones a AFP.
Hermoso apeló la sentencia porque absolvió a Rubiales y a otras tres personas del delito de coacciones, ya que el juez no estimó que hubiera violencia o intimidación en las presiones para que la jugadora de 34 años saliera públicamente a quitarle importancia al beso, ante la polémica que se estaba formando.
Por su parte, Rubiales recurrió alegando que su beso no tuvo “connotación sexual de clase alguna”, una condición indispensable para que haya delito de agresión sexual, según señaló el escrito de apelación al que tuvo acceso la AFP. Asimismo, el ex dirigente de 47 años reiteró que el beso fue “un contacto físico consentido”, al tiempo que fustigó “la inconsistencia” del relato de los hechos de Hermoso durante el juicio.