Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Luz Martínez y Federico Rojas condenó a tres personas luego de ser encontradas culpables por tráfico internacional de drogas. El colegiado sentencio a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y a Rafael Chamorro, mientras que Alberto Ferreira fue condenado 12 años por intentar traficar 570 kilos de cocaína en el año 2021 en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.

El fiscal del presente caso fue Andrés Arriola, quien arrimó todos los elementos probatorios para que el tribunal de sentencia pueda condenar los tres acusados.

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De acuerdo a los antecedentes del caso, en fecha 21 de marzo de 2021, en el desvío a la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, agentes especiales de la Unidad Sensitiva de la Senad -en coordinación con el Ministerio Público-, interceptó una carga de 573 kilogramos de cocaína, que se encontraba en el doble fondo de un camión marca Mercedes Benz, guiado por el acusado Alberto Ferreira.

Asimismo, se encontraban punteando el traslado de las sustancias los acusados Antonio Gill y Rafael Chamorro a bordo de una camioneta marca Mitsubishi. A través de técnicas especiales de investigación, se obtuvo la información de que dicha carga había ingresado al territorio paraguayo desde Bolivia, vía aérea, mediante un vuelo ilícito y que descendió en un establecimiento ubicado en inmediaciones del distrito de Fuerte Olimpo, desde donde fue retirada la mercancía vía terrestre para su posterior remisión al mercado brasilero.

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El Tribunal de Sentencia integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, condenó a 22 años de cárcel a un hombre de 62 años de edad luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, cuyas víctimas tenían 9 y 12 años de edad.

La fiscala del caso fue Rusbell Benítez López, de la Fiscalía Zonal de Itacurubí del Rosario, quien arrimó todos los elementos probatorios para lograr la condena del acusado. Durante el juicio, se demostró que en 2021, el acusado abusó repetidamente de las menores, aprovechando la ausencia de su madre. Las víctimas sufrieron los ataques mientras vivían en el hogar familiar.

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La Fiscalía presentó pruebas como informes psicológicos de las víctimas, entrevistas en Cámara Gesell, y un estudio socioambiental, que confirmaron que las niñas habían sido sometidas por su padrastro.

Asimismo, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.

Del mismo modo, si se confirma en segunda instancia la condena, la defensa del sentenciado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y será la máxima instancia judicial la que tendrá la última palabra.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un hombre que era el capataz de una propiedad agrícola falleció tras un disparo de arma de fuego, siendo supuesto autor el hijo del dueño del establecimiento. El fallecido es Cándido Sanabria (53), quien tiene antecedentes por violencia familiar, con prohibición de acercarse a la víctima y de consumir bebidas alcohólicas.

Ocurrió ayer 4 de junio, a las 15:00 aproximadamente, en una vivienda ubicada en la colonia Ita Vera del distrito Domingo Martínez de Irala, sur de Alto Paraná. Fue aprehendido como supuesto autor Osvaldo Picoli Sánchez (20). Tanto la víctima del homicidio como el presunto autor residían en la misma propiedad, en dos casas distintas, según reportó el oficial inspector César Luis Flor, jefe de la comisaría de Puerto Paranambu, quien intervino en el caso.

El policía refirió a La Nación/Nación Media que se inició una discusión entre los citados, como en otras oportunidades, estando el encargado en estado de ebriedad, el joven se alejó de él y se refugió en su casa.

Presuntamente, el hombre lo habría seguido hasta la habitación, donde tomó a la hija del mismo, de 2 años, y le apuntó a la cabeza con un arma de fuego. Siguió relatando el oficial inspector que se produjo un forcejeo en el momento en que el joven intentó desarmar a Samudio y se disparó el arma.

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El jefe policial refirió que encontró al joven sentado, con su hija en brazos, llorando. También fue encontrado encima de una mesa el arma de fuego, un revólver calibre 38 especial, lustre negro, de la marca Amadeo Rossi, con 2 vainillas, una percutida y otra sin percutir, perteneciente al fallecido, según lo manifestado por el personal que estuvo en el lugar.

El médico forense, Aníbal Duarte, diagnosticó “herida de proyectil de arma de fuego en el tórax lado izquierdo”. El caso fue comunicado al fiscal de Presidente Franco, Édgar Delgado, quien ordenó la detención del joven Osvaldo Picoli Sánchez. El mismo fue trasladado esta mañana hasta la Dirección de Policía.

El oficial inspector César Luis Flor explicó que el fallecido cumplía con prisión domiciliaria por una condena de dos años, con suspensión a prueba, como autor de violencia familiar y, el dueño de la propiedad donde trabajaba como capataz, le dio una casa dentro del inmueble, para cumplir con esa disposición judicial.

El hombre no podía acercarse a su familia, por esa condena y la medida judicial. Habría sido protagonista de otros hechos de violencia como disparos a su propio hermano y otros incidentes que no fueron denunciados, según el oficial inspector Flor.

Contó además que, en la misma propiedad, pero en otra casa, vivía el joven con su esposa y su hija pequeña y ya se había producido otras peleas entre ambos.

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Pocas horas después de que vecinos reportaran el hallazgo de restos calcinados de una persona en un patio baldío, que luego se confirmó correspondían a la adolescente de 17 años que estaba desaparecida desde el 27 de mayo, María Fernanda Benítez, el supuesto autor del hecho se entregó a las autoridades.

El ahora detenido, de 17 años, aparentemente mantenía una relación sentimental con la víctima, que estaba embarazada, siendo esta la causal principal del crimen. Había intentado que aborte, pero no tuvo éxito, por lo que la habría asesinado y luego quemado viva.

El abogado Enrique Villagra fue convocado por los padres del joven para representarlo y tras presentarse en la vivienda de la familia y tomar conocimiento de los hechos decidió dar un paso al costado.

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Villagra rechazó representarlos y les aconsejó presentarse ante las autoridades correspondientes. “Cuando me enteré de la gravedad del hecho, lo primero que pensé fue notificar a la policía. Si yo sabía sobre qué era la reunión y qué pasó, yo jamás me hubiera constituido en el lugar", sentenció a la 1080 AM.

Argumentó que es padre de familia y que si bien tiene responsabilidad social, es abogado litigante hace 22 años, no puede aniquilar su profesión. Subrayó que ni los padres ni el joven le dieron detalles de cómo se habría dado la muerte de la joven, pero sí que se trataba de un homicidio.

“El joven estaba muy tranquilo, yo dialogué con él, no tembló ni nada, estaba lucido y en condiciones para dialogar. Los padres sí estaban muy preocupados. Yo les comuniqué que era una causa muy grave y que debían contactarse con la policía; incluso le dije al joven: Vos tenés que contarnos con quién hiciste esto porque es algo muy grave”, lamentó Villagra.

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