Rocío Gómez. Encarnación.
A 18 años de pena privativa de libertad fue condenado N.D.G.M. tras ser acusado por el hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima tenía 13 años cuando fue presentada la denuncia. La sentencia se logró en el distrito de Coronel Bogado. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Francisco Martínez.
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Según la acusación, el 31 de marzo de 2019, el adolescente se encontraba en la sala de urgencias de pediatría del Hospital Distrital de Coronel Bogado, acompañado de su madre, con signos de haber sido abusado sexualmente. La funcionaria fiscal de turno conversó con el adolescente, que estaba por cumplir 14 años y que dijo poseer la nacionalidad argentina. La víctima relató entonces que su padrastro desde los 7 años de edad lo sometía sexualmente, amenazándolo que si contaba algo, él mismo diría y publicaría por todos lados que el adolescente sería quien lo buscaba para mantener relaciones sexuales.
En la inspección física por parte del médico forense del Ministerio Público y el ginecólogo de guardia se constataron las lesiones. El Tribunal de Sentencia que aplicó la condena estuvo integrado por los jueces, Eva Silva Amarilla, Blas Salvador Zorrilla y Diana Arana de Uzuca.
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Autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial analizan fortalecer uso de tobilleras electrónicas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.
De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.
Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.
Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.
Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.
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Congreso remite informe de la CBI Antilavado al BCP y a la Contraloría
La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.
No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.
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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.
Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.
A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
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Informe de la CBI ya se encuentra en poder de la Fiscalía
Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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Condenan a integrantes del PCC por caso derivado del asesinato en Ja´umína Fest
Un tribunal de sentencia condenó a 12 años de cárcel a Alcides De Jesús Villasboa Peralta, a 8 años de pena privativa de libertad a Milcíades Pedra Gómez, y a 4 años de cárcel a Elio Balvino Ovelar Espinoza, quienes fueron juzgados por hechos relacionados al narcotráfico en la investigación abierta como derivación del caso Ja’umína Fest.
El colegiado de sentencia que condenó a los tres acusados estuvo integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, quienes mencionaron que se logró demostrar la responsabilidad de cada uno de los procesados en el presente caso, por eso la pena justa es la mencionada más arriba.
La presente causa se dio inicio luego del asesinato de Marcos Ignacio Rojas Mora y la influencer Cristina «Vita» Aranda, esposa del jugador Iván Torres, ocurrido el 30 de enero de 2022, en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.
El representante del Ministerio Público Juan Carlos Sandoval durante la exposición de los alegatos finales solicitó al tribunal de sentencia la pena de 12 años para Peralta Villasboa, alias Ropero; 10 años para Gómez, alias Oso Riquillo, y 13 años para Balbino Ovelar, alias Titán. Todos fueron acusados por comercialización de sustancias estupefacientes, y asociación criminal.
Por su parte, la defensa de los condenados estudiará si corresponde apelar el fallo judicial y si apelan será un tribunal de alzada el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o disponer que se realice un nuevo juicio oral y público.
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