La fiscal Stella Mary Cano imputó al intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, por el delito de lesión de confianza por haber presuntamente ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.596.752.689. También fueron imputados Pedro Alberto Vera, Arsenio Domínguez y Rigoberto Vicencini.
En el marco de la presenta causa, la fiscal realizó varias diligencias, constituyéndose en diferentes oportunidades hasta la ciudad de Concepción en compañía de un equipo técnico, donde realizaron recorridos, inspecciones, así como análisis técnicos sobre el estado de las obras, acorde con las documentaciones proveídas por los informes solicitados.
Según los informes recibidos, las obras no estaban concluidas, verificándose también que en el trayecto del desagüe pluvial se hallaron varios residuos acumulados, gran cantidad de basura y agua servida. También mediante peritajes se documentaron todas las evaluaciones realizadas en la causa. En otros tramos se detectaron irregularidades como filtraciones, desperfectos, fallas del suelo en las uniones por carencia de carga asfáltica, entre otras.
De acuerdo al estudio realizado por los técnicos del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial al municipio de Concepción sería de G. 1.596.752.689 en varias licitaciones.
Dejanos tu comentario
Proyecto del Ejecutivo dará versatilidad al transporte público, afirma viceministro
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la propuesta de reforma del transporte público otorga versatilidad tanto al sector público como privado para la adquisición y operación de buses a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.
“Con esta reforma, el Estado puede participar del sistema en paralelo al privado. Ambos pueden participar. No lo restringimos, nosotros le dimos mayor habilidades al Estado, porque esto es muy dinámico y complejo y el Estado debe tener la fortaleza para responder a la complejidad. Entonces, el Estado puede ser proveedor de flota y también ser operador, al igual que el privado puede ser proveedor y operador”, detalló en visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
Resaltó que dentro de la reforma se está trabajando varios componentes, uno de ellos es el tema de los buses, pero también contempla el aspecto vial, lo que no quiere decir que se establecen nuevas calles, sino que habla de una infraestructura de mantenimiento de las calles entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con municipios y gobernaciones.
“Por eso, necesitamos una ley o marco jurídico que otorgue habilidad al Estado incluso de ser operar o poder proveer flota. Pero el foco principal está finalmente en una gran alianza público-privada, desde el punto de vista de la empresa que va a proveer el servicio, la flota; pero tampoco hay que olvidar a la gente, que finalmente paga una parte importante de la factura de todo el sistema de transporte”, acotó.
Licitación de corredores
Por otra parte, el viceministro indicó que a la fecha existen 36 empresas de transporte con buses muy viejos, que tienen itinerarios que son prácticamente patrimonio de ellos y que ya no se les puede sacar. Entonces, lo que se permite con la ley es propiciar un marco de competencia donde se puedan volver a licitar los corredores, con lo que se busca abrir un proceso de depuración de las empresas.
“Una empresa en un corredor genera sostenibilidad financiera, porque esto es un negocio a escala. Cuando se tiene una empresa que puede ser sostenible por el giro del negocio, son empresas que pueden invertir en calidad. Cuando se invierte en calidad, que a su vez significa invertir en usuarios, propiciando la compra de buses nuevos”, comentó.
“A la par de esto hay que hacer varias cosas, infraestructura, a la par fortalecer al viceministerio del Transporte, no vamos a tener una reforma sin un viceministerio robustecido; porque al final del día lo que se necesita es un control más robusto, podemos cambiar el sistema, pero sin control se puede desordenar”, acotó.
Dejanos tu comentario
Prieto busca desvirtuar su corrupción con populismo, afirma abogado esteño
“La situación en Ciudad del Este está muy candente. Los delincuentes nunca admiten que son delincuentes”, sostuvo el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), ante las afirmaciones del intendente Miguel Prieto y su entorno político, quienes alegan que el proceso de intervención a su gestión se transformó en una campaña de desinformación y persecución a base a mentiras.
