Un grupo de 10 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestó frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el juicio de ejecución de sentencia que se tramita en el fuero laboral. El Tribunal de Cuentas resolvió hacer lugar a una demanda contra la previsional, en la que se le exige al IPS que reconozca los beneficios de los despedidos.

Por su parte, el abogado Carlos Agüero, quien representa a 10 jubilados, explicó que el juez del fuero laboral, Rubén Darío López, debe resolver la liquidación de lo que el Tribunal de Cuentas resolvió a favor de los jubilados, pero hasta la fecha no resuelve y el caso está en autos para resolver desde el año 2022.

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Asimismo, el referido profesional del Derecho señaló que “son 45 personas que habían sido despedidas injustificadamente y sus beneficios laborales no fueron cumplidos, por una resolución, la cual fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas, que falló a favor de los trabajadores, diciendo que se debe pagar a los mismos sus beneficios laborales. La resolución es del año 2018 y se ejecuta en el fuero laboral en el 2020; hoy estamos ya en el año 2024 y todavía no hay respuesta”, indico.

Del mismo modo, sostuvo que el IPS contestó la demanda afirmando estar de acuerdo con el pago, pero no así con el monto, por lo que el juez del fuero laboral, Rubén Darío López Ocampos, solo debe resolver la liquidación establecida por el Tribunal de Cuentas y contestar al planteamiento del IPS, manifestó el referido profesional del Derecho.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificó la prisión preventiva Elián López Torres, imputado por el delito de lesión grave, tras arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, ocasionándole la pérdida de un ojo, en un local nocturno. De esta manera, se confirma la resolución del juez penal de Garantía Rolando Duarte, quien había decretado la prisión del imputado.

Los camaristas mencionaron que existe aún el peligro de fuga en el presente caso, así como peligro de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, por lo que corresponde ratificar la prisión del imputado, refiere la resolución judicial.

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La defensa del procesado había apelado la resolución judicial tratando de que el tribunal de apelación pueda revocar la determinación del juzgado de Garantía y el imputado pueda estar en arresto domiciliario, pero tal situación no se generó y el joven seguirá privado de su libertad.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego del impacto de dicho objeto contra su rostro.

Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.

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El próximo 19 de noviembre seguirá el juicio oral y público para siete acusados por narcotráfico, vinculados a la incautación de 1.375 kilos de cocaína hallados en la estancia El Tigre del Chaco. La audiencia oral se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas. Mientras que la fiscala del caso es Ingrid Cubilla.

En el juicio están siendo juzgados Waldemiro Ymas González, Porfirio Osorio Villagra, Pablo Roble Benítez, Porfirio Chávez Núñez, Albino Núñez Peralta, Édgar Cantero y Terecio López Morel.

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De acuerdo a la acusación fiscal, los procesados son miembros activos de una asociación criminal que se encargaba del acopio y custodia de la carga de sustancias estupefacientes. A su vez, comercializaban de la siguiente manera: el lugar de origen de la droga sería Perú e ingresaba al territorio nacional vía Bolivia hasta el establecimiento El Tigre.

El Ministerio Público refiere que los acusados conocían la existencia y tenían el dominio de las sustancias incautadas, ya que fueron sorprendidos en flagrancia dentro del establecimiento El Tigre. Los bidones de acetato de etilo encontrados en el lugar son un solvente utilizado en la conversión de la cocaína básica en clorhidrato de cocaína.

Los antecedentes del caso refieren que el 24 de febrero del 2021, la Unidad Penal Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Boquerón y Alto Paraguay, a cargo de Andrés Arriola, realizó un procedimiento en el establecimiento rural denominado El Tigre, lugar en el que se encontró un total de 1.375 kilogramos de cocaína, además de vehículos, una avioneta de procedencia boliviana y tambores que contenían acelerantes para el polvo blanco.

El establecimiento está ubicado en la localidad de Agua Dulce, limítrofe con Bolivia. El procedimiento se realizó conjuntamente con personal de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles conexos, así como también del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

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