El juez penal de garantías Mirko Valinotti otorgó la suspensión condicional del procedimiento a los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, quienes fueron procesados por producción de documentos no auténticos. El magistrado dispuso la donación de G. 60 millones para los dos acusados. El citado monto de dinero fue donado al Hospital de Clínicas y al Hospital San Pablo.
La resolución del mencionado juez se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La fiscala Stella Mary Cano se allanó al pedido de suspensión condicional del procedimiento solicitado por la defensa de los dos directivos de la firma Empo.
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De acuerdo a la investigación fiscal, los dos representantes legales de la empresa Empo habrían utilizado un certificado de cumplimiento tributario para cobrar la factura (correspondiente a febrero del 2018) de los servicios prestados en cumplimiento del contrato firmado con la Municipalidad de Asunción, que fue por G. 1.701.107.120.
Según la acusación, dicho documento avalaba que la empresa se encontraba al día con los pagos de los impuestos correspondientes, pese a que los mencionados empresarios sabían que no estaban al día con sus obligaciones tributarias ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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Otorgan arresto domiciliario con tobillera electrónica a exsenador argentino
El juez penal de Garantía Rolando Duarte decretó el arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica al exsenador argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Guinsel, quienes son requeridos por la Justicia argentina por lavado de dinero. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de identificación llevada a cabo en Palacio de Justicia.
El pedido de extradición fue pedido del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, cuya magistrada es Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene que Kueider, exsecretario General de la Gobernación de Entre Ríos y actual senador nacional, utilizó su cargo público para beneficiar a empresas privadas a cambio de sobornos y blanquear millonarios fondos ilícitos mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y cuentas bancarias en el sistema financiero local e internacional.
La investigación apunta a una compleja red económico/financiera liderada por Kueider, Guinsel Costa, Ernesto Rubel, Rodolfo González, José Nogueras y dos sociedades pantalla: BETAIL S.A. y EDEKOM S.A. A través de estas firmas, se habrían adquirido propiedades de alto valor en el edificio “Live” de Paraná (Entre Ríos), un exclusivo complejo con piscina, solárium y gimnasio, ubicado a pocas cuadras del río.
Audiencia preliminar
Este miércoles ante el juez Humberto Otazú deberá realizar la audiencia preliminar de Edgardo Kueider y su secretaria acusados de tentativa de contrabando por intentar introducir más de USD 200.000. La diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exparlamentario argentino y sostiene que el mismo con su secretaria intentaron ingresar al Paraguay la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo por los montos que tenían en su poder.
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Juez decretó la prisión de Cristian Morínigo, alías “La Gorda”, imputado por narcotráfico
El juez penal de garantía, Rolando Duarte, decretó la prisión preventiva de Cristian Morínigo Ojeda, alías “La Gorda” ”, referente principal de la barra brava “La Plaza”, del Club Cerro Porteño. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.
Morínigo Ojeda fue detenido luego de un trabajo de inteligencia y seguimiento, cuando agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutaron un operativo en el barrio Itá Pytã Punta de la ciudad de Asunción. Allí, lograron detener a un hombre que sería líder de una barra brava organizada y encargado de la distribución de drogas en la mencionada ciudad y zonas aledañas.
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El lugar que fue allanado por los intervinientes sería utilizado como punto central para el acopio de las drogas previo a la distribución. Del mismo lugar se incautaron de dos armas de fuego y proyectiles, dinero en efectivo en diferentes denominaciones, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.
Según las informaciones brindadas por los intervinientes, el ahora detenido lideraba una estructura jerárquica compuesta por aproximadamente 2.000 integrantes, con jefes zonales que respondían directamente a su mando. Se estima que hasta el 50 % de las drogas que circulaba en Asunción provenían de esta red.
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Inician investigación contra el juez Osmar Legal por falta ética tras ser modelo de una barbería
El Tribunal de Ética Judicial decidió iniciar de oficio una investigación por presunta comisión de falta ética contra el actual Juez del Crimen Organizado, Osmar Legal. La presente investigación se genera a raíz de las publicaciones periodísticas generadas por una publicidad en la que él actúa de modelo de una barbería.
Los integrantes del Tribunal son Antonia Irigoitia; Miriam Peña, exministra de la Corte; Lourdes Breuer; Olga Talavera; Carmelo Di Martino y Amparo Samaniego Vda. de Paciello.
La presente investigación se genera luego de la viralización de un video en el que se observa al juez Legal ser modelo de una barbería, cuya propietaria sería su actual pareja.
Ahora el citado magistrado deberá brindar su versión al Tribunal de Ética, cuyos miembros deberán estudiar y decidir si aplican una sanción ética al mencionado magistrado judicial.
El presente proceso de investigación tiene una duración máxima de 60 días, en el marco del cual el magistrado indagado será citado a una audiencia oral para ejercer su descargo respecto a los hechos que se le investigan.
El video fue muy cuestionado debido a los casos que maneja el citado magistrado, atendiendo a que el mismo es juez especializado en crimen organizado, y tiene varios casos como el operativo Pavo Real II, donde el principal imputado es el Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, entre otros procesos penales.
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