El diputado Daniel Centurión expresó su respaldo a la intención de reflotar la figura de la concordia en la Asociación Nacional Republicana (ANR), rumbo a los comicios municipales del 2026. Agregó que la meta principal deberá ser consensuar candidaturas únicas para las intendencias de Ciudad del Este, Encarnación y Asunción, teniendo en cuenta el caudal electoral.

“Se va a requerir una gran madurez interna por parte de los líderes dentro de la ANR para tratar de conjugar teniendo en cuenta nuestras viscerales diferencias entre la disidencia y el oficialismo. Sería importante pensar en proponer a los mejores hombres y mujeres en los distritos importantes como Asunción, Encarnación y Ciudad del Este”, sostuvo a la 1020 AM.

Asimismo el congresista acotó: “Porque no pensar en una unidad en los distritos muy complicados, complejos, pero de sustancial importancia para las pretensiones para las elecciones generales del 2028. Acá estará el gran desafío”.

Lea también: Peña felicitó a Yamandú y ratifica el compromiso de colaboración con Uruguay

Centurión detalló que las diferencias entre los principales movimientos internos de la agrupación tradicional, Honor Colorado y Fuerza Republicana radica desde el año 2015 cuando se desató la puja por la presidencia de la ANR.

“Esto arrastró a todo el Partido Colorado, sin embargo, se ha sobrepuesto en cada elección. Es nuestra responsabilidad como demócratas aceptar las derrotas y acompañar al ganador, de esto se trata la democracia, quienes somos nosotros para discutir lo que el pueblo ha elegido. Es natural (los conflictos), siempre ha ocurrido dentro del partido y más todavía al inicio del mandato”, dijo.

El legislador siguió afirmando que “Yo abono sobre aquella receta que se dio en las elecciones municipales anteriores, la concordia colorada que permitió que se aumente la cantidad de administraciones municipales en manos del Partido Colorado, veremos si es posible o no”.

Te puede interesar: En 15 meses se entregaron más de 4.000 viviendas sociales

Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

Lea más: 25N: un día que recuerda la lucha férrea y constante contra la violencia hacia las mujeres

Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

Le puede interesar: ¡A preparar el tereré! Anuncian días sumamente calurosos

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Julia González investiga otro terrible caso de abuso sexual de una niña de seis años, a quien le diagnosticaron sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, después de ser inspeccionada por personal de salud. La madre está detenida por violación del deber de cuidado y abuso sexual en niño.

El supuesto autor es el padrastro, quien está desaparecido. La agente fiscal informó que ya tienen el nombre del sujeto, pero están corroborando otros datos para emitir la orden de captura.

El caso llegó a la Fiscalía después de que la mujer decidió llevar a su hija a la clínica de una universidad privada para consultar ante molestias en su parte íntima. Al ser inspeccionada se le encontró lesiones y evidencias de abuso sexual.

Ante esa situación, la madre fue comunicada por el personal de salud sobre el resultado de la revisión y que se dará parte a las autoridades, pero la mujer agarró a su niña y corrió de la clínica, según contó a La Nación/Nación Media la fiscal Julia González.

El personal de salud, con ayuda de guardias, la pudo alcanzar cuando ya estaba a punto de abordar el ómnibus. Llegó en ese momento el personal policial y la madre fue aprehendida. Guarda reclusión en la comisaría de mujeres.

Puede interesarle: Destacan vacunación de varones contra el VPH

Al ser rescatada la niña de los brazos de su madre fue llevada de nuevo a la clínica universitaria y allí llegó una tía materna que se hizo cargo de ella, ya con intervención de la Consejería de la Niñez (Codeni) de Ciudad del Este y del Ministerio Público.

Contó que en la clínica universitaria a la niña le realizaron análisis ante las lesiones detectadas; el resultado indica que la víctima padece sífilis, según el informe que fue enviado a la Fiscalía. “Le pasé el reporte a Medicina Forense y confirman que la niña tiene dicha enfermedad”, dijo la fiscal.

La detención de la mujer fue ayer 22 de noviembre. Julia González informó que el martes 19 de noviembre ya había ido primero al Hospital Regional de Ciudad del Este para que le atiendan a la niña y en esa ocasión solo dio el nombre de su hija. También desapareció después de escuchar sobre el estado de la niña y la obligación de reportar a la Fiscalía.

En esa ocasión no fue alcanzada y se informó lo sucedido. La fiscal confirmó que ya había ingresado a su unidad, aunque sin ninguna identidad de la mujer. Ayer, al repetirse la acción, sí pudo ser alcanzada y entregada a la Policía y a la Fiscalía.

Puede interesarle: Hospital de Presidente Franco: misión alemana culminó con 80 cirugías reconstructivas

Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

Te puede interesar: Condenan a 4 años de cárcel a Miguel Servín, alías “Celular”, por tener título falso de abogado

Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

Podes leer: Corte insta a nuevos defensores públicos a ejercer funciones con dedicación