Un Tribunal de Apelación confirmó la condena de 2 años y 6 meses de cárcel para el suboficial Fernando Agüero Benítez, quien fue encontrado culpable por el delito de lesión corporal en el ejercicio de la función pública tras agredir a dos mujeres durante la manifestación del 31 de marzo del 2017.
De acuerdo a la investigación fiscal, quedó demostrado que el uniformado incurrió en el hecho juzgado agrediendo a dos hermanas el 31 de marzo del 2017 al tiempo que se desarrollaban manifestaciones ciudadanas en el centro de Asunción.
El Tribunal de Sentencia valoró las pruebas ofrecidas en juicio oral y mencionó que el Ministerio Público ofreció los elementos de prueba para que se pueda aplicar una sentencia condenatoria, por lo que la pena justa en su momento fue de 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad.
En dicha ocasión, el agente policial atacó con golpes de puño, patadas y cachiporra, provocando severas lesiones a las víctimas e inclusive disparando balines de goma contra una de las mujeres. Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En caso de ser así, serán los ministros de la referida sala quienes definirán si anulan la sentencia condenatoria o confirman la misma.
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Bolsonaro podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión
La fiscalía de Brasil pidió a la corte suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro por “asociación criminal armada” y “golpe de Estado”, en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un juicio ante la corte acusado de haber liderado una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cuatro meses después del inicio del proceso, la fiscalía reafirmó su tesis de que Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y siete de sus exsubordinados más cercanos intentaron “garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático”, según un documento oficial divulgado en la madrugada.
El juicio a Bolsonaro movilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 9 de julio anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 agosto y citó entre las razones lo que calificó como “una caza de brujas” contra el exmandatario brasileño.
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Para la fiscalía, Bolsonaro actuó “de forma sistemática” durante su mandato (2019-2022) y tras su derrota frente a Lula en 2022 “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.
“Comprobada” la participación de Bolsonaro en los hechos, el ente público pidió que sea condenado por “organización criminal armada”, “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos, que en suma podrían configurar una pena de más de 40 años de prisión.
El exmandatario, que dice ser un perseguido político, arremetió iracundo contra la fiscalía, negó los cargos y denunció fallas en el proceso: “Una condena sería una violación”. “No hay interés en apresarme, ellos me quieren eliminar”, dijo este martes al sitio Poder 360.
Conflicto con Trump
“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump la semana pasada en una carta destinada a Lula. El presidente brasileño dijo que buscará negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero condenó la “injerencia” del republicano en la justicia de su país y anunció una posible “reciprocidad” en el trato comercial con Estados Unidos.
De su lado, el presidente de la corte suprema, Luis Roberto Barroso, defendió el “estado democrático de derecho” en Brasil y afirmó que el tribunal juzgará a Bolsonaro con “independencia” y “base en las pruebas”. Luego de un plazo para los alegatos finales de las defensas, cinco jueces de la corte deben decidir la suerte del exmandatario de extrema derecha, algo que se espera para las próximas semanas.
El magistrado a cargo del juicio, Alexandre de Moraes, se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington, luego de que la derecha brasileña lo acusara de “perseguir” al exmandatario y criticara sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.
“Nunca existió intento de golpe”
Aunque insistió este martes en que “nunca existió intento de golpe en Brasil”, Bolsonaro había reconocido en su interrogatorio ante la corte haber considerado “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula. Pero la fiscalía sostuvo que el expresidente “instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión”.
El plan fracasó por falta de apoyo de los comandantes de las fuerzas armadas, según la acusación. El general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del ejército, afirmó durante el juicio que Bolsonaro propuso declarar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y llamar a nuevos comicios.
El presidente Lula afirma que las amenazas de Trump responden a una campaña adelantada por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, radicado desde hace meses en Estados Unidos para conseguir apoyo de la Casa Blanca a su padre.
Bolsonaro se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, pese a estar inhabilitado por la justicia electoral por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación. Lula, de 79 años, afirma que también quiere disputar los comicios del año próximo.
Fuente: AFP.
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Ordenan captura de empresario de fútbol condenado por incumplir con el deber alimentario
La jueza de Ejecución, Penal Cynthia Sostoa Santander, ordenó la captura a nivel nacional del conocido empresario de fútbol, Miguel Ángel González Zelada, quien tendrá que cumplir una condena de dos años y seis meses de cárcel dictada en junio de 2015, por incumplimiento del deber alimentario.
En su momento el tribunal de sentencia, conformado por los magistrados Liza Battilana (presidenta), Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, condenó al empresario a la pena privativa de libertad de dos años y seis meses en el marco de la causa iniciada en 2010, que quedó firme en la sala penal de la Corte el 31 de agosto de 2022.
El juzgado de Ejecución recibió el expediente en fecha 10 de julio de 2025 y tras corroborar todos los datos resolvió ordenar la captura de González Zelada, quien deberá pasar a cumplir la pena.
La jueza dispuso que una vez capturado, el empresario deportivo pasará a guardar reclusión en el establecimiento penitenciario más adecuado que designe el Ministerio de Justicia.
En el marco de este proceso, fue beneficiado en dos oportunidades con la suspensión condicional del procedimiento, sin embargo, debido a retrasos en el depósito del dinero acordado el proceso debió continuar.
Una vez que el condenado cumpla una parte de su condena tendrá la posibilidad de pedir la libertad condicional al juzgado de ejecución que deberá estudiar si corresponde o no.
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Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.
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Tras hechos de inseguridad, pobladores de Nueva Asunción exigen mayor cobertura policial
Tras los últimos hechos de inseguridad registrados en la zona de Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes, sus pobladores se reunieron en una manifestación para exigir mayor cobertura policial y marcharon por las calles hasta llegar a la comisaría jurisdiccional.
En la noche del domingo, la comerciante Gabriela Nogueira y sus dos hijos fueron víctimas de un violento asalto en su vivienda perpetrado por al menos 9 hombres, quienes se encontraban armados y realizaron varios disparos intimidatorios contra la familia.
Este hecho reactivó el descontento por parte de los pobladores respecto a la falta de efectivos policiales para que patrullen las calles y así evitar que se den este tipo de casos. Destacaron que este hecho reportado el domingo no fue el único con esta característica, ya que hace meses se habría dado otro asalto similar en la zona.
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“En estos tiempos ya no podemos andar así. El pueblo vive en zozobra y nosotros necesitamos que actúen con responsabilidad y puedan resguardarnos, porque esa es la tarea de la policía y de las personas que portan ese uniforme. Pedimos que actúen”, comentó Gabriela Nogueira durante la manifestación.
Por su parte, los efectivos de la zona destacaron que se encuentran realizando su mejor esfuerzo con las herramientas con las que cuentan, al tiempo que reconocieron que existe un gran incremento de la población en la zona y que debe haber más uniformados trabajando en el lugar.
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