Quedó suspendida la audiencia de imposición de medidas cautelares para el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza junto a otras 14 personas más por las supuestas obras fantasmas en la citada gobernación.
La diligencia judicial se pospuso debido a que no se tiene un juez competente que pueda entender en el proceso penal debido a que el magistrado Humberto Otazú impugnó la inhibición de su colega José Delmás. Ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir quién será el juez que atenderá el proceso penal contra Hugo Javier González y los demás procesados.
El jefe departamental señaló que “la imputación es con base en un hecho punible y eso se va a investigar y mientras dure la investigación y hasta que salga la decisión final, el derecho constitucional de todo ciudadano paraguayo es la presunción de inocencia”.
Incidente de nulidad
El abogado Andrés Casati, defensor del gobernador de Central, presentó un incidente de nulidad de actuaciones, argumentando que el proceso que se le impuso a su representado por lesión de confianza lo deja en “un estado total de indefensión”. En ese sentido, agregó: “Solicitamos también la nulidad de la imputación atendiendo que las conductas atribuidas a mi defendido no cuentan con especificaciones concretas sobre su supuesta actuación y participación de los hechos imputados a Hugo Javier González”, manifestó el profesional del derecho.
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Comisión Permanente insta al procurador a recuperar el dinero desviado de Central
Entre los proyectos de declaración aprobados este miércoles por la Comisión Permanente del Congreso Nacional figura el que insta al procurador general de la República, Marco Aurelio González a recuperar los USD. 1.000.000 que fueron desviados durante la gestión del entonces gobernador del departamento Central, Hugo Javier González.
La iniciativa es impulsada por el liberal Adrián “Billy” Vaesken quien expresó sentirse satisfecho por la condena de 10 años otorgada a González quien actualmente permanece recluido en la cárcel de Tacumbú. “La sentencia en primera instancia que condena la lesión de confianza no fue solo para el responsable administrativo que fue el exgobernador, sino también para el autor intelectual y el cerebro de los desvíos de fondos en Central, Miguel Ángel Robles (exjefe de gabinete)”, dijo.
Detalló que el dinero debe ser recuperado principalmente para la reactivación de los puestos de salud en Central que fueron clausurados bajo la gestión del exanimador de televisión. “El Tribunal de Sentencia dice que Robles se quedó con el dinero y recibió en propias manos. La Procuraduría debe iniciar los trámites de forma urgente en el fuero civil y recuperar la plata de los centralinos”, indicó.
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Por otra parte, también fue aprobado el proyecto de resolución mediante el cual se invita y cita a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Claudia Centurión, al director del área de finanzas y a su equipo técnico para que informen sobre el incremento de las tarifas del peaje.
La propuesta fue impulsada por el diputado opositor Rubén Rubín, quien durante su intervención argumentó que el dinero recaudado en los peajes del MOPC es utilizado solamente en un 7 % para invertir en el mejoramiento de rutas.
“Las únicas rutas que se mantienen son las alianzas público-privada. Las rutas que manejamos nosotros, desde el Estado paraguayo son literalmente rutas asesinas, que tienen cráteres, que te revientan el auto, que después nadie te devuelve esa plata o bien te mata porque tenés que desviar, porque podés chocar cuando hay un pozo tan grande”, sentenció.
Asimismo, tuvo luz verde el proyecto de declaración que insta al Mopc a intervenir con sus equipos propios o realizando los trámites administrativos que fueren necesarios, los tramos de las rutas nacionales y ramales que están en situación calamitosa.
La plenaria también acompañó la iniciativa de declaración que insta a la Cámara de Diputados y Senadores a integrar y activar la Comisión Bicameral de Monitoreo y Evaluación para el tratamiento de la ley del Sistema de Transporte Público.
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Procuraduría logró embargo de bienes de exministra de la SEN condenada por lesión de confianza
Un tribunal de sentencia, cuya presidenta es la magistrada Rossana Maldonado, ordenó el embargo sobre los bienes de Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000, más los gastos de justicia estimados en G. 248.295.000. Ambos fueron condenados en su momento por el delito de lesión de confianza.
La Procuraduría General de la República obtuvo resolución favorable para el embargo de bienes de los condenados por hechos punibles de corrupción, en el marco de la acción de reparación del daño a consecuencia de la causa “Gladys Mercedes Nicolasa Cardozo y otros s/ Lesión de Confianza” (Expediente N° 108/2014).
