La Fiscalía ordenó esta tarde a la Policía Nacional identificar a las personas que quemaron vehículos particulares frente al Congreso y cometieron otros actos vandálicos. Además, se recordó a la institución policial que ella es la encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos, de sus bienes y del orden público.
El agente fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, de la Unidad N° 1 Especializada en el área de seguridad y convivencia de las personas, envió esta siesta un escrito al comisario principal Luis Arias, comandante de la Policía Nacional.
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En la misiva, el Ministerio Público solicita a la institución policial tomar los recaudos a fin de identificar e individualizar a los autores, partícipes e instigadores, de los hechos ocurridos frente al Congreso Nacional y zonas del microcentro capitalino.
Además, pide comunicar a la Unidad Penal Fiscal en cuestión, si existen personas aprehendidas por los sucesos ocurridos, como saqueo y quema de vehículos, actos vandálicos y agresiones a los mismos uniformados que custodiaban la sede del Poder Legislativo.
“De acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales en cuanto a la prevención del orden público, la Policía Nacional tiene el fin de preservar y precautelar el orden público así como los derechos, la seguridad de las personas, entidades y de sus bienes, como también ocuparse de la prevención de delitos”, recuerda finalmente la Fiscalía.
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En medio de una caldeada sesión y una discusión de más de tres horas, con posturas a favor y en contra, la Cámara de Diputados sancionó este mediodía el proyecto de ley que modifica el artículo 142 del Código Penal y aumenta la condena por invasiones de tierras.
El texto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Hay que señalar que mientras se realizaba el debate varios hechos de violencia se registraron en las inmediaciones del Congreso Nacional entre manifestantes, que están en contra del proyecto de ley, y la Policía Nacional.
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Proyecto busca formalizar el trabajo campesino
A través de un proyecto de ley legisladores pretenden formalizar el trabajo en el campo. Se trata del proyecto economía social y solidaria. El senador Carlos Núñez, presidente de la Comisión Bicameral de Economía Social, encabezó una mesa de trabajo para establecer un acuerdo y consenso acerca de esta iniciativa.
“Hemos creído conveniente invitar a autoridades del Gobierno, invitar a viceministros, viceministras de entidades sociales, del Ministerio de Economía, para poder consensuar y sacar un proyecto de ley muy interesante, muy importante”, indicó el legislador en conversación con los medios de comunicación luego de la reunión de trabajo.
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Esta iniciativa busca incluir a los trabajadores campesinos en el sistema formal y con ello acceder a beneficios sociales, además de dar un empuje a la economía de los productores que tienen el objetivo de crecer en su emprendimiento.
“El proyecto de ley de economía social y solidaria, para que el día de mañana esos campesinos que están trabajando de forma informal, que puedan a través de mipymes, a través de este proyecto formalizar y ayudar al Gobierno a esa gente que tanto quiere crecer”, apuntó.
Explicó que esta es la primera reunión de esta mesa de trabajo para el debate de este proyecto. “En el campo, miles de compatriotas trabajan en la chacra y no pueden vender su producto porque falta formalizar, y todo eso nosotros tenemos en cuenta y ahora instalamos esta mesa de trabajo”, sentenció.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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Detienen a un hombre de 21 años de edad por hurto agravado de una motocicleta
La Policía Nacional logró la detención de un joven de 21 años de edad luego de cometer el hecho punible de hurto agravado, cuya víctima fue un joven a quien se le despojó de su motocicleta en la ciudad de Itá.
El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Antonio de la mencionada ciudad, donde los agentes intervinientes recibieron la denuncia y comenzaron a realizar el trabajo de inteligencia, de manera que se pudo llegar hasta el autor del suceso logrando su detención correspondiente y a su vez se ha recuperado el biciclo que fue hurtado.
