El fiscal Guillermo Sanabria presentó imputación contra un hombre por los hechos punibles de violación y deber del cuidado, omisión de auxilio y violencia familiar, tras ser denunciado por la situación de insalubridad en la que se encontraba una niña de 2 años y 6 meses, hija del imputado y a cuyo cargo estaba la víctima.
La niña fue atendida en un centro asistencial donde se le detectó pediculosis, escabiosis y miasis. Así también se le extrajo 250 unidades de larvas de gusanos. El procedimiento quirúrgico debió ser realizado bajo sedación y ahora la víctima se encuentra en observación. Otras dos niñas también fueron rescatadas, que también presentaban cuadros médicos, así como pediculosis, escabiosis y escoriaciones.
Funcionarios de la unidad fiscal a cargo del agente fiscal Sanabria se constituyeron en la vivienda donde se pudo verificar el estado de abandono en el que vivían las niñas.
Ahora será un juzgado penal de garantías el que tendrá que convocar al imputado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el padre de las niñas será remitido a una penitenciaría o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Funcionarios del Hospital del Trauma solicitan aumento
Los funcionarios del Hospital del Trauma reclaman el aumento de bonos, en específico por insalubridad, debido a que a pesar de sus múltiples pedidos desde la pandemia, el aumento en este ítem no se concretó.
Los mismos iniciaron una protesta pacífica el pasado viernes, reclamando a las autoridades el tratamiento en el Congreso Nacional del aumento presupuestario para la cobertura de este gasto en específico, ya que debe ser analizado por el comité presupuestario tanto del Parlamento como del Ministerio de Hacienda.
“En este momento nosotros estamos percibiendo 600.000 guaraníes y estamos solicitando un aumento de 400.000 guaraníes para todo el personal del hospital, que son 2.650 funcionarios contratados y nombrados, así también la desprecarización laboral de los compañeros”, comentó Mirna López, representante del sindicato de funcionarios del Hospital del Trauma, en conversación con la 1020 AM.
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La funcionaria explicó que en total se necesitan 3.800 millones de guaraníes para cubrir el presupuesto salarial, ya con el reajuste requerido por los trabajadores. Remarcó que en ningún momento la intensión del sindicato es que las atenciones sean interrumpidas o mucho menos retrasadas a raíz de las manifestaciones, pero no obstante indicó que si es necesario tomar de vuelta medidas similares de protesta en los próximos días lo harían.
En los próximos días deben poner en marcha el operativo Caacupé 2024, momento en que se da mayor caudal de trabajo, por lo que no les gustaría continuar teniendo este tema como uno pendiente dentro de la agenda del sindicato y postergarlo nuevamente hasta el próximo año.
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Operativo Sudamericana: fiscal imputó a cinco personas por narcotráfico
El agente fiscal, Osmar Segovia, presentó imputación contra 5 personas por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de los allanamientos del operativo Sudamericana, que logró desbaratar a una red de narcotraficantes que querían comercializar droga durante la final de la Copa Sudamericana.
Los hechos punibles imputados a los detenidos son tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes. Los imputados son Nelson Marcial Espínola Pérez, quien fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Santiago casi Dr. Pedro Ciancio, barrio Jara, Asunción, habría estado en posesión, sin autorización, de un total de 4,209 kilogramos de supuesto clorhidrato de cocaína. Así también dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares, bolsas de polietileno, utensilios con restos, armas de fuego y municiones, agendas con anotaciones varias, entre otras evidencias.
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También fue imputado Víctor Manuel Ortigoza Pérez, Brahian Sebastián Ferreira Marín y Maikol Yeferson Ferreira Marín, quienes estaban en una vivienda ubicada en el barrio Jara, Asunción, donde fueron hallados en posesión de tres porciones de supuesta cocaína con un peso total de 2,3 gramos, una porción de supuesta pasta base de cocaína con un peso total de 1,3 gramos. Así también, dinero en efectivo de baja denominación, teléfonos celulares y un arma de fuego, entre otras evidencias.
La lista de imputados sigue con Yilda Elizabeth Ferreira Marín, en cuyo poder se habría hallado 6,9 gramos de supuesta cocaína, y 35,6 gramos de supuesta cocaína. Además de dinero en efectivo de baja denominación, aparatos celulares, varias joyas de plata, entre otros elementos, lo cual permite presumir que la misma se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas.
Todas las sustancias halladas estaban acondicionadas en moñito de bolsa de hule, preparadas de esta forma para su venta y distribución en las inmediaciones del lugar. El hecho fue detectado a raíz de un allanamiento llevado a cabo por el citado agente fiscal, funcionarios del Ministerio Público y agentes especiales de la Senad.
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Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.
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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.
Cumplimiento de tratados
“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.
Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.
“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.
Modalidades
Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.
“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.
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Fiscal investiga empresas por apuestas deportivas clandestinas y otros delitos
El fiscal Marcelo Saldívar fue designado para investigar la denuncia presentada por el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, quienes recurrieron al Ministerio Público denunciando a la firma Montego Trading S.A., la cual habría cometido delitos de explotación clandestina de juegos de azar y estafa. Igualmente, el agente fiscal investiga a los accionistas y directivos de Amazing S.A., por presunta producción de documentos no auténticos.
En el mes de octubre pasado, el procurador Marco González y Carlos Liseras, titular de la Conajzar, presentaron denuncia formal contra Ariel Alegre Colmán y Abigail Alegre Colmán, de Amazing S.A. y Gerardo Bermúdez Arreola, Nasry Árguedas Safie y Erick Vázquez Loza, de la empresa Montego Trading S.A.
Ahora, el representante del Ministerio Público deberá citar a una audiencia indagatoria a los denunciados a los efectos de que los mismos puedan brindar su testimonio en relación con la denuncia que se ha hecho en su contra.
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Denuncia
En el escrito se explica que, a través de la resolución Nº 21/2019 del 22 de mayo del 2019, la Conajzar otorgó a la firma Amazing S.A. la autorización para la explotación de la nueva modalidad del juego de azar denominada “Máquinas electrónicas virtuales de juegos de azar” para su explotación, a través de un sistema de entretenimiento virtual conectado.
Debido a la licitación que ganó la referida firma, la misma debía ofrecer una póliza de seguro para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, pero no lo hizo, por lo que habría incurrido en los delitos mencionados.
En tanto que, a Montego Trading S.A., se le atribuyen hechos de explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar a través de la investigación del Ministerio Público.
Según la denuncia, a pesar de haberse revocado la autorización para la explotación de apuestas deportivas de manera online y en salas físicas, esta empresa continuó operando a través de la página web de nombre “CrownCity”. La Conajzar y la PGR solicitaron a la Fiscalía el allanamiento y cierre de los locales físicos, además del bloqueo de la página web.
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