El juzgado dio trámite a la acción de reparación del daño, en virtud a una providencia de mandamiento de embargo. La acción se promovió con el objeto de obtener el resarcimiento de daños derivados de hechos de corrupción. En dicha oportunidad, ordenó el embargo preventivo sobre los bienes de los demandados, hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000 más los gastos de justicia, estimados en G. 248.295.000.
Conforme a lo resuelto por el tribunal colegiado de sentencia permanente N° 5 de la Capital, en la Sentencia Definitiva N° 182, dictada el 27 de mayo de 2022, se determinó la responsabilidad civil de los señores Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), quienes deberán abonar la suma reclamada por la PGR, como compensación por los perjuicios ocasionados al Estado, a causa de la comisión de delitos relacionados con la lesión de confianza.
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Defensa de exministro de Hacienda presentó incidente para evitar imposición de medidas
El abogado Rodrigo González Masulli, defensor del exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti, imputado por lesión de confianza, presentó una reposición y apelación en subsidio, es decir, cuestionó la fecha de la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares que se tendría que llevar a cabo el próximo 17 de enero, pero ante la presentación hecha por la defensa del imputado se podría suspender la diligencia judicial.
Asimismo, el abogado Julio Godoy, defensor del segundo procesado, Federico José Silveira González, presentó ante el juzgado el incidente de nulidad del acta de imputación presentada por la agente fiscal Esmilda Álvarez.
Ante el incidente presentado por la defensa de Ferreira, el juez Penal de Garantía, Rolando Duarte, interino de su colega José Delmás, fijó para este 8 de enero la audiencia en la que se resolverá si se rechaza la reposición presentada por el exministro de Hacienda. En caso de que se confirme la determinación inicial del juez de Garantía, el expediente tendrá que subir al tribunal de apelación para su estudio.
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Millonario perjuicio
En este proceso, para la Fiscalía el supuesto perjuicio por parte de los imputados al denunciante Everson Gomes Da Silva es de USD 1.225.000
Al momento de presentar el acta de imputación, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantía la aplicación de medidas alternativas a la prisión para ambos imputados. La fiscala pidió 6 meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo.
De acuerdo al acta de imputación, Ferreira Brusquetti, representante de la firma Wexford S.A, no cumplió con un acuerdo con el denunciante Everson Gomes Da Silva, en el que a raíz del incumplimiento se produjo el perjuicio multimillonario.
Asimismo, el escrito de la Fiscalía sostiene que el denunciante cumplió con todos los puntos del acuerdo asumido, inclusive, desistiendo de acciones civiles que estaban en discusión.
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Opositores piden a la Procuraduría recuperar dinero sustraído por exgobernador
Desde la oposición solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR), liderada por Marco Aurelio González, recuperar los G. 5.105.600.000 que fueron malversados por el exgobernador de Central, Hugo Javier González, y sus entonces colaboradores durante la pandemia del covid-19. La petición será realizada ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El planteamiento es impulsado principalmente por el diputado Adrián “Billy” Vaesken del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). “Estoy satisfecho por la condena. El tribunal confirmó que Hugo Javier se quedó con la plata pública desviada de la Gobernación”, indicó.
Vaesken fue uno de los principales denunciantes de González, teniendo en cuenta que en el anterior periodo se desempeñaba como concejal departamental de Central. “Casi extinguió la Gobernación, pero dónde está la plata. El tribunal de sentencia dice que el dinero tiene este señor Miguel Ángel Robles Ibarra (exasesor y exdirector de Gabinete), este tipo es un peligro para las arcas públicas”, dijo.
En una entrevista con los medios de comunicación el parlamentario acotó: “Ahora estamos terminando la redacción de un proyecto de declaración que insta a la Procuraduría General de la República a iniciar los trámites de manera urgente para recuperar esa plata que fue desviada de la Gobernación de Central y que a causa de eso, hoy 94 puestos de salud siguen cerrados”.
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Vaesken detalló que la recuperación del millonario fondo puede ser concretado teniendo en cuenta la existencia de una jurisprudencia. El legislador detalló que la Procuraduría ganó una demanda a favor del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en una causa donde se había concretado la desviación de recursos a través de licitaciones.
“En base a esta causa, nosotros hacemos esta propuesta. La Gobernación no tiene los recursos para reactivar estos puestos, el dinero era para una reactivación económica, para tener mejores servicios sanitarios por eso en honor a mucha gente que falleció en pandemia y otras que perdieron todo presentaremos esta iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso”, manifestó.