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El objeto recuperado se encuentra en la Comisaría 12 Central de la ciudad de Itá y todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
Ahora, el detenido será convocado a prestar declaración indagatoria para luego el fiscal de turno poder presentar la imputación correspondiente y requerir al juzgado penal de Garantía las medidas que considere que podría ser la prisión preventiva o en su defecto, arresto domiciliario o medidas alternativas a la prisión.
Atendiendo al presente caso, en la mayoría de los casos en el acta de imputación ya el fiscal interviniente podría requerir la prisión preventiva del imputado ante la flagrancia y la gravedad del hecho registrado.
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Jóvenes indígenas culminan su colegio en Asunción y sueñan con ser docentes
Dos jóvenes de la comunidad indígena Toba Maskoy, que se encuentra ubicada en el Chaco paraguayo, lograron culminar sus estudios en la ciudad de Asunción y ahora desean ser docentes. Tienen la idea de poder estudiar y volver a sus comunidades para compartir sus conocimientos a su pueblo.
Se trata de Noelia Sosa y Larissa Machuca Colmán, ambas con 21 años, que llegaron desde su lejana comunidad de la mano de las religiosas de María Inmaculada que están a cargo de la residencia Kuñataï Róga, sitio donde se quedaron hasta finalizar sus estudios secundarios.
Ambas fueron alumnas del colegio Centro n.° 137 para personas jóvenes y adultas, que se encuentra en el Club de Leones del barrio Ciudad Nueva, zona del Mercado 4. “Son chicas muy guapas, venciendo todos los obstáculos, dejando a sus familias y la comunidad que las vio nacer”, detalló la profesora Gladys Minella, en entrevista con La Nación/Nación Media.
La docente se siente muy feliz de ver el progreso de las jóvenes que pese a la situación por la que pasaron, no se rindieron porque tenían el sueño de poder culminar sus estudios básicos y para luego convertirse en profesionales. “Ellas me contaron que ni agua potable tienen en su comunidad. A veces solo comían una vez al día y sufrieron muchas necesidades”, indicó.
Minella afirmó que son personas muy nobles y que tienen sueños muy hermosos, que todo lo que pasaron para culminar el colegio puede servir como inspiración para otros estudiantes o miembros de la comunidad indígena. “Hay alumnos que lo tienen todo y no quieren estudiar, que ellas sirvan de ejemplo para todos”, explicó.
La docente agregó que en la residencia hay un total de 42 mujeres indígenas que también van por el mismo camino que estas jóvenes. “Es un motivo de orgullo para mí, porque soy su maestra de apoyo y es increíble como se esfuerzan para salir adelante. Tienen los mismos sueños que otros estudiantes, pero muchos no tienen esa posibilidad”, aseguró.
Sueñan con ser maestras
Para Larissa, esta fue una oportunidad increíble y que ahora tiene la posibilidad de volver a su pueblo para poder ayudar a su gente, pero aún tiene un sueño por cumplir, el de ser maestra. “Mi sueño es ser docente y poder enseñar a los chicos de mi comunidad”, expresó a LN.
Brindó un lindo mensaje para los jóvenes indígenas, el de seguir sus sueños y sus estudios que les abre muchas puertas. “Estudien, ya que la vida se gana siendo inteligente, pídanle a Dios que les dé sabiduría e inteligencia. Den gracias y no sean mal comportados para que sean alguien en la vida”, indicó.
Por su parte Noelia, se mostró muy feliz de poder culminar el colegio, porque son pocas las personas que llegan a esto en su comunidad. “Me siento muy emocionada por haber terminado mi colegio. Mi sueño siempre fue ser profesora y espero cumplirlo a partir de ahora”, destacó.
Pidió a miembros de su comunidad no rendirse y a seguir sus sueños, que pueden presentarse varios obstáculos, pero no serán motivos para rendirse. “El mensaje que quiero dejar es que sigan siempre adelante, aunque sea muy difícil, porque todo se lograr con esmero y dedicación”, puntualizó.
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