El Tribunal de Apelación ratificó la resolución de la jueza de Ejecución Penal, María Wyder, quien había rechazado un pedido de tutela jurisdiccional presentado por la defensa de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien pidió que se mejores las condiciones de reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Igualmente, los camaristas confirmaron que se debe exhortar a las autoridades del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú y al director de Establecimientos Penitenciarios, a que arbitren los medios necesarios para seguir salvaguardando la salud e integridad física del interno, debiendo disponer de las medidas necesarias para la atención y tratamientos médicos que el interno necesite dentro del recinto penitenciario, de conformidad a la ley penitenciaria vigente.

Los abogados Miguel Ángel Mendieta Fernández y Fernando Alfredo Caballero Rolón, pidieron el traslado de Miguel Insfrán desde la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú argumentando trato inhumano, incomunicación, restricciones de visitas y problemas de salud no atendidos adecuadamente.

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Días atrás, el fiscal Deny Pak pidió que, a efectos de realizar un solo juicio oral, se acumulen todas las causas derivadas del operativo, con los últimos procesados en el caso conocido como operativo A Ultranza Py. En este caso, ya afrontarán juicio:

• Conrado Insfrán
• Luis Sebriano
• José Gamarra
• el ex diputado Juan Carlos Ozorio
• Alexis González
• Reina Duarte Aguilera
• Fátima Koube Ayala
• Alberto Koube Ayala
• María Colmán
• Magna Villalba
• Aníbal Estigarribia Casco
• Jocilene Evangelista
• Marina Aranda
• Miguel Ángel Insfrán
• Luis Estigarribia
• y María Araki

Conforman el tribunal de Sentencia que debe juzgar a los acusados David Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez. Los mismos deberán fijar una nueva fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

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Este viernes, un Tribunal de Sentencia decidió condenar a 30 años de prisión a Nelson Ramón Aranda Vega, que fue encontrado culpable por la muerte de Claudelina Ruiz Díaz Ledezma, de 42 años. La condena fue por feminicidio, de acuerdo a las evidencias presentadas. Los familiares denunciaron que el hombre los sigue amenazando.

El terrible hecho se registró el 20 de julio del 2022 en la ciudad de San Antonio. La mujer falleció por un disparo en el cuello en el asentamiento Renacer del barrio Achucarro y el único sindicado por el crimen era Nelson que fue pareja de la víctima. Durante el juicio se presentaron varios testimonios sobre la situación en la que estaba la pareja.

Los testimonios hicieron que el tribunal encuentre culpable al hombre y también se presentaron múltiples evidencias que mostraban que la mujer era víctima de violencia sistemática y que constantemente era amenazada de muerte por Nelson, todo esto terminó con el desenlace fatal de Claudelina.

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Durante el juicio una de sus vecinas relató que escuchó el disparo y escuchó los gritos de la mujer, ella corrió a su ayuda. Cuando ingresó a la casa encontró a Nelson sobre Claudelina, quien estaba intentando realizar otro disparo. La mujer no dudó en pelear contra el hombre hasta que finalmente le sacó el arma y logró sacar a la víctima, pero lamentablemente falleció horas después.

También se logró constatar que el hombre, pese a estar recluido en un penal seguía amenazando de muerte a los familiares de la fallecida. Su hija incluso mostró las capturas de pantalla de los mensajes, que enviaba de cuentas falsas, pese a estas pruebas el tribunal decidió no aplicar los 5 años de medida de seguridad. “Se hizo justicia por la muerte de mi mamá, pedimos que no haya otra víctima como ella”, dijo Micaela Orúe, hija de Claudelina, en Telefuturo.

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El tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, revocó la resolución del juez Miguel Palacios, que había ordenado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que informe sobre financistas y participantes del evento del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se realizó en nuestro país el año pasado.

Con la presente resolución judicial, la Seprelad no está obligada a brindar la información que ha solicitado vía amparo judicial Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), contra la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Los camaristas mencionan en su resolución que “el derecho al acceso a la información pública se halla garantizada para todas las personas, sin embargo en este caso, la apreciación sobre si la proporcionada por la entidad del Estado es completa o incompleta responde a una apreciación subjetiva del reclamante, al quedar satisfecho o insatisfecho por la contestación que pueda recibir”.

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También agregan que “en el informe de Seprelad, sobre los nombres o denominaciones de las personas físicas o jurídicas de los organismos públicos o privados nacionales de derecho internacional extranjeros que financiaron total o parcialmente el evento, ha informado que “los datos solicitados no forman parte de sus registros y se puede concluir en consecuencia que, en realidad, al requerimiento del demandante ha existido una respuesta; que esta no haya complacido al mismo, ya responde a su entendimiento, pero de por sí, no constituye un acto ilegítimo de parte de la demandada es decir de la Seprelad” señala la determinación judicial.

Asimismo los jueces indicaron que el juez de primera instancia no ha considerado suficientemente los requerimientos de la norma constitucional para admitir el amparo, que debe ser revocado, al encontrar que no cumple con los presupuestos para su procedencia.

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La Policía logró detener a un presunto asaltante que utilizó un machete para ingresar a robar un teléfono celular en una vivienda ubicada en el barrio Kennedy de Capiatá. El hombre identificado como Juan Agüero Vargas (34) cuenta con antecedentes por tenencia de estupefacientes y nuevamente quedó recluido en la comisaría jurisdiccional.

Según los intervinientes, el detenido sería consumidor de drogas por lo que habría perpetrado el hurto con intenciones de vender el celular y abastecerse de la sustancia. El sujeto irrumpió en la vivienda de Aurelia Villalba, de 57 años, y la amenazó con un machete de unos 40 centímetros para despojarla de su celular.

“El personal de patrulla que se encontraba en las inmediaciones acudió al lugar donde la víctima le manifestó que una persona de sexo masculino ingresó a su domicilio para despojarle de un aparato celular, con un arma blanca”, relató el subcomisario Jorge Oliva a los medios de prensa.

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La denunciante dijo que desconocía al sujeto, pero proporcionó sus características físicas que sirvieron para que los agentes lo ubiquen y concreten su captura de manera inmediata. La mujer reportó el asalto al sistema 911 y acudieron al sitio agentes de la Comisaría 62 de kennedy, que tuvieron una rápida reacción para sorprender al sujeto en la vía pública.

“El personal inmediatamente inició una búsqueda en las inmediaciones y se pudo proceder a su aprehensión en la vía pública. Es un adicto de la zona y tiene antecedentes por tenencia de estupefacientes y prohibiciones varias”, afirmó el policía.

Tanto el detenido como los indicios incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El caso fue comunicado al fiscal de la Unidad Penal Número 4 de Capiatá, Víctor Villaverde.

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