Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.

A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.

Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.

Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.

Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.

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Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.

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El director de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Jorge Levera manifestó que la cartera estatal impulsará una denuncia local ante la amenaza informática contra sistemas del Gobierno de Paraguay en busca de informaciones vinculadas a la política y economía de nuestro país.

“Esto es un trabajo que comenzamos desde el inicio del año con el Comando Sur de los Estados Unidos, monitoreamos las redes del gobierno a base de indicios que teníamos de datos infiltrados, buscamos patrones que eran anormales al tráfico de datos de las instituciones, que se daban en los fines de semana o durante las noches”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De acuerdo a las informaciones proveídas el ataque cibernético es presuntamente orquestado por organizaciones vinculadas al gobierno de China. Esto tras lograr identificarse como actor de la amenaza informática al grupo denominado Flax Typhoon que posee base de operaciones en el citado país.

“Realizamos durante 6 meses un monitoreo intenso, recabando datos para encontrar el origen de este problema. Se identifican a las organizaciones por la forma en que operan, los objetivos que tienen, las herramientas que usan, las direcciones IP por donde se manejan. Toda esta información nos sirve a nosotros para llegar a las conjeturas que tenemos, normalmente esto lo hacen en los periodos de alta actividad diplomática nuestra, buscan las informaciones relacionadas con la Cancillería”, sostuvo.

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Asimismo Levera siguió sosteniendo que “Vamos a hacer una denuncia local ante la Fiscalía con las pruebas que tenemos”. Señaló que no se descarta recurrir a organismos extranjeros con el fin de determinar que acciones se pueden impulsar en el campo internacional.

Sin embargo, afirmó que no será tarea fácil exponer las conexiones entre el gobierno chino y el grupo de hackers debido a que normalmente operan como empresas de fachadas. “Trabajan no solo para gobiernos, sino también para entidades interesadas en obtener información sensible”, dijo el funcionario de Estado.

Ante los comentarios que acusan al gobierno del mandatario Santiago Peña de minimizar la situación, Levera afirmó que este tipo de investigaciones requieren sigilo para no alertar a los atacantes. “Si se hace pública la investigación antes de tiempo, los responsables detienen sus actividades, dificultando su rastreo”, manifestó.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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La fiscala Julia González investiga otro terrible caso de abuso sexual de una niña de seis años, a quien le diagnosticaron sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, después de ser inspeccionada por personal de salud. La madre está detenida por violación del deber de cuidado y abuso sexual en niño.

El supuesto autor es el padrastro, quien está desaparecido. La agente fiscal informó que ya tienen el nombre del sujeto, pero están corroborando otros datos para emitir la orden de captura.

El caso llegó a la Fiscalía después de que la mujer decidió llevar a su hija a la clínica de una universidad privada para consultar ante molestias en su parte íntima. Al ser inspeccionada se le encontró lesiones y evidencias de abuso sexual.

Ante esa situación, la madre fue comunicada por el personal de salud sobre el resultado de la revisión y que se dará parte a las autoridades, pero la mujer agarró a su niña y corrió de la clínica, según contó a La Nación/Nación Media la fiscala Julia González.

El personal de salud, con ayuda de guardias, la pudo alcanzar cuando ya estaba a punto de abordar el ómnibus. Llegó en ese momento el personal policial y la madre fue aprehendida. Guarda reclusión en la comisaría de mujeres.

Al ser rescatada la niña de los brazos de su madre fue llevada de nuevo a la clínica universitaria y allí llegó una tía materna que se hizo cargo de ella, ya con intervención de la Consejería de la Niñez (Codeni) de Ciudad del Este y del Ministerio Público.

Contó que en la clínica universitaria a la niña le realizaron análisis ante las lesiones detectadas; el resultado indica que la víctima padece sífilis, según el informe que fue enviado a la Fiscalía. “Le pasé el reporte a Medicina Forense y confirman que la niña tiene dicha enfermedad”, dijo la fiscala.

La detención de la mujer fue el 22 de noviembre. Julia González informó que el martes 19 de noviembre ya había ido primero al Hospital Regional de Ciudad del Este para que le atiendan a la niña y en esa ocasión solo dio el nombre de su hija. También desapareció después de escuchar sobre el estado de la niña y la obligación de reportar a la Fiscalía.

En esa ocasión no fue alcanzada y se informó lo sucedido. La fiscala confirmó que ya había ingresado a su unidad, aunque sin ninguna identidad de la mujer. Ayer, al repetirse la acción, sí pudo ser alcanzada y entregada a la Policía y a la Fiscalía.