La justicia uruguaya envió ayer jueves a prisión preventiva a uno de los fundadores de Conexión Ganadera, un fondo de inversión en ganado que colapsó y dejó impagos por cientos de millones de dólares a miles de personas. La caída del fondo, muy popular y con gran reputación en Uruguay, se sumó al colapso el año pasado de otras dos firmas que ofrecían similares alternativas de inversión.

En Uruguay, un país ganadero por excelencia, estas empresas ofrecían altas rentabilidades a los inversores. Su caída dejó a unas 7.000 personas damnificadas, según cifras preliminares. “Se dispuso una medida cautelar de prisión preventiva para Pablo Carrasco, hasta el 10 de febrero", señaló Javier Benech, director de comunicación de la Fiscalía, tras más de cinco horas de audiencia en la que también se imputó al empresario por estafa y lavado de activos.

La justicia también dictaminó la formalización -es decir la investigación formal- de la esposa de Carrasco, Ana Iewdiukow, y de Daniela Cabral, viuda del otro socio fundador del fondo, Gustavo Basso, fallecido en un accidente de tránsito en noviembre de 2024 cuando aún no se conocía la posición deficitaria de la empresa.

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Ambas están acusadas de estafa por su participación en los negocios de la empresa y deberán cumplir arresto domiciliario, con portación de dispositivo electrónico de rastreo, también hasta el 10 de febrero. Con las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva de Carrasco, la fiscalía busca evitar que los acusados entorpezcan los próximos pasos de la investigación y eliminar el peligro de fuga, dado el alto poder adquisitivo que ostentan.

La Justicia dispuso el embargo de inmuebles y vehículos de los acusados por 16 millones de dólares, una cifra menor comparada con los 250 millones de dólares en que se estima el faltante del fondo ganadero.

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“La gente lo llama estafa, pero es un robo, a nosotros nos robaron los ahorros”, dijo a la AFP Silvia Bello, una uruguaya residente en Miami afectada por la caída de la empresa, quien protestó junto a una veintena de personas en la puerta del juzgado. “Aún no se sabe dónde está todo el dinero”, aseveró el fiscal del caso, Enrique Rodríguez.

Además de Conexión Ganadera, también quebraron los fondos República Ganadera y Grupo Larrarte. El sector ganadero, que incluye la producción de carne, subproductos y lácteos, es uno de los motores principales de la economía de Uruguay, un país de unos 3,5 millones de habitantes que en 2023 contaba con un rodeo de casi 12 millones de cabezas de ganado bovino.

Fuente: AFP.

La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.

El exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y su entonces director de Gabinete, Miguel Ángel Robles, fueron beneficiados con la libertad ambulatoria tras haber permanecido durante seis meses privados de libertad, cumpliendo una pena de diez años. Ambos fueron condenados por el caso de obras fantasmas en la Gobernación.

El fallo del tribunal de sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres se dio a conocer este jueves, luego de una revisión planteada por la defensa, tras el cumplimiento de la condena mínima.

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“Los miembros del tribunal han revocado la prisión preventiva y ahora goza con libertad ambulatoria el señor Hugo Javier con las reglas de conducta que el Tribunal ha impuesto”, señaló el abogado Guillermo Gayoso a la 730 AM.

Explicó que su defendido ha compurgado la pena mínima establecida en el artículo 19 de la Constitución Nacional, por lo tanto corresponde otorgarle dicho beneficio. Consideró que el tribunal ha actuado en uso de sus atribuciones al disponer la libertad ambulatoria de ambos condenados.

Así también, el profesional destacó que su cliente nunca obstruyó las investigaciones y siempre cumplió las reglas, y no hay peligro de fuga.

“La Constitución dice en ninguno de los casos superará la pena mínima y eso es lo que se planteó dentro del concepto que manejamos nosotros correctamente. Y el tribunal ha resuelto”, expresó.

El 4 de enero se dictó la condena y ambos se encontraban cumpliendo la prisión preventiva, pero tras superar la pena mínima se dicta la libertad ambulatoria.

Ambos tienen prohibición para salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. Y en el caso de Miguel Ángel Robles se estableció una fianza que en su momento había sido ofrecida por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos.

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La Policía detuvo a un ciudadano argentino que intentaba usar tarjetas clonadas para comprar teléfonos celulares de alta gama en una tienda de Asunción. El sospechoso contaba con orden de captura internacional por defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito y débito, en grado de tentativa, y por asociación ilícita.

Según el reporte policial de la Comisaría 10.a Metropolitana, un local que se dedica a la venta de celulares, ubicado sobre Aviadores del Chaco casi San Martín, activó el protocolo por compras sospechosas y se pudo lograr la detención de Leonardo Enrique Panes, de 38 años.

El hombre llegó hasta el comercio que se dedica a la venta de electrónicos y solicitó ver varios productos, especialmente celulares de alta gama. Esto llamó la atención del gerente, que alertó a la Policía, cuyos efectivos llegaron mientras esta persona aún estaba en el sitio. Agentes de Investigación del Cybercrimen y Hechos Punibles Informáticos solicitaron sus documentos a esta persona y corroboraron que contaba con una orden de captura internacional.

Durante el procedimiento fueron incautados del poder de detenido: dos aparatos celulares, una tarjeta de crédito y dinero en efectivo. El hombre fue trasladado a la dependencia policial para su verificación, donde se confirmó la falsedad del documento presentado ante las autoridades.