El fiscal Guillermo Sanabria presentó imputación contra un hombre por los hechos punibles de violación y deber del cuidado, omisión de auxilio y violencia familiar, tras ser denunciado por la situación de insalubridad en la que se encontraba una niña de 2 años y 6 meses, hija del imputado y a cuyo cargo estaba la víctima.
La niña fue atendida en un centro asistencial donde se le detectó pediculosis, escabiosis y miasis. Así también se le extrajo 250 unidades de larvas de gusanos. El procedimiento quirúrgico debió ser realizado bajo sedación y ahora la víctima se encuentra en observación. Otras dos niñas también fueron rescatadas, que también presentaban cuadros médicos, así como pediculosis, escabiosis y escoriaciones.
Funcionarios de la unidad fiscal a cargo del agente fiscal Sanabria se constituyeron en la vivienda donde se pudo verificar el estado de abandono en el que vivían las niñas.
Ahora será un juzgado penal de garantías el que tendrá que convocar al imputado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el padre de las niñas será remitido a una penitenciaría o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Imputan a 12 personas involucradas en un esquema de estafas a clientes de un banco
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano, formuló imputación por los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, asociación criminal en calidad de autores a un total de 12 personas que habrían participado en un esquema ilícito con el fin de obtener dinero de manera indebida.
El esquema consistiría en la obtención de fondos provenientes de cuentas bancarias de clientes del ente financiero ueno Bank S.A., y parte de esos fondos podría haberse utilizado para la adquisición de criptoactivos mediante operaciones de compra o intercambio con dinero. Dicha organización habría comenzado con la obtención indebida de datos y contraseñas de acceso y transacción de los clientes del banco.
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Esta información podría haberse obtenido mediante maniobras fraudulentas dirigidas a los sistemas informáticos de la sede central del banco ueno, lo que les permitiría acceder a las cuentas bancarias a través de la banca electrónica, usando dispositivos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación.
Ahora será un juzgado penal de garantía quien deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o van a la cárcel.
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Detienen a un hombre por presunto hurto de insignias de vehículos
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una persona por supuestos hurtos en la zona de barrio Obrero. En poder del detenido fueron incautados varios objetos que forman parte de las evidencias, puestas a disposición del Ministerio Público. El aprehendido fue identificado como Axel Yamil Trejo Galeano, de 18 años, quien ya está a cargo de la Fiscalía.
El sujeto tenía consigo accesorios vehiculares como espejos retrovisores de diferentes tamaños, dos insignias de una reconocida marca de vehículos, entre otros objetos incautados. El mismo no pudo explicar de dónde obtuvo los objetos y fue derivado a la sede de la Comisaría 4ª jurisdiccional, junto con las evidencias.
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Trejo Galeano quedó a disposición de la Fiscalía, que podrá citarlo a prestar declaración indagatoria en las próximas horas y si es imputado, deberá comparecer ante un juez de turno que tendrá que definir si estará privado de su libertad o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
En caso que se ordene su prisión, la defensa podrá apelar el fallo judicial y será u tribunal de Apelación el que deberá decidir si corresponde ratificarla o revocarla y disponer la libertad del ahora detenido.
El negocio de robo y venta de accesorios de vehículos sigue en auge y los autos vía Chile son el blanco favorito de los delincuentes.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
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Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
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