Un Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Dina Marchuk condenó a 18 años de cárcel a Paulo Vicente Freitas Tavares, Alexis Frutos Pérez, Carlos Antonio Mendieta Ortiz y a Rafael Sanabria Martínez a 12 años de prisión tras ser encontrados culpables por narcotráfico y asociación criminal luego de ser detenidos durante un procedimiento fiscal donde se incautaron 513 kilos de cocaína en el 2017.
El fiscal del presente caso fue Marcelo Pecci, quien logró sostener la acusación del Ministerio Público y a su vez pudo probar la responsabilidad de cada uno de los acusados en el presente proceso penal.
De acuerdo a los antecedentes del caso, el procedimiento llevado a cabo por el Ministerio Público se realizó en una pista clandestina ubicada a unos 20 kilómetros al sur del distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, a metros de la línea fronteriza con Brasil.
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En el allanamiento se incautó una avioneta con matrícula paraguaya ZP-BCU, al mando de los hoy condenados. La aeronave fue retenida en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero tras la descargara de la cocaína en la pista clandestina.
El fiscal Marcelo Pecci sostuvo que la avioneta en que se movilizaban los ahora condenados quedó sin combustible, por lo que fueron hasta el aeropuerto de Pedro Juan Caballero para poder abastecerse, donde fue detenido el piloto, Paulo Freitas.
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Compra de equipos tecnológicos es clave para investigaciones, afirman desde la Senad
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, habló sobre la inversión que está realizando el Gobierno en materia de seguridad, en este sentido, el secretario de Estado manifestó que para esta institución, es clave la adquisición de equipos tecnológicos de modo a poder cumplir con sus funciones con mayor eficiencia.
“Para nosotros es necesario y primordial que contemos con esos equipos de tecnología por el simple hecho de que cuando nosotros asumimos en la Senad, nos dejaron un presupuesto cero en tecnología, entonces es un poco complicado, pero aun así estamos sacando resultados extraordinarios. Lo que quiero es que la Senad tenga esos equipos para mejorar aún más esos resultados, es indispensable para nosotros, para nuestras investigaciones y para trabajos de inteligencia”, explicó a la 650 AM.
Asimismo, recalcó que hubo una mala intención de parte de actores políticos en afirmar que estos equipos iban a estar dedicados al espionaje. Rachid dejó en claro que estos equipos que van a ser adquiridos pasarán por todos los procesos legales establecidos para las compras públicas y pasarán a formar parte del patrimonio del Estado para su lucha contra el narcotráfico.
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“Hay una mala intención al informar que son equipos de espionaje porque no lo son, son equipos de tecnología que nos van a ayudar a nosotros en el día a día, nos va a facilitar las cosas en muchísimos aspectos, entonces es algo necesario porque lo que queremos es seguir mejorando permanentemente”, expresó.
El ministro indicó que la Senad ya ha avanzado en la compra de otros equipamientos tecnológicos, como un drone táctico que tiene una capacidad de vuelo de hasta 180 minutos, dispositivo sumamente útil para sus procedimientos. Rachid enfatizó la necesidad de una inversión importante en tecnología, puesto que las estructuras criminales manejan grandes caudales de dinero y las instituciones de seguridad necesitan actualizarse de forma permanente.
En esta línea, celebró la reciente inversión del Gobierno en la Policía Nacional, puesto que es una institución con la que realizan operativos en conjunto de forma permanente. “Todo aquello que represente una inversión, más todavía en cuestiones de seguridad para nosotros es importante, tenemos bien clara la película de lo que el presidente quiere ni bien asumimos, nos dijo que trabajemos todos en equipo y estamos demostrando eso”, afirmó.
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Condenan a 28 años de cárcel al acusado del homicidio del exfiscal Javier Ibarra
El tribunal de sentencia integrado por Gloria Garay, Leticia Frachi y Ana Carolina Silveira, condenó a 28 años de cárcel a Óscar Ariel Caballero Sahlmann luego de ser encontrado culpable por el homicidio del exfiscal Javier Ibarra. La determinación se dio a conocer luego del juicio oral y público.
