La fiscal Stella Mary Cano imputó al intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, por el delito de lesión de confianza por haber presuntamente ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.596.752.689. También fueron imputados Pedro Alberto Vera, Arsenio Domínguez y Rigoberto Vicencini.
En el marco de la presenta causa, la fiscal realizó varias diligencias, constituyéndose en diferentes oportunidades hasta la ciudad de Concepción en compañía de un equipo técnico, donde realizaron recorridos, inspecciones, así como análisis técnicos sobre el estado de las obras, acorde con las documentaciones proveídas por los informes solicitados.
Según los informes recibidos, las obras no estaban concluidas, verificándose también que en el trayecto del desagüe pluvial se hallaron varios residuos acumulados, gran cantidad de basura y agua servida. También mediante peritajes se documentaron todas las evaluaciones realizadas en la causa. En otros tramos se detectaron irregularidades como filtraciones, desperfectos, fallas del suelo en las uniones por carencia de carga asfáltica, entre otras.
De acuerdo al estudio realizado por los técnicos del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial al municipio de Concepción sería de G. 1.596.752.689 en varias licitaciones.
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Interventor de CDE: “Nuestro trabajo es serio y respaldado en documentaciones”
El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, sostuvo que posee pruebas fehacientes para sostener sus afirmaciones sobre la existencia de graves irregularidades halladas en la administración del intendente opositor Miguel Prieto.
“La intención es evidente, de querer amedrentar o intimidar, pero al menos de nuestra parte el resultado va a seguir. Estamos llegando a la mitad del período y te diría que estamos ajustados al límite de nuestro cronograma, pero redoblaremos el compromiso de continuar avanzando”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El economista sostuvo que está realizando un trabajo serio. “Nosotros tenemos, primero, la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo serio y que estamos respaldados en las documentaciones que vamos identificando“, destacó.
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En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, el líder del movimiento Yo Creo envío el jueves pasado a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto.
Por otra parte, Ramírez mencionó que se encuentra accediendo a las documentaciones relacionadas a órdenes de pagos remitidas por la administración de Prieto a la Fiscalía. Los documentos no guardan relación con causas judiciales abiertas.
“Hay un porcentaje de esos documentos que están con causas judiciales abiertas. Esa es una restricción legal. Nosotros tenemos un porcentaje de documentaciones que están en la Fiscalía en la Unidad de Cuentas, tenemos los buenos oficios de la Fiscalía General del Estado, estamos accediendo. Yo diría que en varios frentes estamos avanzando bien con las circunstancias propias de la situación”, expresó Ramírez.
Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.
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Pereira no descarta presentar informe final antes de 60 días: “Tengo dos frentes muy complejos”
“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.
“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.
“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.
“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.
Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.
Funcionarios
“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.
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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".
El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.
Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.
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Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
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El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
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Sicariato en Concepción: brasileño recibió 31 impactos de bala
Cerca de la medianoche de este jueves, se reportó un supuesto hecho de sicariato en la localidad de Yvy Ja’u, departamento de Concepción, donde resultó víctima un hombre de nacionalidad brasileña; el mismo habría ingresado hace un mes al país y vivía en la zona en una vivienda alquilada.
Entre las pertenencias del hombre fue hallado un documento de identidad brasileño, pero la fotografía en el mismo no corresponde con el fallecido, por lo que aún las autoridades se encuentran indagando para determinar la identidad real del hombre, ya que sus huellas no se encuentran registradas en el programa de identificación nacional.
Según el informe de criminalística, en el lugar fueron levantados 37 casquillos, entre los cuales fueron encontrados algunos de calibre 9 milímetros y otros de 5,56, por lo que se presume que al menos dos personas habrían perpetrado el crimen.
El fallecido habría recibido de estos 37 disparos 31 impactos en el área del rostro, cuello y tórax, al igual que en los brazos. Los intervinientes hallaron el cuerpo tendido en el suelo detrás de la puerta principal de la vivienda, la cual también contaba con rastros de los impactos de bala.
“El alquiler está a nombre de un Lucas Lima, pero esta identidad no concuerda con las características del fallecido, por lo que estamos indagando con nuestros pares de la tripartita. La principal hipótesis que tenemos es que se trata de un crimen por ajuste de cuentas, pero siguen los trabajos investigativos”, comentó el comisario Gerardo Duarte, jefe del departamento de investigación de Concepción, en conversación con el canal GEN.