“Prieto, mediante el populismo quiere tratar de desvirtuar la realidad, pero esta es mucho más fuerte, se tienen muchas irregularidades, corrupción en la administración municipal que van saliendo, que nosotros habíamos denunciado como casos de planillerismo, la existencia de empresas de maletín que fueron beneficiadas para delinquir", dijo a la radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante la Fiscalía con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Por más que Prieto quiera ocultar la documentación requerida para el proceso de intervención, eso no impide que se puedan demostrar los hechos punibles y las irregularidades. La falta de documentos retrasa la investigación, pero eso no significa que el interventor no pueda presentar su informe, verificando datos de otras fuentes", puntualizó.
Lea también: Gobierno de Peña entregará 530 viviendas a familias de San Pedro
Principales falencias detectadas en la gestión de Prieto
1. Documentos que aparecen y desaparecen
Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo, se enfrentaron a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor.
Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.
2. Dudosa asignación
La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42.000 millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.
3. Obras retrasadas y con plata ya transferida
Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, transcurrieron semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.
4. Combustibles con cifras imposibles
La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.
- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.
- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.
5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.
Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en lugar de destinarlos a urgencias reales.
Te puede interesar: EBY confirma reinicio de obras en Aña Cuá desde agosto
Dejanos tu comentario
Reportan desaparición de tres hombres en zona de San Lázaro
Tres hombres con frondosos antecedentes penales se encuentran desaparecidos en la zona de San Lázaro, Concepción y según sus familiares se encontraban regresando del Chaco en una camioneta cuando repentinamente se perdió la comunicación con ellos.
El extraño caso está siendo investigado por la Policía Nacional que reveló que si bien cuentan con un historial delictivo, los hombres no tenían orden de captura pendiente.
Los desaparecidos son: José Efraín Alfonso López (36), Blas Antonio Centurión (41), Fredy Echagüe Moreira (34). El primero tiene antecedentes por reducción; Blas Antonio tiene proceso por lesión grave y robo agravado. Y Echagüe Moreira tiene antecedentes por robo agravado, dos hechos de homicidio doloso y lesión grave.
Te puede interesar: Vecinos denuncian que un prostíbulo arroja su basura en una plaza de Loma Pytã
Según los datos, los hombres se movilizaban en una camioneta de color blanco y cuando llegaron al distrito de San Lázaro, tras haber pasado en balsa se comunicaron con sus familiares a quienes comentaron que se encontraban viajando rumbo a Loreto. Y desde ese momento ya no se supo nada de estas personas. Fueron vistos por última vez en Tres Cerros, en la zona de San Lázaro.
“Hasta el momento tenemos como desaparición de tres personas y el vehículo en que estaban, una Toyota Hilux. Hipótesis aún no manejamos de qué podría haber sido, solamente tenemos como personas desaparecidas. Un familiar cercano en horas de la noche de ayer realizó la denuncia ya perdieron contacto con los mismos en la zona de Tres Cerros, supuestamente”, señaló el comisario Jorge Vidallet al canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
Afirmó que hasta el momento no se tienen reportes del paradero ni hay datos sobre alguna comunicación que hayan tenido estas personas con sus familiares.
“En cuanto a problemas judiciales no, pero sí con antecedentes. Las tres personas cuentan con antecedentes e incluso uno de ellos fue procesado en varias oportunidades por homicidio. Otro tiene antecedente por lesión, otro por abigeo. Las tres personas sí cuentan con antecedentes, pero no tienen captura pendiente”, refirió.
Leé también: Autorizan mostrar fotografía del segundo sospechoso del crimen de niña
Dejanos tu comentario
Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
Te puede interesar: Más de 19.500 personas se encuentran privadas de libertad en el país
La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
- alteración de datos
- acceso indebido a sistemas informáticos
- alteración de datos relevantes para la prueba
- lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
Podes leer: Pdte. Franco: detienen a presuntos vinculados en la desaparición de un joven