El fiscal del caso fue Julio Ortiz, quien pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho registrado donde resulto víctima fatal el exrepresentante del Ministerio Público, Javier Ibarra.
Por su parte, la querella representada por el abogado Rodrigo Moreno señaló que “estamos conformes con la sentencia condenatoria donde se ha demostrado plenamente la responsabilidad del hoy condenado en el homicidio de Javier Ibarra”.
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Agregó que “el hecho se pudo demostrar con elementos de prueba contundentes, como ser las testificales de las personas que declararon en juicio, las pruebas periciales de Criminalística de la Policía Nacional, así como el circuito cerrado en las inmediaciones de la casa del exfiscal Ibarra y los informes de las telefonías celulares entre otros elementos de prueba”, indico el abogado Moreno.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que definirá si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o disponer que se haga un nuevo juicio oral y público.
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Terrorismo y el crimen organizado, las nuevas amenazas que enfrenta el Codi
Por Lourdes Torres (lourdes.torres@nacionmedia.com)
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, resaltó que en la actualidad el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) continúa enfrentando lo que por ahora se denominan “las nuevas amenazas”, que son el terrorismo y el crimen organizado; los cuales van de la mano y constituyen un peligro muy grande para la sociedad.
“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar la ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamentos de guerra o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y sobre todo tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado, en algunos puntos del país, ahí van a estar presentes las Fuerzas Armadas de la Nación”, destacó en entrevista con La Nación/Nación Media.
Remarcó que las acciones de las fuerzas militares siempre estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, la Constitución, los procedimientos penales. Señalando que ninguna operación que se lleve a cabo se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la justicia, el Ministerio Público.
Expansión
En vista a las nuevas amenazas, el ministro de Defensa destacó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, instruyó llevar un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, y de hecho, para ese fin, se había creado la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instalada en el norte del país, como parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna.
“Hace ya varios meses, el presidente de la República firmó un decreto por el cual se extiende la jurisdicción del Codi - FTC a los tres departamentos del Sur que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas”, acotó.
González resaltó como uno de los principales logros del trabajo conjunto de las fuerzas militares y policiales, que, de un tiempo a esta parte, el crimen organizado se estaba enseñoreando en la zona del departamento de Canindeyú, pero la presencia del Codi ha permitido dar varios e importantes golpes al crimen organizado.
Principales logros
Entre esos logros, el titular del Ministerio de Defensa destacó el operativo Ignis, que derivó en 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.
Igualmente, resaltó la operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos aproximadamente de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, cargamento que estaba a punto de ser enviado al vecino país. Remarcó que este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.
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“En general, el resultado del Comando de Operaciones de Defensa Interna fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, no hayan cumplido los objetivos estratégicos que ellos habían marcado. Estos tres objetivos estratégicos fueron: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país”, resaltó.
González remarcó que ni uno de estos tres objetivos han logrado los grupos terroristas gracias a la decidida acción del Codi, pese a que costó la vida de varios policías y militares a lo largo de estos años. “Tuvo un alto costo, pero el Codi impidió que estos objetivos estratégicos fueran cumplidos. Si esto llegaban a sus objetivos otra hubiera sido la situación en el Paraguay”, precisó.
Trabajo conjunto
El ministro de Defensa destacó la estrecha colaboración que ha llevado el Codi - FTC en alianza interinstitucional con otros estamentos del Estado como la Senad en la lucha contra el crimen organizado. Incluso en operaciones con la Policía Federal del Brasil, en varios operativos que ya se han llevado a cabo en la zona del Amambay, Canindeyú.
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Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht
- Fuente: AFP
La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.
Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura de su sentencia. Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.
Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
El fallo puso fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).
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Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Dictan prisión para su esposa
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.
La fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.
En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.