El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera, confirmó la prisión preventiva del cirujano Miguel Ángel Cavallo, imputado por homicidio culposo, tras la muerte de la joven Maylen Romero, quien falleció tras una cirugía estética realizada por el procesado. El juez penal de Garantías Mirko Valinotti había decretado la prisión del imputado.
El tribunal de alzada señala en su fallo que el juez penal de Garantías ha fundado su resolución en que a la fecha sigue latente el peligro de obstrucción del imputado Cavallo. Agrega que, según manifestaciones del testigo Dionicio Vera González, ha intentado influir en los dichos del mismo y dicha actitud genera el peligro procesal de obstrucción de actos de investigación.
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En febrero de este año, Maylen Romero había ingresado al sanatorio de Cavallo para implantes mamarios. La mujer murió horas después y el médico no habría sido asistido por un anestesista e hizo figurar que fue una operación de párpados.
La fiscala Claudia Aguilera le había imputado por homicidio culposo y el juez Mirko Valinotti había decretado su prisión preventiva. El hombre cuenta con antecedentes por mala praxis en el ejercicio de la profesión.
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Imputan a hombre que agredió a su esposa embarazada
Cándido Vázquez Sandoval, el hombre que habría azotado con cinto a su esposa embarazada de 7 meses, fue imputado por la agente fiscal Liliana Denice Duarte, quien solicitó su prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos. El imputado enfrenta cargos por violencia familiar y se encuentra detenido con pedido de prisión preventiva.
El violento hecho ocurrió debido a que la mujer le llamó por teléfono en reiteradas ocasiones a su marido para pedirle dinero para la cena de sus hijos, a los que mandó a dormir luego de comer un poco de pan. El incidente ocurrió el 8 de febrero de 2025 en la vivienda de la pareja, ubicada en el km 14 Acaray de Minga Guazú.
Ante la falta de respuesta y la necesidad de alimentar a sus hijos, la mujer les dio pan y los acostó a dormir. Siguió intentando comunicarse con su esposo hasta pasada la medianoche, pero finalmente se quedó dormida. Ya en los primeras horas del 9 de febrero, Vázquez Sandoval llegó a la casa en estado de ebriedad.
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La mujer, para evitar que despertara a los niños, le abrió la puerta y esperó a que se duchara y se acostara. Sin embargo, al ingresar a la casa, el hombre la increpó por haberlo llamado varias veces y luego la agredió físicamente con un cinto, propinándole golpes en varias partes del cuerpo.
Tras la agresión, el hombre se acostó a dormir. Por la mañana, la mujer, temiendo por su seguridad y la de sus hijos, se refugió en la casa de su padre, ubicada en el km 13,5 Acaray. Posteriormente, se dirigió al Hospital Distrital de Minga Guazú y finalmente radicó la denuncia en la sede policial.
Luego de la intervención de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, un médico forense del Ministerio Público examinó a la víctima y constató que presentaba signos de violencia física, incluyendo hematomas y escoriaciones en el abdomen, brazos y piernas, compatibles con haber sido azotada con un cinturón u objeto similar.
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Encarnación: joven que atropelló y desmembró a motociclista ya fue imputado
El fiscal Meiji Ugadawa imputó al joven de 19 años por residencia, omisión de auxilio y homicidio culposo. El mismo, en la madrugada de este miércoles, huyó de los controles de la policía y en medio de la persecución atropelló y mató a un hombre de 46 años.
El ahora imputado fue identificado como Alan Ezequiel Cáceres, de 19 años, quien sería el conductor del automóvil que provocó el siniestro. El joven cuenta con más de 8 antecedentes por diversas causas, incluyendo haber atropellado una barrera policial, en julio de 2024, cuando fue detenido por polución sonora, resistencia y exposición al peligro en el tránsito terrestre.
Los efectivos policiales de la localidad de Trinidad y Capitán Miranda, del departamento de Itapúa, iniciaron la persecución del automóvil, cuyos ocupantes presentaban un actuar sospechoso. Los mismos atropellaron una barrera de control y llegaron hasta el distrito de Cambyretá, donde, tras arrollar a un motociclista que circulaba sobre la Ruta PY06, se dirigieron a la fuga a pie hacia una zona boscosa, donde finalmente uno de los sujetos fue detenido.
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El suboficial inspector Gustavo Garay de la Comisaría 115, Arroyo Porã, de Cambyretá, en conversación con la corresponsal de Nación Media Rocío Gómez, manifestó que los efectivos de dicha comisaría recibieron la alerta de sus pares de las localidades de Trinidad y Capitán Miranda luego de que se diera el accidente entre el automóvil que era perseguido y un motociclista que transitaba por la zona.
“Estos sujetos circulaban a alta velocidad sobre la Ruta PY06 e impactaron de manera frontal con la motocicleta, la cual, al igual que el cuerpo de la víctima, quedó a varios metros del lugar del impacto. Los hombres detuvieron la marcha a 100 metros del sitio del siniestro y abandonaron el vehículo, dándose a la fuga hacia una zona boscosa, en donde logramos detener a uno de ellos”, comentó el interviniente.
La víctima fatal fue reconocida como Cristóbal Concepción Silva Bareiro, de 47 años, quien ya se encontraba sin signos de vida cuando llegaron los bomberos voluntarios para asistirlo. El impacto fue tan fuerte que inclusive sufrió el desmembramiento de su brazo derecho, el cual fue hallado en el interior del automóvil en el asiento del acompañante.
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Exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años de prisión por corrupción en EE. UU.
- Fuente: Agencia AFP
El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto, informaron medios estadounidenses.
El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. “En algún punto del camino... perdiste el rumbo”, dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. “Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien”.
La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con “al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad”.
“Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony”, dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.
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La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.
Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.
Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones. Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.
Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.
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Fiscalía pide 12 años de prisión para exministro Walter Bower
La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Proceso penal
El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.
La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.
La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.
La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.
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