Ciudad del Este. Agencia Regional.
Wilson Miguel Scappini Villalba, acusado por el Ministerio Público como el supuesto autor del asesinato de la jueza de Hernandarias, Diana Eveline Mereles Duarte, empezó a ser juzgado hoy por el Tribunal de Sentencia de la capital departamental, integrado por los magistrados Flavia Recalde, Emilia Santos y Milciades Ovelar.
El asesinato ocurrió el 27 de junio del 2020, en la sede del Poder Judicial de Hernandarias, donde la jueza Diana Eveline Mereles Duarte cumplía funciones como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. La fiscala de la causa, Nathalia Montanía, pidió la pena máxima de 30 años de prisión para Scappini, en caso de ser condenado.
El procesado era funcionario de seguridad de la sede judicial de Hernandarias y aquel 27 de junio, en horas de la tarde, el hombre subió al piso superior del edificio en el momento en que la magistrada se disponía a salir de su despacho.
De acuerdo al relato policial y fiscal, Scappini habría arrancado un extintor con el cual golpeó a la magistrada, quien cayó por la escalera donde fue alcanzada de nuevo por su victimario. Tras forcejeos, más golpes e incluso un estrangulamiento con un cable que servía de alargue en los pasillos, la mujer fue encontrada muerta cuando llegó el personal de la guardia nocturna Juan Ángel Rotela de la empresa Sevipar, y no encontró a quien debía relevar, Wilson Miguel Scappini.
El procesado cuyo juicio se inició hoy, cuando fue detenido al día siguiente del hecho, había admitido lo ocurrido diciendo, “el diablo se apoderó de mí”.
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Brazo logístico del EPP: jueza pide a Venezuela la extradición del clan Villalba
Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.
A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.
Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.
Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.
Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.
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Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.
La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.
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Jueza otorgó arresto domiciliario a quien arrojó una copa a una joven que perdió el ojo
La jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, otorgó el arresto domiciliario a Elián López Torres, imputado por lesión grave luego de arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, quien a raíz del hecho perdió un ojo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
La citada magistrada dispuso la prohibición de acercarse o molestar a la víctima y a los familiares de esta por cualquier medio, la obligación de comparecer a la audiencia preliminar a ser fijada en su oportunidad, la obligación de no cambiar el número de teléfono denunciado en el que el mismo recibirá las correspondientes notificaciones.
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Igualmente se le impuso la obligación de presentar en el plazo de 30 días hábiles, una fianza real y/o personal que cubra la suma G. 150 millones y la promesa del procesado de someterse en forma legal y debida a la presente causa, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de algunas de las medidas impuestas, estas serán revocadas y sustituidas por la prisión preventiva.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego a causa del impacto de dicho objeto contra su rostro. Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.
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Victoria definitiva: jueza de EE. UU. cierra el caso de interferencia electoral contra Donald Trump
Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.
La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.
Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.
En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.
Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.
El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.
El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.
Tal vez en el 2029
El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
Fuente: AFP
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Fiscal apelará condena de tres años a hombre que dio una brutal golpiza a su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal María del Carmen Meza de la unidad zonal de Iruña apelará la condena dictada contra un hombre por haber agredido brutalmente a su pareja. La representante del Ministerio Público anunció la apelación al considerar que la calificación del hecho no se compadece con la condena aplicada. La misma había pedido siete años de prisión.
El viernes último culminó el juicio oral de Jorge Ignacio Cabrera Ávalos, quien se encuentra en prisión, y con la sentencia de solo tres años, ya quedaría en libertad en poco tiempo. El tribunal de sentencia que emitió el fallo está conformado por los jueces Margarita Martínez, Diego Duarte y Gloria Vera.
De acuerdo a los hechos expuestos en juicio, Cabrera Ávalos sometió a su concubina a maltratos físicos y psicológicos durante más de dos años. Ambos residían en una vivienda de inquilinato en la colonia San Alfredo, distrito de Naranjal, al sur de Alto Paraná.
La última agresión ocurrió el 3 de noviembre de 2023, alrededor de las 23:00, luego de una discusión familiar. El hombre golpeó a la víctima en diversas partes del cuerpo, causándole heridas en la cara, cabeza, brazos, cuello y piernas, frente a los hijos menores. El rostro de la mujer quedó casi desfigurado.
Luego de la golpiza, Cabrera Ávalos huyó, fue perseguido por vecinos, quienes lograron alcanzarlo y detenerlo, a unos mil metros del lugar, en un camino vecinal, y lo entregaron a los agentes policiales.
Mientras los vecinos se ocupaban de detener al agresor, la mujer fue auxiliada hasta el Puesto de Salud de Naranjal, presentaba sangrado en la cabeza y rostro, además de lesiones traumáticas en varias partes del cuerpo.
El diagnóstico médico, emitido por la doctora Fernanda Bordaberry, detalló “lesiones traumáticas severas, obstrucción de vías aéreas por secreción hemática, epistaxis moderada, un hematoma periorbitario en el lado izquierdo y una herida cortante de 2 cm en la región ciliar del mismo lado”.
Durante el juicio oral, la fiscal María del Carmen Meza argumentó su pedido de 7 años de cárcel, resaltando la gravedad de los hechos, comprobados con el diagnóstico sobre la agresión última de hace un año. También hubo agresiones sistemáticas durante un periodo largo, según lo expuesto en juicio.
Más de 30.000 víctimas de violencia familiar
Hoy 25 de noviembre se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al respecto, los Datos Abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público tiene un registro de 30.898 víctimas de violencia familiar, entre los meses de enero a octubre del 2024 y 27 casos de feminicidio.
Este año se registran también 3 víctimas de violencia vicaria, denominación para aquellos casos que tienen como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. De las 30.898 víctimas de violencia de este año, 30.044 son mujeres adultas, 383 son menores de 13 años y 471 adultos mayores. El 66 % corresponde a mujeres entre 20 y 49 años de edad.
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