Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza de Ejecución Yolanda Morel, esposa del actual ministro Manuel Ramírez Candia, y contra el Estado paraguayo por haber estado privado ilegalmente de su libertad por 475 días, es decir 1 año, 3 meses y 20 días. Se pidió en la demanda civil la suma de G. 4.055 millones por los días que estuvo privado de su libertad de forma irregular.
El juez en lo civil y comercial Walter Mendoza salió sorteado para entender en la presente demanda y será el mismo magistrado quien deberá admitir o no la presente acción. Ahora la jueza Yolanda Morel deberá contestar la presente demanda en su contra.
Te puede interesar: Fiscal general crea segunda Unidad Especializada en Antisecuestros
El accionante tenía varias condenas, una por homicidio en 1999, por 12 años; otra por resistencia a la autoridad, lesión y tentativa de homicidio en la estancia Cuatro Vientos, Chaco, de 12 años. Sobre estas condenas se estableció una pena unitaria de 18 años, compurgados el 16 de febrero del 2018, pero el mismo recuperó años después su libertad a pesar de que ya compurgó la totalidad de su pena.
Igualmente, se había planteado un habeas corpus ante la Sala Penal de la Corte, pero el mismo se rechazó debido a que el hombre ya abandonó su lugar de reclusión.
Dejanos tu comentario
Victoria definitiva: jueza de EE. UU. cierra el caso de interferencia electoral contra Donald Trump
Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.
La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.
Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.
En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.
Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.
El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.
El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.
Tal vez en el 2029
El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
A Utranza Py: el 5 de diciembre se define si el pastor José Insfrán irá a juicio oral y público
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.
En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
Te puede interesar: Delincuentes fuertemente armados asaltaron boca de cobranzas en Asunción
Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
Podes leer: Itá: vecinos detienen a un ladrón cuando el mismo salía de una de las casas de la zona
Dejanos tu comentario
Exfuncionarios municipales de CDE se encadenaron exigiendo el pago de indemnización
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Exfuncionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este se encadenaron este lunes en la sede comunal para exigir el cumplimiento de pago por indemnización y salarios caídos, según acuerdo de hace tres años, en base a órdenes judiciales que favorecieron a los exempleados comunales.
Dos trabajadores, Teófilo Almada y Reina Robles, se encadenaron por los postes en el acceso a la Dirección de Finanzas de la institución municipal, en protesta por la falta de cobro de montos adeudados por la comuna. Calificaron al intendente Miguel Prieto de populista, cobarde y soberbio, que no respeta a los trabajadores. El pago exigido está sustentado en fallos judiciales de hace muchos años.
Estas personas exigen a la administración municipal el cumplimiento del plan de pago acordado, pero que no fue cumplido hasta ahora. “Llegamos a recibir algunos pagos, pero no es continuado y no se cumple con nosotros, ya es demasiada la deuda”, dijo Almada.
Reclamaron al intendente que muestre la cara y hable con los trabajadores. Todo tipo de calificativos fue usado por los manifestantes contra el jefe comunal, desde cobarde a falta de humanidad.
Puede interesarle: Aeronave militar perdió control y salió de pista en Aeropuerto Guaraní
Lo acusaron de no respetar a los obreros, de acostumbrarse a despedir a la gente, pero sin pagar indemnización. También señalaron que, si los desvinculados son del equipo político del jefe comunal, a ellos se les paga todo sin que se les adeude nada.
Los manifestantes prometieron seguir encadenándose hasta que sean escuchados y recibir el dinero que les corresponde. Los encadenados estuvieron acompañados por otros trabajadores en la misma situación, ya que forman parte de diferentes grupos de personas que trabajaron en la comuna y fueron desvinculados.
Entre los que estuvieron manifestándose existen personas que tienen antigüedad de 30 años y son las que forman parte de los casos judiciales con fallos favorables a los trabajadores desde la época de la administración de Sandra Zacarías y, siguen en espera de cumplimiento.
Puede interesarle: Loreto: intentaron asaltar camión que reparte alimentos de Hambre Cero
Dejanos tu comentario
Triple choque en Sanber: jueza decretó prisión en la cárcel de Emboscada de Sanabria Vierci
La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.
Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.